La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido a representante del sindicato de Policía Nacional Jupol y de la asociación profesional de la Guardia Civil Jucil. Los policías han pedido a Ayuso un plan urgente para frenar la fuga de policías nacionales y guardias civiles de Madrid por el precio de la vivienda.
Las organizaciones plantean a Isabel Díaz Ayuso iniciativas en materia de vivienda, conciliación para frenar la pérdida de efectivos en Madrid y el apoyo y reconocimiento a las reivindicaciones históricas de la Policía Nacional como la Equiparación Salarial o la Jubilación Digna
Jupol y Jucil han trasladado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un paquete de propuestas urgentes para hacer frente a uno de los principales problemas que afecta actualmente a la seguridad de la región: la dificultad para mantener policías nacionales en Madrid debido al elevado coste de la vivienda y de la vida.
Durante la reunión institucional, las organizaciones han advertido que la Comunidad de Madrid se ha convertido en un territorio de paso para miles de policías nacionales y guardias civiles que, tras obtener su primer destino, solicitan el traslado a otras provincias en cuanto reúnen la antigüedad suficiente al resultar prácticamente imposible desarrollar un proyecto de vida estable en la región.
Esta situación no solo afecta a los propios agentes y a sus familias, sino que repercute directamente en la seguridad de los madrileños, ya que impide consolidar plantillas estables y provoca una pérdida permanente de experiencia y conocimiento operativo en las distintas unidades policiales.
Madrid pierde más de una cuarta parte de su plantilla cada cinco años
El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha puesto sobre la mesa un dato especialmente preocupante: en los últimos cinco años la Comunidad de Madrid ha perdido 3.375 policías nacionales mediante los concursos generales de méritos, una cifra equivalente a más del 26% de los aproximadamente 12.900 agentes que actualmente prestan servicio en la región.
Aunque estas vacantes terminan cubriéndose con policías de nuevo ingreso destinados obligatoriamente a Madrid, la mayoría carecen de arraigo en la comunidad y terminan marchándose en cuanto pueden solicitar un nuevo destino. Esta elevada rotación impide consolidar equipos de trabajo, dificulta la especialización de los agentes y obliga a reiniciar continuamente los procesos de adaptación y formación interna de las unidades policiales.
«Madrid no puede seguir formando policías para perderlos pocos años después porque no pueden permitirse vivir donde trabajan. Hablar de seguridad también es hablar de las condiciones de quienes la garantizan cada día», señala Rivero.
Por su parte desde Jucil aseguran que «hemos hecho un llamamiento directo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que lidere un compromiso firme e histórico con la seguridad de la región. No podemos permitir que quienes protegen a los madrileños se vean expulsados de Madrid por la asfixia del mercado de la vivienda o por la falta de apoyo institucional», comenta Ángel Lezcano, secretario general de Jucil.
Además, le ha trasladado a la presidenta «la necesidad de poner en marcha de manera inmediata el Plan Vive Seguridad para garantizar viviendas de alquiler asequible y preferente a guardias civiles y policías nacionales, un paso de justicia idéntico al ya anunciado para el sector sanitario».
Asimismo, ha recordado a Isabel Diaz Ayuso que «la seguridad no solo se defiende con un techo. Por lo tanto, exigimos medidas reales de conciliación y apoyo a nuestras familias a través del programa «Madrid Cuida», una red de apoyo psicológico especializada con «Madrid Protege», la integración laboral de nuestras parejas con «Madrid Acompaña» y la creación de un Observatorio autonómico que analice y frene la creciente violencia que sufrimos en las calles».
Lezcano ha indicado finalmente que Jucil y Jupol no reclaman privilegios para la Guardia Civil y la Policía Nacional, sino que exigen «las condiciones sociolaborales mínimas y dignas para que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan echar raíces en Madrid y seguir garantizando, con la máxima eficacia, la libertad y la seguridad de todos los ciudadanos de esta comunidad».
Plan integral para fijar policías en Madrid
Con el objetivo de revertir esta situación, JUPOL y JUCIL han presentado a la presidenta un dosier con una batería de medidas que pueden desarrollarse dentro del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid y que permitirían hacer de la región un destino atractivo para los policías nacionales.
