La Comisión Europea ha publicado el capítulo español de su Informe sobre el Estado de Derecho 2026, fechado el 17 de julio de 2026, en el que constata avances limitados en la ejecución de las reformas judiciales y legislativas recomendadas en años anteriores. El documento mantiene seis recomendaciones pendientes y subraya que un 92 % de los ciudadanos percibe corrupción extendida.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué resuelve la Comisión? El informe señala que España ha registrado «avances limitados» en la implementación de las reformas del sistema judicial y mantiene sin culminar todas las recomendaciones del ejercicio anterior.
- ¿Qué base jurídica aplica? El análisis se enmarca en el Mecanismo de Estado de Derecho de la Unión Europea, basado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y en las Comunicaciones de la Comisión sobre el refuerzo del Estado de Derecho.
- ¿Qué impacto tiene? La falta de ejecución afecta a la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y el pluralismo mediático, y eleva la presión sobre las reformas procesales pendientes en las Cortes.
El diagnóstico de la Comisión: corrupción percibida y reformas inacabadas
El capítulo correspondiente a España del Informe sobre el Estado de Derecho 2026 sitúa la percepción ciudadana como el indicador más grave. Según el Eurobarómetro de 2026, el 92 % de los encuestados cree que la corrupción está generalizada en el país, frente al 71 % de media en la Unión Europea. Además, un 53 % se siente personalmente afectado por ella, casi el doble que la media comunitaria (30 %). Entre las empresas, el 85 % la considera extendida y el 62 % la ve como un obstáculo para los negocios.
El informe de Bruselas reconoce que el marco institucional ha respondido con planes y normas: el Plan Estatal contra la Corrupción aprobado el 26 de agosto de 2025, el anteproyecto de Ley de Administración Abierta y la puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI). Sin embargo, subraya que la implementación práctica sigue siendo débil. La AIPI opera con presupuesto provisional, tiene cubiertas solo 14 de sus 23 plazas y ya ha recibido más de 400 denuncias, a un ritmo de cuatro al día. «Buena voluntad, medios escasos», resume el documento.
En el ámbito procesal, la Comisión anota «algún avance» en la investigación de la corrupción de altos cargos. El proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé una instrucción breve de naturaleza no judicial, plazos bajo control judicial y una ampliación de la prescripción para los delitos de corrupción. Durante 2025 se juzgaron 76 casos, de los que 52 finalizaron con condena total o parcial. La Fiscalía Europea mantenía cuatro causas abiertas en España a final de año.
Recomendaciones, CGPJ y la reforma de la acción popular
Bruselas formula seis recomendaciones que repiten, en esencia, las del año anterior: adaptar el sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reforzar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, acortar la instrucción de los grandes casos de corrupción, endurecer las reglas sobre conflictos de intereses de los altos cargos, sacar adelante la ley de lobbies y completar la reforma del acceso a la información. Todas empiezan con «se recomienda a España» y todas apuntan a terminar lo empezado.
La reforma del CGPJ registra «algún avance adicional», según el informe. El Consejo pidió dictamen a la Comisión de Venecia, que el 13 de octubre de 2025 valoró dos modelos. El de elección directa por los jueces se ajusta al estándar europeo de selección entre pares; el que reserva la última palabra al Parlamento no, porque lo expone a la politización. Se presentaron dos proposiciones legislativas para implantar la elección por pares en octubre y noviembre de 2025, pero la Comisión admite que no hay consenso para cerrar el asunto. Mientras tanto, el CGPJ ha realizado 196 nombramientos de altos cargos judiciales desde su renovación, la mayoría por amplio consenso.
La Comisión constata que España aprueba planes ambiciosos pero carece de la voluntad política para culminar las reformas estructurales que recomienda año tras año.
Una de las novedades más llamativas es la reforma de la acción popular, amparada en el artículo 125 de la Constitución. El proyecto exige acreditar una conexión «directa, relevante y sustancial» con el interés público y prohíbe expresamente su ejercicio a partidos políticos, asociaciones afines, jueces, fiscales y sus respectivas asociaciones profesionales. Se vende como remedio contra los abusos, aunque su tramitación sigue abierta.
