El Gobierno central avisa: recurrirá al TC si Vox y PP derogan la Ley de Memoria andaluza.
La propuesta de la Ley de Concordia y los argumentos de Vox
El pacto de investidura que ha permitido a Juan Manuel Moreno repetir como presidente de la Junta de Andalucía incluye, en su punto 148, el compromiso de aprobar una Ley de Concordia que sustituya a la actual normativa autonómica de memoria histórica. Vox defiende esta iniciativa como una medida necesaria para superar lo que considera un relato sectario impulsado por la izquierda, que divide a los españoles y silencia a otras víctimas de la violencia política.
Para la formación que lidera Santiago Abascal, la Ley de Memoria andaluza, aprobada en 2017 con los votos de PSOE, Podemos e IU y la abstención del PP, ha sido un instrumento de adoctrinamiento y no de reconciliación. La Ley de Concordia, en cambio, aspira a reconocer por igual a todas las víctimas —incluidas las del terrorismo— y a dejar atrás la utilización partidista del pasado. De hecho, el propio pacto PP-Vox recoge, en su punto 71, la incorporación de la historia del terrorismo en los planes de estudio «con el objetivo de concienciar a nuestros estudiantes sobre el terrorismo, desarrollar valores democráticos y honrar la memoria y dignidad de las víctimas».
El aviso del Gobierno y la ofensiva judicial contra las leyes de concordia autonómicas
El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha confirmado este viernes que el Ejecutivo central llevará la norma al Tribunal Constitucional si finalmente se deroga la ley andaluza. Durante un acto de homenaje a los hermanos León Trejo, fusilados en Sevilla por orden de Queipo de Llano, Martínez subrayó que el Gobierno «va a ejercer sus competencias hasta el último rincón de Andalucía». A su juicio, las leyes de concordia auspiciadas por PP y Vox «conciben las exhumaciones de fosas como restos arqueológicos e invisibilizan a las víctimas» y equiparan democracia y dictadura.
No es una amenaza nueva. La Administración central ya ha recurrido ante el Constitucional las normas equivalentes aprobadas en Baleares, Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria, mientras que en Extremadura prosigue la negociación previa. En el caso cántabro, el alto tribunal ha acordado la suspensión cautelar de la derogación mientras resuelve el fondo. El argumentario del Gobierno se basa en que estas leyes vulneran los derechos de las víctimas del franquismo y dificultan el cumplimiento de la legislación estatal de memoria democrática.
La Ley de Memoria andaluza, en vigor desde 2017, fue pionera: se aprobó con 67 votos a favor (PSOE, Podemos e IU) y 42 abstenciones del PP y Ciudadanos, sin ningún voto en contra. Pese a aquel respaldo sin fisuras, el nuevo Ejecutivo autonómico dispone de mayoría suficiente para impulsar el cambio normativo antes de que finalice 2026, tal y como recoge el acuerdo programático.
El recurso al TC no es una sorpresa: el Gobierno repite la misma estrategia en todas las comunidades donde se ha sustituido la memoria por la concordia.
Qué busca Vox con esta batalla legislativa en Andalucía
Vox encuentra en este choque un terreno propicio para marcar perfil propio dentro de la coalición con el PP y demostrar que su presencia en el gobierno autonómico es determinante. La dirección nacional del partido observa la amenaza judicial desde Madrid como una oportunidad para reforzar el discurso de que el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza las instituciones para imponer un relato parcial y acallar a quienes lo cuestionan. El hecho de que el propio PP andaluz hubiera permitido la aprobación de la norma de 2017 con su abstención añade un matiz de presión interna: Vox subraya que ahora es necesario un giro claro y que la concordia no admite ambigüedades.
La batalla judicial que se avecina, lejos de ser un obstáculo insalvable, puede consolidar a Vox como la fuerza que aglutina a un electorado cansado de las políticas de memoria que considera sesgadas. Si el Constitucional termina admitiendo los recursos del Gobierno, el partido tendrá la oportunidad de denunciar una supuesta falta de independencia del tribunal y de presentarse como víctima de una persecución política. Si, por el contrario, las leyes de concordia acaban prevaleciendo, habrá logrado uno de los objetivos centrales de su programa: superar la «memoria histórica» de la izquierda mediante una norma que defina la reconciliación nacional en sus propios términos.
Mientras el PP necesita estabilidad para gobernar, Vox mantendrá su posición sin ceder un á pice, convencido de que la tensión con el Gobierno central le da réditos. La partida está abierta y el reloj corre: el plazo para registrar la Ley de Concordia en el Parlamento andaluz antes de finales de 2026 se convierte en el próximo hito de esta pugna que trasciende lo autonómico y se inscribe en la estrategia nacional de la formación.