Vivienda: la prioridad absoluta
El sindicato considera que el acceso a la vivienda constituye actualmente el principal obstáculo para la permanencia de los agentes.
Entre las propuestas planteadas destacan: eliminar el requisito de varios años de empadronamiento previo para que los policías destinados por primera vez puedan acceder a viviendas protegidas; implantar un sistema de «arraigo inverso», sustituyendo la antigüedad en el padrón por un compromiso de permanencia en la vivienda durante el tiempo que dure el destino; reservar un porcentaje específico de vivienda protegida para miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los nuevos desarrollos urbanísticos de la Comunidad de Madrid; reservar viviendas del Plan Vive para policías destinados en la región; crear un bono autonómico de ayuda al alquiler destinado a los funcionarios policiales que mantengan su destino en Madrid.
Conciliación para facilitar el arraigo familiar
Jupol y Jucil también han trasladado la necesidad de facilitar la integración de las familias de los policías y guardias civiles que llegan destinados a Madrid, proponiendo medidas específicas como la prioridad en la escolarización de los hijos de policías por movilidad geográfica forzosa, la reserva de plazas en escuelas infantiles y ayudas para guardería adaptadas a los turnos policiales , el acceso preferente a campamentos urbanos y actividades organizadas por la Comunidad de Madrid e Incentivos fiscales para compensar el elevado coste de vida.
Entre las medidas económicas planteadas, JUPOL y JUCIL proponen la creación de una deducción autonómica en el tramo del IRPF para compensar el sobrecoste de residir en una comunidad con un mercado inmobiliario especialmente tensionado, así como impulsar modificaciones normativas que permitan bonificaciones en impuestos municipales vinculados a la vivienda habitual de los policías destinados en la región.
Más apoyo al deporte, la cultura y la formación
El sindicato considera igualmente importante favorecer el arraigo social de los agentes mediante acceso gratuito a instalaciones deportivas autonómicas, descuentos en la oferta cultural gestionada por la Comunidad de Madrid, convenios con universidades públicas y centros de Formación Profesional y programas que faciliten la inserción laboral de los familiares de los policías destinados en la región.
Apoyo institucional a las reivindicaciones históricas
Durante el encuentro, Jupol y Jucil también han solicitado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso el respaldo institucional del Gobierno regional a las principales reivindicaciones históricas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
En concreto, las organizaciones sindicales han pedido que el Grupo Parlamentario Popular impulse en la Asamblea de Madrid una declaración institucional en favor del reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como Profesión de Riesgo, una reivindicación plenamente justificada por la peligrosidad inherente al servicio policial y que constituye una demanda histórica del colectivo.
Asimismo, Jupol y Jucil han reclamado el apoyo de la Comunidad de Madrid a la consecución de una Equiparación Salarial real y completa con el resto de policías que desempeñan funciones equivalentes y al desarrollo de una Jubilación Digna, que permita hacer efectivo el reconocimiento de la profesión de riesgo mediante un sistema de jubilación anticipada sin pérdida de derechos económicos.
Invertir en policías es invertir en seguridad
Desde Jupol y Jucil insisten en que las medidas planteadas no buscan establecer privilegios para un colectivo concreto, sino corregir una situación objetiva que perjudica tanto a los policías y guardias civiles como a la propia Comunidad de Madrid.
Una plantilla estable, experimentada y plenamente integrada en el territorio supone una mejora directa en la calidad del servicio policial, incrementa la eficacia operativa y fortalece la seguridad de más de siete millones de ciudadanos.
Tras la reunión, ambas organizaciones han valorado positivamente la disposición mostrada por la presidenta para escuchar las necesidades del colectivo y confía en que este encuentro marque el inicio de una colaboración institucional que permita transformar estas propuestas en actuaciones concretas.
Jupol y Jucil continuarán defendiendo ante todas las administraciones aquellas iniciativas que permitan dignificar las condiciones de los policías nacionales y los guardias civiles, fortalecer las plantillas y garantizar el mejor servicio posible a la ciudadanía
