EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El presidente húngaro Tamás Sulyok firmó la enmienda constitucional que lo destituye, cediendo a la presión del primer ministro Péter Magyar.
- ¿Quién está detrás? Magyar, líder del partido Tisza, impulsó la reforma para desmantelar el legado de Viktor Orbán y restaurar el Estado de Derecho.
- ¿Qué impacto tiene? Hungría inicia una nueva etapa política con implicaciones directas para la relación con la UE y la condicionalidad de los fondos europeos.
El presidente húngaro, Tamás Sulyok, ha firmado este sábado la reforma constitucional que pone fin a su mandato y abre la puerta a la nueva era política impulsada por el primer ministro Péter Magyar. La decisión, tras meses de presión pública, desmantela el legado institucional del anterior Gobierno de Viktor Orbán y reaviva el debate sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea.
Una firma forzada por la presión política
Sulyok, nombrado por Orbán, se había resistido durante meses a los llamamientos de Magyar para que dimitiera. El primer ministro, líder del partido Tisza, consideraba al presidente un símbolo de la “mafia” creada por Orbán, en sus propias palabras. El lunes, el Parlamento húngaro aprobó una enmienda constitucional diseñada específicamente para destituir a Sulyok y reinstaurar la edad de jubilación forzosa a los 70 años para los jueces del Tribunal Constitucional, lo que expulsará a cuatro magistrados, incluido su polémico presidente, Péter Polt.
El presidente disponía de cinco días para firmar. Muchos esperaban que se negara y remitiera la enmienda al Tribunal Constitucional, pero esa vía estaba bloqueada: Orbán eliminó en 2013 la capacidad del tribunal para revisar la constitucionalidad material de las reformas, limitándolo a defectos de procedimiento. Así, Sulyok ha acabado cediendo, aunque no sin denunciar la situación.
“Cumplo mi obligación constitucional tras sopesar mis opciones legales y mi conciencia. Pero es una prueba duradera de que los valores de una sociedad libre —el Estado de Derecho, la democracia y la separación de poderes— han sido pisoteados por el poder político”, escribió en redes sociales. Con su firma, Sulyok dejará el cargo el lunes y será sustituido por la presidenta del Parlamento, Ágnes Forsthoffer, que asumirá la jefatura del Estado de forma interina.
La respuesta de Orbán y las dudas sobre el Estado de Derecho
Viktor Orbán, fuera del país siguiendo la final del Mundial de fútbol, reaccionó con contundencia: “Si esto se le ha podido hacer al presidente de la República, mañana nadie estará seguro. ¡Dios proteja a Hungría!”. El ex primer ministro ve en la destitución un ataque frontal a su legado, pero sus críticos recuerdan que fue precisamente él quien vació de contenido al Tribunal Constitucional.
Márta Pardavi, copresidenta del Comité Helsinki húngaro, subrayó a POLITICO Europe que “lo que Hungría necesita ahora son personas con fuerte integridad y compromiso democrático para reconducir al país hacia la democracia y el Estado de Derecho. El presidente Sulyok no cumplía esos criterios”.
Magyar, por su parte, celebró la firma: “Con la firma de Tamás Sulyok, el último obstáculo a nuestras decisiones conjuntas ha sido eliminado. Estamos devolviendo a los húngaros algo que el régimen de Orbán intentó arrebatarles durante años: la certeza de que el poder puede ser limitado”.
La destitución de Sulyok despeja el camino para Magyar, pero el precio es una fractura institucional que Bruselas no puede ignorar si quiere mantener la coherencia del mecanismo de condicionalidad.
El Eje del Poder Europeo
El cambio de guardia en Budapest sacude el tablero comunitario. La UE observa con atención: la rápida desarticulación del sistema judicial heredado de Orbán reabre la pregunta de si el mecanismo de condicionalidad —la herramienta que permite congelar fondos europeos a un Estado miembro que vulnera el rule of law— debe activarse ahora que el país gira hacia estándares democráticos. La Comisión Europea, congeló 6.300 millones de euros a Hungría en 2022 por deficiencias en el Estado de Derecho; la llegada de Magyar podría acelerar la liberación de esos fondos, pero también exige garantías de que las reformas son irreversibles.
Para España, la lección es doble. Por un lado, el caso húngaro demuestra que las mayorías amplias pueden desmontar estructuras autoritarias mediante instrumentos constitucionales, un espejo incómodo para quienes ven en la falta de consenso un límite infranqueable. Por otro, la condicionalidad que pesa sobre Hungría recuerda que la Comisión Europea dispone de herramientas equivalentes para cualquier socio, incluidos los del sur, si detecta retrocesos en la independencia judicial o la lucha contra la corrupción. España tiene pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la reforma del sistema de nombramientos, asuntos bajo el escrutinio de Bruselas.
En el eje del poder, el giro húngaro debilita al bloque de Visegrado —Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia— que Orbán lideraba como referente iliberal. Polonia, con Donald Tusk de vuelta, ya se había desmarcado; ahora Budapest podría alinearse más con el núcleo duro franco-alemán en temas de Estado de Derecho, aunque su política exterior (Ucrania, Rusia) siga siendo una incógnita. La próxima cumbre del Consejo Europeo medirá la temperatura real: Magyar necesitará el apoyo de los grandes para desbloquear fondos y legitimar su reforma, mientras París y Berlín valoran si pueden contar con un nuevo aliado dentro de una UE cansada de vetos.
La firma de Sulyok es un punto de inflexión, pero el verdadero test será la capacidad de Magyar para consolidar las reformas sin fracturar el país y convencer a Bruselas de que el cambio es sólido. De momento, la era post-Orbán ha comenzado con un portazo.
