El Tribunal Supremo ha ordenado a la Policía Nacional, a través de su Comisaría General de Información, la investigación de las carteras digitales vinculadas al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez y a la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta (SALF) por una presunta financiación ilegal. El auto, dictado ayer, 10 de julio de 2026 por el magistrado instructor Julián Sánchez Melgar, reclama además la contabilidad completa del partido.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? El Supremo ha encargado a la Comisaría General de Información rastrear las wallets de Alvise y ha exigido a SALF sus movimientos bancarios.
- ¿Dónde y cuándo? La orden judicial se emitió el 10 de julio de 2026, tras recibir el Parlamento Europeo la suspensión de inmunidad del eurodiputado.
- ¿Qué resultado? Se investiga la entrega de 100.000 euros por el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo y la posible financiación irregular de la campaña electoral de 2024.
La orden judicial: contabilidad de SALF y las carteras digitales
El instructor ha requerido al representante legal de SALF la entrega de la contabilidad, los libros de tesorería y los movimientos de cuentas, así como los justificantes de los pagos de la campaña electoral de las europeas de 2024. De forma simultánea, emplaza a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional para que elabore un informe sobre el tráfico de wallets —carteras digitales— creadas por los investigados. La orden incluye la petición al Tribunal de Cuentas para que aporte la documentación presentada por la formación en aquellos comicios.
Las diligencias se adoptan después de que el Parlamento Europeo comunicara el acuerdo de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Alvise, aforado ante el Supremo por su condición de eurodiputado. El auto sitúa como punto de partida los 100.000 euros que el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo —también investigado— entregó al político. La acusación particular del PSOE había solicitado, además, la declaración de los investigados y una investigación patrimonial a través del Punto Neutro Judicial, extremos que el juez deja para una fase posterior.
El resto de frentes judiciales del eurodiputado
La investigación por presunta financiación ilegal es solo una de las seis causas que Luis ‘Alvise’ Pérez tiene abiertas en el Tribunal Supremo. Las otras diligencias se refieren al presunto acoso a dos eurodiputados que formaron parte de la lista de SALF, el hostigamiento en redes a la fiscal Susana Gisbert y las amenazas al alcalde de Algeciras y senador José Ignacio Landaluce.
También se investiga la difusión de una PCR falsa del exministro Salvador Illa y un presunto delito de desorden público por mensajes que incitaban al colapso de vías durante una protesta agrícola. Con este nuevo paso, el Supremo centra el foco en la trazabilidad económica de la agrupación y en el papel que pudieron jugar las criptodivisas en su financiación.
La Comisaría General de Información, que mantiene una unidad especializada en ciberdelitos financieros, aplicará técnicas de trazabilidad de criptoactivos ya empleadas en decenas de investigaciones policiales.
El Contexto Operativo
La decisión del Supremo sitúa a la Policía Nacional ante un reto que se ha vuelto recurrente en las investigaciones económicas: el rastreo de fondos en entornos digitales opacos. La Comisaría General de Información cuenta con agentes formados en el análisis de blockchain y tiene protocolos de colaboración con Europol para este tipo de pesquisas. Los delitos de financiación irregular han experimentado un crecimiento notable en los últimos años, según los informes estratégicos del Ministerio del Interior, que subrayan la necesidad de reforzar las capacidades de inteligencia financiera.
El uso de criptodivisas para burlar los controles electorales es una amenaza emergente que la Policía Nacional viene combatiendo con resultados crecientes. Aunque la orden judicial representa un paso más en una causa con fuerte carga política, el despliegue operativo recae en una unidad con amplia experiencia en la desarticulación de tramas de blanqueo y corrupción. La investigación, aún en fase embrionaria, determinará si existen indicios sólidos de financiación ilegal y si la agrupación de electores pudo haber recibido fondos no declarados.
