El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no informar a la cúpula del instituto armado sobre las pesquisas en marcha por presuntas cloacas internas, según ha revelado Vozpopuli. La decisión, contenida en un escrito judicial fechado días antes de los registros del pasado 27 de mayo de 2026, refuerza la autonomía de la unidad de élite frente a la dirección política del cuerpo.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? El juez Santiago Pedraz ha ordenado a la UCO no compartir con la cadena de mando de la Guardia Civil los avances de la investigación sobre presuntas irregularidades internas.
- ¿Quiénes están implicados? La directora general, Mercedes González, y el Director Adjunto Operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, figuran como investigados.
- ¿Cuándo y cómo se ejecutó? El 27 de mayo, la UCO irrumpió en la Dirección General del cuerpo, recabando expedientes y tomando declaración a mandos supuestamente represaliados.
La orden judicial: un blindaje frente a la cúpula política
Según la documentación a la que ha tenido acceso Vozpopuli, el instructor del caso exigió al teniente coronel al frente de las pesquisas que mantuviera “la debida y rigurosa cautela sobre la evolución y el resultado” de la investigación, limitando cualquier informe a la Fiscalía Anticorrupción y al propio juez. El objetivo era evitar que los detalles llegaran a oídos de los dos máximos responsables de la Guardia Civil, ambos investigados en la causa.
La medida sorprendió a la cúpula cuando, en la mañana del 27 de mayo, los agentes de la UCO se personaron en la sede central del cuerpo, en la calle Guzmán el Bueno de Madrid. En ese momento, la directora general se encontraba en un acto oficial fuera de las instalaciones, y los mandos presuntamente represaliados prestaron declaración sin conocimiento previo de sus superiores.
Precedentes de desconfianza judicial: el caso Plus Ultra
No es la primera vez que un juez de la Audiencia Nacional impone restricciones de comunicación a las unidades de investigación por temor a interferencias políticas. En el caso Plus Ultra, donde está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el juez José Luis Calama ordenó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional no reportar los avances a la cadena de mando. Las sospechas de un chivatazo se dispararon cuando el empresario Julio Martínez, presunto testaferro de Zapatero, se reunió con este apenas tres días antes de su detención. Además, fuentes de la investigación creen que varios implicados huyeron del país tras recibir información previa a los arrestos.
El paralelismo con el actual caso de las cloacas internas de la Guardia Civil refuerza la decisión de Pedraz. La orden judicial no cuestiona la profesionalidad de los agentes, sino la posible influencia de las estructuras políticas sobre las investigaciones sensibles.
El Contexto Operativo
La Unidad Central Operativa es el cuerpo de élite de la Guardia Civil especializado en investigaciones complejas de crimen organizado, corrupción y delitos de especial trascendencia. Su autonomía funcional está expresamente recogida en los protocolos internos y en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en los últimos años ha sido clave en operaciones contra el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia económica.
Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en el año 2025 la Guardia Civil realizó más de 4.200 actuaciones relevantes contra el crimen organizado y la corrupción, con un saldo de más de 5.500 detenidos. La UCO participó en más de un centenar de esas operaciones, logrando desarticular redes transnacionales y aprehendiendo bienes por valor de 180 millones de euros. La tasa de imputaciones judiciales que prosperan en sentencia condenatoria roza el 97% en las investigaciones dirigidas por esta unidad.
Proteger el curso independiente de una investigación en curso es una práctica judicial consolidada cuando los investigados ocupan posiciones de mando en el propio cuerpo policial. El auto de Pedraz no cuestiona la integridad del Instituto Armado en su conjunto, sino que garantiza que las pesquisas se desarrollen sin interferencias externas, preservando la profesionalidad de los agentes que las ejecutan. La decisión, de hecho, es un respaldo a la labor de la UCO y a su capacidad para actuar con imparcialidad incluso cuando los focos apuntan a la cúpula política del cuerpo.
Fuentes próximas a la investigación señalan que las diligencias continúan abiertas y que no se descartan nuevas imputaciones en las próximas semanas, mientras la Guardia Civil mantiene su actividad operativa ordinaria con total normalidad en todo el territorio nacional.
La decisión judicial refuerza la autonomía de la UCO frente a la dirección política de la Guardia Civil, un blindaje que ya se aplicó en el caso Plus Ultra con la UDEF.
