Catalunya mantiene una diferencia abismal en el tamaño de su sector público institucional respecto a cualquier otra comunidad autónoma. Según los últimos datos de la Intervención General del Estado (IGAE), la Generalitat cuenta con 272 entes públicos, frente a los 101 de la Comunidad de Madrid y los 129 de Andalucía. La cifra, que la sitúa como la administración más densa del país, alimenta el debate recurrente sobre la eficiencia del gasto autonómico y el legado de décadas de crecimiento institucional.
El inventario de la IGAE agrupa agencias, consorcios, fundaciones, sociedades mercantiles, universidades y otras entidades sin ánimo de lucro. En el caso catalán, más de dos tercios son consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles, un modelo que arrancó en los años ochenta pero que se aceleró a partir de 2010, con la llegada de Artur Mas a la Generalitat. Los ejecutivos de Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès engordaron progresivamente el perímetro público, hasta alcanzar las 277 entidades en 2025.
El actual Govern de Salvador Illa ha aplicado este año una «limpieza de inventario» que ha reducido la cifra a las 272 actuales, principalmente mediante la disolución de comités y órganos colegiados obsoletos. Sin embargo, el tamaño y el presupuesto de las agencias principales se ha expandido, compensando en términos económicos la reducción numérica. La lectura política es doble: se manda un mensaje de racionalización mientras se mantienen las estructuras clave heredadas.
El legado de la expansión en la era Mas y el contraste con Madrid
La brecha entre Catalunya y Madrid no es solo cuantitativa; arrastra una historia de decisiones opuestas frente a la crisis. Andalucía, hoy con 129 entes, acometió en 2010 un recorte drástico que eliminó 111 de sus 254 empresas públicas, una tijera que continuó hasta 2017 bajo distintos signos políticos. La Comunidad de Madrid también cerró 102 organismos durante la era Aguirre y desde entonces apenas ha creado uno nuevo —el Ballet Español— mientras liquidaba Madrid Activa.
En Catalunya, en cambio, no hubo una poda semejante. Los gobiernos independentistas de Mas, Puigdemont, Torra y Aragonès utilizaron el sector público institucional como palanca de construcción nacional y prestación de servicios al margen de la administración central. Consorcios, fundaciones y mercantiles se multiplicaron para gestionar desde la vivienda hasta la promoción exterior, pasando por la cultura y la acción social. Más de la mitad de los entes catalanes actuales nacieron después del año 2000, un dato que contrasta con la estabilidad madrileña.
La fragmentación del sector público catalán no es un accidente administrativo, sino una decisión política sostenida durante quince años.
El colchón local: Barcelona suma más entes que la propia Generalitat
Si el plano autonómico ya desborda la media, el local eleva la excepcionalidad catalana. La provincia de Barcelona acapara 292 entidades dependientes de ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades, una cifra que supera por sí sola el total de la Generalitat y casi triplica los 101 organismos autonómicos madrileños. Tarragona añade 110, Lleida 76 y Girona 73, sumando un total de 551 entes locales en Catalunya, frente a los 525 de las ocho provincias andaluzas juntas.
Estos organismos prestan servicios de agua, residuos, mantenimiento viario, cultura o turismo. Su proliferación está directamente ligada a la estructura municipal del territorio y a una tradición de externalización mediante empresas y fundaciones propias. El resultado es un ecosistema complejo que difumina las responsabilidades y encarece la coordinación, aunque también permite cierta agilidad en la gestión de proximidad.
Eficiencia, austeridad y el debate político
La comparación territorial evidencia que el número de entes públicos no guarda relación lineal con la población ni el PIB. Andalucía, con 8,7 millones de habitantes, tiene menos de la mitad que Catalunya (272 vs 129). Madrid, con 7 millones, se queda en 101. El País Vasco, con 97, supera a comunidades más pobladas como Galicia (94) gracias a su estructura foral hiperfragmentada. En el otro extremo, La Rioja y Ceuta empatan a 18, y Melilla cierra con 6, disparidades que reflejan inercias históricas y decisiones políticas arbitrarias.
El caso de Catalunya resulta paradigmático porque la expansión del sector público no ha sido acompañada de una mejora proporcional en la calidad de los servicios según varios indicadores. Las listas de espera sanitarias, la gestión de Rodalies o los retrasos en dependencia no se han reducido al ritmo que crecía el entramado institucional. Esta paradoja está en el centro del debate sobre la eficiencia del gasto autonómico y alimenta las críticas desde Madrid y desde dentro de la propia comunidad, donde sectores empresariales y políticos reclaman una auditoría funcional.
La reciente reducción de cinco entes llevada a cabo por Illa apunta en esa dirección, pero resulta meramente cosmética si no se ataca el núcleo del problema: la falta de evaluación de impacto de los consorcios y fundaciones, muchos de los cuales arrastran inercias desde los tiempos de Pasqual Maragall y José Montilla. El Govern se ha comprometido a una racionalización más profunda, pero cualquier movimiento tropieza con resistencias internas y con el temor a que una tijera brusca pueda interpretarse como un recorte ideológico al autogobierno.
La fotografía de la IGAE deja un titular claro: Catalunya necesita explicar por qué necesita 272 entes autonómicos mientras Madrid funciona con 101. La respuesta, en los pasillos del Palau de la Generalitat, combina historia, identidad y un cálculo poco confesable de que ninguna estructura pública se desmonta sin coste político. Por ahora, el inventario sigue creciendo en presupuesto aunque pierda algunas siglas.
Los próximos Presupuestos de la Generalitat, cuyo debate comenzará en otoño, serán la primera prueba de fuego para comprobar si la contención cuantitativa se traduce en una reducción real del gasto corriente. Hasta entonces, la comparación seguirá siendo un arma arrojadiza en el Parlament y en la política madrileña.
