Carles Puigdemont ha llevado la batalla de la amnistía a los tribunales españoles. Este jueves, tras la sentencia europea, avisó de que el partido se traslada al Supremo y al Constitucional.
En un mensaje en la red social X, el expresidente catalán celebró la decisión del TJUE, que avala la ley de amnistía como conforme al derecho comunitario, pero subrayó que el camino para acabar con la represión no ha terminado. ‘Sabemos a quién nos enfrentamos y algunos no nos llamamos a engaño’, advirtió, en alusión a los tribunales españoles que aún deben aplicar la norma.
Puigdemont vinculó la necesidad de cerrar la represión no solo al beneficio personal de los afectados, sino a la posibilidad de ‘recuperar fuerzas y recursos y centrarse en el objetivo principal, que es la independencia de Cataluña’. La frase, leída en Moncloa y en Ferraz, confirma que Junts mantiene su horizonte político más allá de la legislatura.
La victoria europea y el aviso de Puigdemont
La sentencia del TJUE, publicada a primera hora, da un espaldarazo jurídico a la ley aprobada el año pasado en el Congreso con los votos de PSOE, Sumar y los grupos independentistas. El tribunal europeo rechaza las dudas planteadas por el Supremo español y deja sin argumentos a quienes pretendían tumbar la norma por la vía comunitaria. Sin embargo, la batalla judicial no ha hecho más que cambiar de escenario.
En Ferraz, la sentencia se recibió con satisfacción contenida. Fuentes de la dirección federal consultadas por Moncloa.com admiten que el pronunciamiento europeo ‘legitima’ la ley de amnistía, pero evitan lanzar campanas al vuelo. El principal escollo, insisten, sigue siendo la aplicación efectiva de la norma por parte de jueces y tribunales nacionales, muchos de los cuales han mostrado resistencia a la medida.
La amnistía ha pasado el filtro europeo, pero el verdadero escollo para el Gobierno no es jurídico, sino político: la desconfianza de un socio que exige resultados inmediatos.
Ferraz ajusta el paso: de la ley a la aplicación
El Gobierno, con el presidente Sánchez a la cabeza, ha defendido la amnistía como una herramienta para la normalización en Cataluña y para consolidar la mayoría parlamentaria que sostiene el Ejecutivo. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha recordado en varias ocasiones que la ley es ‘impecable’ desde el punto de vista constitucional. Ahora, tras el aval europeo, el relato socialista se refuerza, pero el socio de Junts exige hechos, no palabras.
La advertencia de Puigdemont, que equipara el Tribunal Supremo con el estadio del Real Madrid, deja claro que Junts no dará tregua. El partido independentista condiciona su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado y a otras leyes clave a que la amnistía se aplique sin dilaciones. El mensaje es nítido: o la justicia española acata la ley, o la legislatura se complica.
El Eje del Poder Socialista
La dirección federal del PSOE lee el órdago de Puigdemont como un recordatorio inevitable de las tensiones que atraviesan la legislatura. Ferraz no oculta que la amnistía fue un precio político por la investidura, pero defiende que es a la vez una inversión en estabilidad para Cataluña, donde el PSC de Salvador Illa gobierna con un programa de reconciliación. En privado, cuadros socialistas admiten que el verdadero test no será la ley en sí, sino cómo la apliquen los tribunales. El Supremo y el Constitucional tienen en sus manos la llave para que el deshielo territorial no se quede en papel mojado.
Desde el punto de vista territorial, la normalización pendiente impacta directamente en el día a día de la Generalitat, cuyo Govern de Illa ha evitado hacer sangre del independentismo pero necesita que la amnistía funcione para consolidar su proyecto. Los barones socialistas, con García-Page a la cabeza, observan con recelo cualquier paso que pueda interpretarse como un trato de favor, pero la línea oficial de Ferraz es clara: la ley se aprobó para cerrar heridas y ahora toca cumplirla.
El riesgo inmediato para el PSOE es que el bloqueo judicial dinamite el apoyo parlamentario de Junts justo cuando se negocian los Presupuestos. Si el Supremo demora la aplicación de la amnistía, Puigdemont tendrá un argumento de peso para retirar sus siete votos en el Congreso. Esa ventana crítica se abre en las próximas semanas y condiciona el calendario legislativo. La estrategia del Gobierno, según fuentes de la Moncloa consultadas por este medio, pasa por no alimentar la confrontación con el poder judicial al tiempo que se exige celeridad en la aplicación de la ley.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La amnistía es ley. Corresponde ahora a los tribunales aplicarla con normalidad democrática, sin dilaciones ni excusas.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: La aplicación efectiva de la amnistía por parte del Tribunal Supremo en las próximas semanas será determinante para el clima de la negociación presupuestaria.
