El teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, ha declarado este jueves ante el juez Santiago Pedraz que las tres informaciones reservadas abiertas para investigar filtraciones periodísticas sobre la UCO no pretendieron presionar a la unidad, sino que son una herramienta reglada y habitual. El mando ha revelado además que recibió una llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la publicación en un medio digital de las direcciones de correo electrónico del presidente del Gobierno, su esposa Begoña Gómez y su hermano.
Qué ha explicado el DAO sobre las informaciones reservadas
Llamas ha defendido ante el magistrado instructor del ‘caso Leire Díez’ que la apertura de informaciones reservadas —contempladas en el Reglamento del Cuerpo— es un procedimiento estándar para esclarecer posibles filtraciones. En total, la Guardia Civil ha tramitado 56 de estos expedientes en toda la organización, y centenares si se cuentan los de menor entidad. El teniente general ha subrayado que la UCO ha sido objeto de otras tres informaciones reservadas durante su mandato como número dos del instituto armado, ninguna de ellas vinculada a investigaciones del PSOE.
El mando ha negado cualquier presión hacia la Unidad Central Operativa: «Jamás les dije que se pusieran de perfil», ha mantenido. A preguntas de las partes, ha matizado que sí pidió a los responsables de la unidad que se ciñeran a las instrucciones de jueces y fiscales, en atención a su condición de policía judicial. Una directriz que, a su juicio, encaja con el respeto institucional que debe presidir la labor de la Guardia Civil.
Las informaciones reservadas se cerraron sin sanción alguna y solo en uno de los tres casos se tomó declaración a dos generales y al teniente coronel de la UCO encargado de los casos que afectan a formaciones políticas. Para Llamas, se trató de comprobaciones formales, no de una campaña para amedrentar a los agentes.
La llamada de Marlaska: la filtración que indignó al ministro
El episodio más novedoso de la declaración ha sido la revelación de que el ministro del Interior telefoneó al DAO después de que un medio publicara las direcciones de correo electrónico personales de Pedro Sánchez, Begoña Gómez y el hermano del presidente. Esas cuentas, que formaban parte del material incautado por la UCO en otras investigaciones, se colapsaron en cuestión de minutos con mensajes despectivos. Llamas ha afirmado que Marlaska se mostró indignado y que él apenas intervino en la conversación.
La existencia de esa llamada no implica, según la defensa del DAO, una orden o coacción. El reglamento de la Guardia Civil —cuyo régimen disciplinario está recogido en el Real Decreto 80/2000— permite a los superiores interesarse por el curso de las investigaciones internas. Distintas fuentes de la dirección general han recordado a Moncloa.com que el ministro, como mando superior, tiene la obligación de velar por la seguridad de las comunicaciones de las altas instituciones del Estado.
La jornada judicial deja una idea central: las informaciones reservadas eran actuaciones regladas y no hubo órdenes para frenar o dirigir pesquisas.
El Eje del Poder Socialista
La vista de este jueves despeja parcialmente un flanco que la oposición había utilizado para acusar al Gobierno de injerencia política en la Guardia Civil. La declaración del DAO desdibuja la tesis de que existiese una trama para proteger a ex militantes del PSOE, ya que las tres informaciones reservadas obedecieron a filtraciones reales a la prensa y no a un intento de silenciar líneas de investigación.
En el plano territorial, este tipo de casos suele avivar el debate sobre la confianza en las instituciones de seguridad. La mayoría de gobiernos autonómicos socialistas —Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y la Generalitat de Cataluña— gestionan cuerpos de policía propios o participan en juntas de seguridad. Para ellos, el mensaje de que la ley se aplica sin favoritismos es clave, sobre todo cuando el PP ha llevado el asunto al Senado para reprobar la actuación del Ministerio del Interior.
En términos estratégicos, Ferraz ha optado por mantener un perfil institucional y dejar que la vía judicial aclare los hechos. El argumentario interno destaca que, si la justicia acaba archivando las imputaciones, quedará reforzada la imagen de un Ejecutivo que respeta las reglas del Estado de Derecho incluso cuando se le acusa desde el lawfare. El riesgo, sin embargo, reside en que la declaración de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, prevista para este viernes, pueda introducir nuevos matices. La responsable del Cuerpo comparece imputada a partir de los encuentros que mantuvo con Leire Díez, la ex militante socialista que da nombre a la causa, y de las anotaciones de esta última en su agenda.
La lectura a medio plazo es que Moncloa confía en que la declaración de González siga la línea de Llamas, desactivando así una de las piezas del relato de la derecha. Mientras, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ya ha advertido de que cualquier uso partidista de esta causa será respondido con las cifras de productividad de la UCO y el historial de condenas conseguidas con total independencia.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: El cumplimiento escrupuloso de los procedimientos reglados refuerza la credibilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
- Protagonista: Fernando Grande-Marlaska (ministro del Interior).
- Próximo hito: Declaración ante el juez Pedraz de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, este viernes 17 de julio.
