El sindicato LAB ha emitido un voto particular en el Consejo Económico y Social (CES) contra el decreto del Gobierno Vasco que crea el fondo Indartuz, al considerar que el instrumento de inversión público-privada socializa pérdidas y privatiza beneficios, además de no vetar de forma explícita a la industria armamentística.
El voto particular de LAB contra el fondo Indartuz
El fondo Indartuz, diseñado como un vehículo para grandes inversiones transformadoras y complementario del ya existente Finkatuz —con el que la Administración autónoma adquiere participaciones societarias en empresas estratégicas—, se sustenta en la filosofía de que cada euro público movilice tres de inversión privada. Sin embargo, LAB considera que este modelo de colaboración público-privada “garantiza la rentabilidad de los bancos privados” sin asegurar el “retorno social”.
El sindicato señala a entidades como Kutxabank, que califica como “una entidad privada más”, sin el espíritu local de las antiguas cajas que la crearon (BBK, Vital y Kutxa). Para LAB, el dinero público no debe destinarse a blindar los beneficios bancarios mientras las posibles pérdidas “repercutirán negativamente en los recursos públicos”. “Lo pagaremos entre todos”, ironiza en el escrito al que ha tenido acceso esta redacción.
Condiciones sociales y el veto a la industria militar
Entre las exigencias recogidas en el voto particular, LAB reclama que las empresas que accedan a la financiación de Indartuz cumplan requisitos mucho más estrictos de los actualmente previstos. Propone, por ejemplo, que al menos el 80% de la plantilla sea fija, y que las compañías acrediten planes de igualdad, medidas contra la brecha salarial, protocolos de no discriminación LGTBI+ y racial, planes de normalización del euskera y políticas de prevención de riesgos laborales.
El sindicato va más allá en materia de sanciones: si una empresa beneficiaria incumple esos compromisos, debería devolver la mitad de lo cobrado más intereses, y se exigiría un reintegro del 100% en caso de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), despidos o incremento de la temporalidad. “El dinero público no se puede emplear para financiar la destrucción del empleo, ni tampoco la precarización”, avisa LAB.
El sindicato sostiene que Indartuz socializa pérdidas mientras privatiza beneficios, y reclama que las empresas que reciban financiación cumplan estrictas condiciones laborales y sociales.
Pero la crítica más contundente es la ausencia de un veto explícito a la industria armamentística. LAB exige retirar la puerta abierta a la “expansión de la industria militar”, a la que acusa de impulsarse “como una oportunidad” mientras se obvia el impacto de las guerras. “No se puede negociar ni con el genocidio ni con las guerras”, afirma el sindicato, que reclama “una industria socialmente necesaria y ecológicamente sostenible”.
El contexto: la amenaza del Constitucional y el debate sobre el empleo
La denuncia de LAB se produce en un momento en que el Gobierno central ha amagado con recurrir al Tribunal Constitucional una modificación legal incluida en los presupuestos vascos de 2026, precisamente por facilitar inversiones en el sector militar. Según el sindicato, esa política colisiona con los principios que debería regir Indartuz y supone un riesgo añadido para la credibilidad del instrumento público.
Más allá del veto armamentístico, LAB cuestiona otros ejes del decreto, como la apuesta por la “relocalización industrial” o la “internacionalización”, prácticas que, a su juicio, pueden ocasionar pérdida de empleo. El sindicato insiste en que las inversiones no deben medirse solo en términos de competitividad, sino por su contribución al “bienestar de toda la sociedad”.
El Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Gobierno Vasco, ha emitido ya su dictamen con el voto particular de LAB. El Ejecutivo autonómico, por el momento, no ha respondido públicamente a las alegaciones.