El informe también dedica un apartado a la independencia del Ministerio Fiscal. Califica de «avance significativo» el proyecto de ley orgánica que establece un mandato de cinco años no renovable para el fiscal general y el traspaso de la instrucción penal de los jueces a los fiscales. La anteriormente mencionada condena del Tribunal Supremo al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de información confidencial, y su posterior cese el 9 de diciembre de 2025, marcaron el año judicial. Tanto la Fiscalía como el ex fiscal han recurrido la sentencia ante el Tribunal Constitucional.
En el apartado de pluralismo mediático, Bruselas alerta sobre el riesgo «medio-alto» de injerencia política en RTVE tras la reforma de 2024. Los Consejos de Informativos de TVE y RNE denunciaron en enero de 2026 un deterioro de los estándares profesionales. El informe aplaude la reforma de la publicidad institucional, que establece un techo del 35 % de la facturación de cada medio, y el anteproyecto de Ley de Información Clasificada, que sustituiría la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Sin embargo, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana —la denominada «ley mordaza»— sigue empantanada en el Congreso.
La lectura doctrinal: el análisis de la Comisión Europea
El Informe sobre el Estado de Derecho 2026 se inscribe en el Mecanismo europeo de Estado de Derecho, una herramienta preventiva que la Comisión activó en 2019 para detectar riesgos sistémicos antes de que se conviertan en crisis. Su base jurídica se encuentra en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que consagra los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y derechos humanos, y en la Comunicación de la Comisión COM(2019) 343 final, que articuló el ciclo anual de informes por país.
El capítulo español exhibe el mismo patrón que la Comisión viene señalando desde 2020: un desfase entre la producción normativa y la eficacia real de las reformas. Bruselas no impone sanciones —el artículo 7 del TUE prevé un procedimiento sancionador que nunca se ha activado plenamente contra España—, pero la reiteración de recomendaciones pendientes genera una presión política creciente sobre el Gobierno y el legislativo. La omisión de una reforma consensuada sobre la elección del CGPJ es el ejemplo más claro de un bloqueo que vulnera los estándares europeos sobre independencia judicial, recordados por la Comisión de Venecia y por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto C‑64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que estableció que la independencia judicial es inherente a la tutela judicial efectiva).
El informe no analiza en profundidad las sentencias del TJUE sobre la amnistía dictadas el 16 de julio de 2026 (asuntos C‑523/24 y C‑666/24), pero su mera mención evidencia que la última palabra sobre el encaje europeo de la ley corresponde a Luxemburgo. Quedan pendientes dos cuestiones prejudiciales más. Desde una perspectiva doctrinal, la situación española ilustra la tensión entre la soberanía legislativa nacional y el control europeo del Estado de Derecho, una dinámica que cobrará mayor relevancia cuando se resuelvan todos los procedimientos.
La Comisión Europea recuerda asimismo que España arrastra 22 sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pendientes de ejecución a 17 de junio de 2026. La falta de cumplimiento de estas resoluciones obliga a los operadores jurídicos a litigar con una incertidumbre adicional y expone al Estado a nuevas condenas. El mensaje es claro: legislar mucho no equivale a ejecutar bien, y el déficit de implementación afecta directamente a la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
FICHA DEL CASO
- El caso: El capítulo español del Informe sobre el Estado de Derecho 2026 de la Comisión Europea analiza la justicia, la lucha contra la corrupción, el pluralismo mediático y los contrapesos institucionales en España.
- Datos importantes: Un 92 % de los ciudadanos percibe corrupción generalizada; el informe mantiene seis recomendaciones del año anterior sin ejecutar plenamente; la AIPI ha recibido más de 400 denuncias desde su puesta en marcha; la reforma de la acción popular prohibiría su ejercicio a partidos políticos; el proyecto de reforma del fiscal general establece un mandato no renovable de cinco años.
- Fecha de la publicación: El informe fue firmado por la Comisión el 17 de julio de 2026.
- Personas acusadas y por qué: N/A.
