DBA suspende su actividad en Bilbao tras anular Hacienda foral de Bizkaia su código por deuda de 225 millones

La empresa, controlada por el grupo Haxx, negocia con la institución foral el levantamiento de la suspensión temporal. La deuda fiscal de 225 millones llevó a la anulación del código sin previo aviso, según la compañía.

La planta DBA en el puerto de Bilbao suspendió su actividad este jueves 16 de julio después de que la Hacienda foral de Bizkaia anulara su Código de Actividad y Establecimiento (CAE) por una deuda fiscal de 225 millones de euros, según comunicó la propia empresa a sus clientes.

La decisión de la Hacienda foral de Bizkaia

El grupo Haxx —denominado Hafesa hasta diciembre de 2025— trasladó el pasado jueves que la Diputación Foral de Bizkaia le había suspendido el CAE ‘de forma inesperada y sin previo aviso’. La medida paraliza la salida del combustible almacenado en los depósitos fiscales de la compañía en el puerto de Bilbao.

La retirada del código se ampara en el artículo 40.8 del Reglamento de Impuestos Especiales, que permite suspender la autorización cuando el titular incumple las condiciones exigidas o la garantía resulta insuficiente. Hacienda vizcaína no ha detallado públicamente los motivos concretos que llevaron a la anulación.

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La deuda fiscal del grupo asciende a 225 millones de euros. En 2023, la Hacienda foral de Bizkaia redujo ese importe a 150 millones y concedió un aplazamiento de pago a siete años, con unos intereses totales de 60 millones, según explicó entonces la diputada foral Itxaso Berrojalbiz (PNV). La comparecencia, solicitada por el PP y EH Bildu en las Juntas Generales, no aclaró las garantías concretas aportadas por la empresa.

Haxx negocia ahora con la institución foral que dirige Elixabete Etxanobe (PNV) el levantamiento de la suspensión temporal, al menos para poder vender el combustible ya comprometido. La empresa aseguró confiaba en reanudar la actividad el próximo lunes, aunque la decisión definitiva corresponde a la Hacienda de Bizkaia.

El trasfondo judicial y la huida del propietario

La compañía cambió su denominación de Hafesa a Haxx en diciembre de 2025, meses después de que la Audiencia Nacional condenara a 14 personas —entre ellas el ex director general Norberto Uzal— por un fraude de 154 millones de euros en impuestos de hidrocarburos. La sentencia describió una trama que desvió fondos a negocios vinculados a lo que los jueces calificaron como ‘organización criminal’.

El dueño del grupo, Alejandro Hamlyn López-Tapia, no figuró entre los condenados porque en la primavera de 2025 abandonó España rumbo a Dubái, antes de que se dictara la sentencia. Pesa sobre él una orden de búsqueda internacional activada por Interpol.

Según una grabación publicada por un medio digital, Hamlyn contactó desde Dubái con Leire Díez, asesora del PSOE conocida como la ‘fontanera de Ferraz’, para ofrecer información sobre mandos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que investigan la corrupción en el entorno del presidente Pedro Sánchez, a cambio de mediación judicial.

La retirada del CAE paraliza la planta del puerto de Bilbao mientras la empresa negocia con la Hacienda foral una solución que permita vender el combustible ya comprometido.

Las competencias forales y la oposición política

La Hacienda de Bizkaia ejerce sus competencias fiscales dentro del marco del Concierto Económico, que otorga a las diputaciones forales la gestión, recaudación y revisión de los impuestos especiales. En su comparecencia del año pasado, la diputada Berrojalbiz aseguró que desde 2012 se habían concedido aplazamientos por valor de 2.165 millones de euros, de los cuales 452 millones permanecían impagados. Subrayó que la concesión a Hafesa era ‘una práctica habitual’ para empresas del Territorio Histórico.

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Los grupos de la oposición en las Juntas Generales de Bizkaia —PP y EH Bildu— reclamaron explicaciones sobre las garantías presentadas por la empresa y cuestionaron la gestión del aplazamiento. La diputada foral remitió a la confidencialidad fiscal y, desde aquella comparecencia, no ha vuelto a ofrecer información pública sobre la situación fiscal del grupo ahora denominado Haxx.

La suspensión del CAE añade la planta DBA a los problemas del conglomerado, cuyo propietario permanece en Dubái mientras la Audiencia Nacional mantiene abierta la causa por fraude fiscal y se solicita su extradición. La empresa confía en que la Hacienda vizcaína levante la medida de forma temporal en los próximos días.