EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Coreper ha aprobado por unanimidad el texto del acuerdo de asociación UE-Andorra, desbloqueando una negociación que llevaba más de dos años estancada.
- ¿Quién está detrás? Los representantes permanentes de los 27 Estados miembros, con respaldo de la Comisión Europea y los Gobiernos de Andorra y San Marino.
- ¿Qué impacto tiene? La firma prevista para septiembre abrirá un proceso de ratificación mixta que exigirá el sí de los 27 parlamentos nacionales y un referéndum consultivo en Andorra. La entrada en vigor transformará las relaciones económicas, migratorias y de movilidad del Principado con la UE.
El Comité de Representantes Permanentes (Coreper) ha aprobado este miércoles por unanimidad el texto del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Andorra, dando así por cerrado un documento que llevaba más de dos años estancado en el Consejo. La decisión despeja el camino para la firma oficial, prevista para septiembre, y facilita el inicio de un complejo proceso de ratificación que implicará a los 27 Estados miembros, además de a la UE, Andorra y San Marino.
El jefe de Gobierno andorrano, Xavier Espot, calificó la jornada de “un hito importante” dentro de una negociación que comenzó en 2015 y que se cerró en diciembre de 2023, aunque no fue hasta abril de 2024 cuando la Comisión Europea trasladó el texto al Consejo de la UE. Tras la firma. el acuerdo quedará totalmente cerrado y se iniciará una fase de ratificación en la que el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales deberán pronunciarse, sin posibilidad de introducir enmiendas.
El carácter mixto del acuerdo —una fórmula que abarca tanto competencias exclusivas de la UE como otras que siguen en manos de los Estados miembros— explica la exigencia de la ratificación por parte de las 27 cámaras nacionales. Según el Gobierno andorrano, esta calificación no altera el contenido del texto, pero sí vuelve más exigente el procedimiento. Solo la aprobación simultánea en todos los parlamentos permitirá que el tratado entre en vigor.
En el plano andorrano, el camino será especialmente delicado. Una vez que el Parlamento Europeo dé su visto bueno, el ejecutivo de Espot convocará un referéndum consultivo. Si el resultado es favorable, el Consell General —el parlamento del Principado— deberá ratificar el acuerdo con una mayoría cualificada de dos tercios. Sin esa votación, el acuerdo no se aplicará en Andorra, lo que añade una capa adicional de incertidumbre a un proceso ya de por sí complejo.
La luz verde del Coreper llega después de que durante dos años el texto permaneciese bloqueado por las reticencias de algunos Estados miembros, que pedían mayores garantías en ámbitos como la fiscalidad, el blanqueo de capitales o la movilidad de personas. El respaldo unánime alcanzado ahora indica que esas objeciones han sido superadas, al menos en el plano técnico, y que el expediente pasa a manos de los ministros de los Veintisiete antes de la ceremonia de firma de septiembre.
El bloqueo de dos años en el Consejo demuestra que, incluso con un socio tan pequeño como Andorra, los consensos comunitarios se miden por el último Estado miembro en despejar sus dudas.
El Eje del Poder Europeo: el coste de los acuerdos mixtos y la posición de España
Este expediente recuerda que, en la Unión Europea, la ratificación de un acuerdo mixto puede convertirse en un rompecabezas diplomático. Cada parlamento nacional actúa con plena soberanía, lo que en ocasiones ha retrasado la entrada en vigor de tratados durante años —como ocurrió con el acuerdo de libre comercio con Canadá o con el propio acuerdo de asociación con Ucrania—. En el caso de Andorra, el peso de un país de solo 80 000 habitantes añade un elemento casi de desequilibrio: cualquier cámara legislativa de los 27 puede bloquearlo, sin que necesariamente exista un interés geopolítico que lo justifique.
Para España, el acuerdo tiene una doble lectura. Por un lado, Andorra es el tercer destino de las exportaciones españolas de servicios financieros y un socio clave en el turismo de alta gama y el comercio minorista. La plena integración del Principado en el mercado interior europeo beneficiaría a las empresas españolas que ya operan en él, especialmente en banca, seguros y distribución. Por otro lado, Madrid tiene un interés directo en que el proceso no se descarrile: más de 40 000 andorranos trabajan o estudian en España y la mitad de las importaciones andorranas proceden del mercado español. Un retraso en la ratificación erosionaría esos vínculos.
En el tablero europeo, la posición de Francia, que comparte frontera con Andorra y ejerce una suerte de protectorado informal, ha sido determinante para desencallar el texto. París ha presionado para que se cierre un acuerdo que refuerza la estabilidad de su entorno pirenaico, mientras que otros Estados miembros —entre ellos algunos nórdicos y de Europa del Este— han mantenido exigencias principalmente de carácter técnico, como la homologación de estándares financieros. La unanimidad final sugiere que esas diferencias se han limado en el Coreper.
El desafío ahora es que la ratificación no se eternice. El pasado enseño que los parlamentos nacionales pueden demorarse meses o incluso años en tramitar un tratado de este tipo, y que la excusa de los calendarios electorales internos suele aflorar. Si algún Estado miembro decide bloquear el acuerdo por razones políticas internas —por ejemplo, en un contexto de tensiones sobre la inmigración o el dumping fiscal—, el relanzamiento de las relaciones con Andorra quedaría en suspenso y se perdería el impulso diplomático alcanzado.
La firma de septiembre marca, por tanto, una fecha simbólica pero no vinculante. La verdadera prueba de resistencia del acuerdo de asociación UE-Andorra llegará cuando los 27 parlamentos nacionales y el referéndum andorrano entren en juego. Y, como ha demostrado la propia historia comunitaria, el consenso de un día en Bruselas puede evaporarse meses después en una comisión parlamentaria de cualquier capital.
