La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa un debate que marcará la próxima década fiscal de los Veintisiete: la creación de nuevos impuestos europeos para financiar el mayor presupuesto comunitario de la historia. Lo hace mientras negocia el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, un proyecto que roza los dos billones de euros —700 000 millones más que el periodo en vigor— y que ha provocado un rechazo casi unánime en la Eurocámara, tanto por su diseño como por su volumen.
La presión no viene solo de las nuevas prioridades estratégicas —defensa, competitividad industrial, transición climática o crisis de vivienda— sino del agujero que dejan los fondos Next Generation. A partir de 2028, la UE deberá empezar a devolver entre 15 000 y 17 000 millones anuales en intereses y capital de la deuda emitida durante la pandemia. Una factura que no existía cuando se aprobó el presupuesto actual y que, según fuentes comunitarias, obliga a buscar ingresos frescos o a aceptar recortes dolorosos.
En juego, además, está la contribución neta de España: un eventual sistema de recursos propios podría alterar el tradicional reparto de aportaciones nacionales —que Madrid defiende porque es, de momento, receptor neto— y abrir la puerta a una fiscalidad europea directa sobre sectores como las criptomonedas, el juego online o las grandes tecnológicas.
¿Por qué la UE busca nuevos impuestos ahora?
El telón de fondo es un Brexit que desangró la caja comunitaria al suprimir alrededor de 10 000 millones anuales de contribución británica y que, combinado con la recuperación pospandemia, ha dejado un déficit estructural en las cuentas de Bruselas. A ello se suman, según las eurodiputadas de la Comisión de Presupuestos Isabel Benjumea (PPE) y Sandra Gómez (S&D), los retos impensables hace siete años: la guerra en Ucrania, una nueva política de defensa de la OTAN marcada por Trump, las cadenas de suministro rotas o la urgente autonomía estratégica.
“En los últimos siete años, la Unión Europea y el mundo en el que estaba ha cambiado”, resumió Gómez durante un encuentro con periodistas en Bruselas. “Antes no existía la pandemia, Ucrania vivía en paz, no hablábamos de autonomía estratégica ni Trump había cambiado la política de defensa”. Y, sin embargo, el andamiaje fiscal comunitario apenas se ha movido.
La deuda de los Next Generation, no obstante, se ha convertido en el auténtico detonante técnico de este debate. “Solo los intereses” consumirán una parte creciente del presupuesto, advirtió Benjumea, que aboga por refinanciar parte del pasivo para aliviar la presión. La eurodiputada socialista, en cambio, defiende que la única salida sostenible pasa por nuevos recursos propios que eviten un tijeretazo a las políticas tradicionales.
De no mediar un acuerdo sobre recursos propios, los Estados miembros se enfrentarán a un escenario de recortes o a mayores contribuciones nacionales en plena fiebre electoral y populista.
Las propuestas sobre la mesa: criptos, juego y digital, la triple apuesta de los socialistas
La Comisión Europea ya había sugerido algunas vías —tasa al tabaco, al no reciclaje de aparatos electrónicos o un impuesto a las grandes corporaciones con facturación superior a 100 millones— pero los socialdemócratas consideran que no generan suficiente consenso político. Por eso han buscado alternativas que provoquen menos rechazo en los extremos del hemiciclo y que, al tiempo, estén blindadas con una “justificación social” potente.
Entre ellas destacan un impuesto europeo sobre las criptomonedas, otro sobre el juego online (gambling) y una nueva tasa digital dirigida a las grandes plataformas tecnológicas. “Hacen dinero en base a la adicción y la falta de educación financiera, generando externalidades negativas”, defendió Gómez, quien recordó que “solo Meta obtuvo un beneficio neto de 73 000 millones de euros en 2025 gracias al mercado europeo”.
Las cifras respaldan la narrativa: Bruselas calcula que un gravamen del 3 % sobre los ingresos publicitarios de las grandes tecnológicas podría recaudar más de 10 000 millones anuales. Una inyección contable que cubriría holgadamente —al menos en la teoría— el servicio de deuda del Next Generation y liberaría margen para las partidas de defensa o cohesión.
Sin embargo, la resistencia llega desde el Partido Popular Europeo, que advierte de que implementar estos tributos exigiría “crear una Hacienda europea” y recuerda que la competencia para crear impuestos sigue siendo, según los Tratados, nacional. Isabel Benjumea insiste en que la cesión de soberanía fiscal sería un salto federal inasumible sin una Convención y una reforma de los Tratados, un proceso que podría llevar años.
El choque entre las dos eurodiputadas españolas refleja a escala micro la tensión que recorre el arco parlamentario: populares que prefieren una Europa que controle el gasto pero no que recaude directamente, frente a socialdemócratas que ven en los nuevos recursos propios la única vacuna contra el recorte de la cohesión y la agricultura.
El Eje del Poder Europeo
El pulso sobre los recursos propios no es nuevo. En 2020, durante la negociación del fondo de recuperación, los países frugales (Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia) ya exigieron que la deuda común tuviera un plan de repago basado en nuevos impuestos propios, no en contribuciones nacionales. Ahora, con el MFP 2028-2034 sobre la mesa, ese mandato se reactiva: o Bruselas concreta de dónde saldrá el dinero o Berlín y La Haya volverán a recordar que no firmaron cheques en blanco.
Para España, la ecuación es compleja. Si los nuevos impuestos se limitan a sectores como las grandes tecnológicas o las criptomonedas —donde la base imponible está muy concentrada en países como Irlanda o Luxemburgo—, Madrid podría ver reducida su contribución neta y, al tiempo, defender el carácter social de la transición. Pero si el debate deriva hacia un impuesto general sobre la renta corporativa —como se discutió en la OCDE—, las grandes empresas españolas temerían una doble imposición con el Impuesto de Sociedades nacional.
En paralelo, la apuesta por el juego online y las criptos supone un guiño a los gobiernos del sur, donde los ingresos por loterías o casinos online representan una fuente creciente de recaudación. Aun así, fuentes de Moncloa consultadas por esta redacción reconocen que la prioridad inmediata es cerrar el quinto desembolso del MRR antes que abrir un frente fiscal europeo que pueda enredar la legislatura.
El BCE, por su parte, observa con cautela. Sus compras masivas de deuda durante la pandemia fueron el embrión de la emisión conjunta, pero cualquier nuevo impuesto que reduzca la demanda agregada podría impactar en la inflación que tanto esfuerzo le ha costado domar.
La próxima cumbre del Consejo Europeo, prevista para octubre, será el primer gran examen de si los Veintisiete están dispuestos a dar el salto fiscal. Mientras tanto, el Parlamento Europeo seguirá empujando la vía de los nuevos impuestos con una economía argumental muy afinada: si las grandes tecnológicas se benefician del mercado único, que contribuyan a su sostenimiento. La pelota, sin embargo, está en un campo de unanimidad donde cualquier Estado puede tumbar la reforma.
De lo que ocurra en los próximos meses dependerá no solo el presupuesto de la UE sino la arquitectura fiscal de la próxima década. Un periodo en el que, parafraseando a los padres fundadores, la Unión volverá a definirse no por lo que gasta, sino por cómo se financia.
