Hungría ha consumado este sábado el golpe de timón institucional que Peter Magyar prometió en campaña: el presidente Tamás Sulyok, último gran cargo leal al ex primer ministro Viktor Orbán, ha firmado la reforma constitucional que acaba con su propio mandato. La rúbrica, que el jefe de Estado calificó de «grave y vergonzoso ejemplo de abuso del poder político», deja vacante la jefatura del Estado a partir del próximo lunes y acelera el desmantelamiento del entramado que sustentó 16 años de gobierno ultranacionalista.
La presidenta del Parlamento, Ágnes Forsthoffer, asumirá de forma interina las funciones presidenciales hasta que la Cámara elija a un sucesor en un plazo máximo de treinta días. Magyar, que arrasó en las legislativas de abril con su partido Tisza, había condicionado su programa de regeneración democrática a la reforma de la Constitución húngara, la misma que Orbán modificó a su antojo durante tres legislaturas.
Una firma bajo presión y un legado que se desvanece
Sulyok, un jurista de 70 años elegido en 2024 con los votos del Fidesz, ha cedido después de que Magyar le amenazara con un proceso de destitución si no estampaba su firma en el paquete de enmiendas aprobado el pasado lunes. «Mi firma es el sello definitivo de mis obligaciones como presidente de la República», declaró en un vídeo colgado en redes sociales, en el que apeló a su conciencia y a los estrechos márgenes legales que le dejaba la nueva mayoría parlamentaria.
La reforma no se limita a la jefatura del Estado. Establece una edad máxima de 70 años para los jueces del Tribunal Constitucional, lo que supone el cese inmediato de cuatro magistrados, incluido su presidente, Peter Polt, uno de los hombres de confianza del antiguo régimen. La purga alcanzará a las fiscalías, los organismos reguladores y los consejos de administración de los medios públicos, en una operación que Magyar define como «devolver al pueblo la certeza de que el poder tiene límites».
Magyar acelera la demolición del ‘sistema Orbán’ y pide candidatos ciudadanos
El primer ministro ha invitado esta misma mañana a «partidos, figuras públicas, la sociedad civil y particulares» a presentar propuestas de candidatos para la presidencia. La convocatoria, difundida en un mensaje y un vídeo, busca proyectar una imagen de apertura y de ruptura con el clientelismo que caracterizó al Fidesz. «Estoy seguro de que lograremos elegir un presidente capaz de crear unidad nacional y de representar a nuestra patria de manera digna», afirmó.
La rapidez con que se han sucedido los acontecimientos —el Parlamento dio luz verde a las enmiendas el lunes y Sulyok ha firmado el sábado— revela un cálculo político nítido. Magyar quiere liquidar los contrapesos heredados lo antes posible, antes de que el Tribunal Constitucional o la burocracia afín a Orbán puedan ralentizar el proceso. En paralelo, los fiscales empiezan a revisar causas que apuntan a la cúpula del anterior ejecutivo, lo que añade una dimensión judicial a la ofensiva parlamentaria.
La derrota electoral de Orbán no habría bastado: era necesario reformar la Constitución para desmontar el blindaje institucional que él mismo había tejido durante tres legislaturas.
Orbán, refugiado en Estados Unidos, ha respondido con tono apocalípitco. «Si esto se le pudo hacer al presidente de la República, entonces nadie estará a salvo mañana. ¡Que Dios proteja a Hungría!», escribió en redes sociales. El Fidesz acusó a Magyar de haber instaurado «un período de tiranía del poder abierta», un argumento que contrasta con el silencio de Bruselas, que durante años denunció el deterioro del Estado de derecho bajo Orbán pero que ahora observa los cambios con cautela.
El Eje del Poder Europeo
La transformación húngara altera de inmediato la geometría del poder en la Unión Europea. Orbán era el eje de gravedad del grupo de Visegrado y el principal aliado de los gobiernos de Polonia y Eslovaquia en la batalla contra lo que denominaban «injerencias de Bruselas». Su caída deja huérfano al bloque de los «frugales iliberales» y abre una ventana para que Varsovia, con un ejecutivo más moderado ya asentado, recomponga sus puentes con Berlín y París sin la hipoteca de Budapest.
Para España, el giro tiene una lectura doble. Por un lado, el Gobierno de Sánchez, que siempre exhibió un discurso de firmeza frente a las derivas autoritarias de Orbán, puede presentar la normalización democrática húngara como un éxito de la presión política mantenida durante años. Por otro, la eventual reactivación de los fondos europeos congelados a Hungría —más de 22.000 millones de euros bloqueados por el mecanismo de condicionalidad— reducirá la tensión en las negociaciones presupuestarias, ya que desaparece uno de los vetos constantes que lastraban el Consejo.
Sin embargo, la prudencia se impone. La mayoría absoluta de Magyar descansa sobre una coalición heterogénea que agrupa desde conservadores liberales hasta sectores de la antigua izquierda, y el desmontaje de las estructuras del Fidesz puede generar resistencias en los estamentos judiciales y administrativos aún leales al anterior régimen. La experiencia reciente de Polonia, donde la purga de las instituciones heredadas llevó meses de tensiones con el Tribunal Constitucional, sirve de advertencia. Si Budapest tropieza en el intento, la Unión corre el riesgo de enfrentar una crisis de gobernanza justo cuando necesita estabilidad para digerir la ampliación al este.
En el Berlaymont, la lectura estratégica es clara: la victoria de Magyar demuestra que el pulso entre la Bruselas rule-of-law y los iliberalismos nacionales puede decantarse en las urnas, pero también que el precio de la restauración institucional es una inestabilidad legislativa de corto plazo que Bruselas debe gestionar con delicadeza. La próxima cumbre del Consejo Europeo, prevista para septiembre, será el primer test de cómo se recoloca Hungría en el tablero comunitario.
