La Generalitat contrata por un millón un servicio de desokupación de VPP por falta de personal

La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo solo cuenta con dos funcionarios para gestionar más de 500 expedientes de recuperación de inmuebles. El contrato incluye un servicio 24 horas y coordinación con la Policía.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La EVHA ha sacado a concurso un servicio de desokupación de viviendas públicas por un millón de euros (IVA incluido) para los próximos seis años.
  • ¿Quién está detrás? La Conselleria de Vivienda, con Susana Camarero al frente, y la empresa pública Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo.
  • ¿Qué impacto tiene? El contrato externaliza la respuesta ante ocupaciones ilegales las 24 horas, con coordinación policial y representación legal, ante la falta de personal propio.

La Generalitat Valenciana ha licitado un contrato que roza el millón de euros para contratar un servicio integral de desokupación de las viviendas del parque público. La medida, impulsada por la Conselleria de Vivienda que dirige Susana Camarero, busca externalizar una tarea que la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA, la empresa pública de vivienda de la Generalitat) no puede asumir con los únicos dos funcionarios que tiene en activo para toda la Comunitat.

Esta externalización no es un hecho aislado. Semanas atrás, el Consell ya anunció la compra de un sistema de alarmas antiokupación por casi medio millón de euros y la contratación de vigilancia privada en algunos grupos de viviendas. Ahora, con este nuevo contrato, se completa un dispositivo que estará operativo durante los próximos seis años, con un valor de 800.000 euros sin IVA que, con impuestos, alcanza el millón.

Un servicio urgente para recuperar las viviendas ocupadas

Los pliegos de la licitación, a los que ha tenido acceso este diario, describen un servicio muy concreto: intervención en un plazo de una hora desde que salta un aviso, representación de la EVHA en los procedimientos judiciales y una actuación rápida que incluya la instalación urgente de puertas antiokupación, alarmas o cualquier otro sistema de protección. La empresa adjudicataria se coordinará directamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para restituir la posesión del inmueble “en el menor plazo posible”.

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Entre las obligaciones del futuro contratista figuran también la gestión de trámites administrativos y judiciales, el acceso al sistema informático de la Generalitat y la garantía de “presencia y asistencia en las actuaciones de ejecución de los autos de entrada”. Todo ello, según recalca el pliego, respetando los derechos de las personas afectadas y con una marcada vocación de coordinación institucional.

La externalización necesaria: dos funcionarios para toda la Comunitat

El argumento central de la EVHA es demoledor: apenas dos funcionarios en activo para toda la Comunitat Valenciana. Con más de 500 expedientes administrativos de recuperación abiertos (de los que más de 300 corresponden a ocupaciones sin título), la entidad reconoce que no puede atender “con la celeridad y continuidad necesarias” las incidencias que se producen a diario, especialmente porque muchas conllevan una alta carga emocional y riesgo físico para el personal.

Dos personas no pueden gestionar la desokupación de un parque de 14.500 viviendas: por eso el Consell externaliza el servicio.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sido contundente al poner cifras al problema: aproximadamente el 13% de las 14.500 viviendas del parque público valenciano están ocupadas de manera ilegal. Un porcentaje que, traducido en inmuebles, sugiere que hay alrededor de 1.900 pisos en manos de personas que carecen de título legítimo, y cuyo número, según la entidad, ha ido en aumento estos últimos años.

La EVHA justifica la externalización no solo por la falta de personal,sino también por la necesidad de rotar a los intervinientes y de ofrecer una respuesta “profesional, segura y respaldada institucionalmente”. Una rotación, insisten los informes, que evite el desgaste psicológico de quienes se enfrentan a situaciones de alta conflictividad.

El Escenario Valenciano

La decisión de la Conselleria de Vivienda se enmarca en un contexto político en el que la lucha contra la ocupación ilegal se ha convertido en una de las banderas del pacto PPVox que gobierna la Generalitat. Mientras el Consell refuerza esta línea con partidas millonarias, la oposición de PSPV y Compromís aún no ha fijado una posición unánime sobre este contrato, aunque en debates anteriores ha criticado lo que considera un enfoque que descuida las políticas sociales de acceso a la vivienda.

En clave nacional, el movimiento valenciano se alinea con la estrategia del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo y con las exigencias de Vox, que durante la negociación de los presupuestos autonómicos ha presionado para que se incluyan medidas expeditivas contra la okupación. De hecho, el modelo de externalización que ahora sigue Valencia ya ensayó la Comunidad de Madrid hace dos años, con un contrato similar que cubría la defensa legal inmediata de las viviendas públicas. Este giro reafirma la apuesta de las autonomías gobernadas por la derecha por soluciones que externalizan funciones que, hasta ahora, estaban reservadas al personal funcionario.

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La proyección de esta historia es inmediata: el contrato se licita en pleno mes de julio y, si se adjudica sin recursos, empezará a funcionar antes de que acabe el año. De la rapidez y eficacia de ese servicio dependerá que la opinión pública perciba a la Conselleria como un gestor eficaz o, por el contrario, como un departamento que necesita un millón de euros para hacer lo que dos funcionarios no pueden. Mientras, la bolsa de expedientes de desokupación sigue creciendo.

Ficha del Caso

  • El caso: La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo saca a licitación un servicio integral de desokupación de viviendas públicas ante la imposibilidad de gestionar más de 500 expedientes con solo dos funcionarios.
  • Datos importantes: El contrato asciende a 800.000 euros sin IVA (un millón con impuestos) por seis años. Incluye respuesta urgente en una hora, representación legal y coordinación policial. El 13% del parque público de 14.500 viviendas está ocupado ilegalmente, según Mazón.
  • Resumen: La Generalitat externaliza la recuperación de inmuebles ocupados, en línea con la estrategia antiokupación del PP y Vox, mientras la oposición aún no se ha pronunciado en bloque.