Julio Martínez, socio y presunto testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha remitido un escrito al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el que admite el cobro de una comisión del 1% —unos 530.000 euros— por intermediar en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra. En el documento, sitúa al expresidente como quien «marcaba los pasos» y lideraba la estrategia para obtener el préstamo de la SEPI.
El contenido del escrito: una comisión del 1% y el liderazgo del expresidente
La defensa de Julio Martínez detalla que el pago se articuló mediante un contrato firmado el 19 de enero de 2021 entre Plus Ultra y su sociedad Idella Consulenza, por el cual la aerolínea se comprometía a abonar el 1% del préstamo público si éste se concedía. La cuantía, que ascendía a aproximadamente medio millón de euros, se pactó en pagos diferidos hasta 2026, a través de distintas mercantiles vinculadas al comisionista, para sortear la «presión mediática sobre la financiación pública».
Según el escrito de Martínez el expresidente lideraba la empresa detrás de la operación. La consultora Análisis Relevante (AR), constituida en 2020, fue diseñada para que Zapatero fuera su «principal consultor», emitiera informes de estrategia y extendiera sus relaciones internacionales. Martínez afirma que, aunque Zapatero no figuraba en el accionariado ni en los órganos formales, «era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes». Además, añade que una empresa vinculada a las hijas del expresidente se encargaba de maquetar los informes de AR por una iguala mensual de 3.000 euros.
El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá, y el accionista Roberto Roselli han presentado también sendos escritos en los que corroboran el pago de la comisión y señalan a Zapatero y a Julio Martínez Martínez como los artífices de la intermediación ante la SEPI. Ambos manifiestan dudas sobre el alcance real de la influencia del expresidente, aunque reconocen que la estrategia fue dirigida por él.
Reacciones y la investigación judicial en curso
La causa, instruida por el juez Calama en la Audiencia Nacional, investiga un posible delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en relación con la concesión del rescate de Plus Ultra, aprobado en marzo de 2021 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La declaración de Julio Martínez está prevista para mañana, martes 21 de julio, y la de los ejecutivos de la aerolínea se espera en los próximos días.
La dirección federal del PSOE ha mantenido silencio oficial, limitándose a recordar que se trata de un asunto judicial que afecta a un expresidente y que el partido confía en la actuación de la justicia. Fuentes de Ferraz consultadas por Moncloa.com subrayan que «el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE de hoy no guardan relación alguna con los hechos investigados, que corresponden a un período anterior». No obstante, el caso amenaza con reabrir debates sobre la transparencia en los rescates públicos y la ética de las consultorías vinculadas a exdirigentes.
El comisionista afirma en el escrito que «era el señor Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir» y que la realidad del contrato era que los honorarios correspondían al asesoramiento que él venía prestando desde mayo de 2020.
El Eje del Poder Socialista
El impacto político de la declaración de Julio Martínez trasciende lo judicial y toca una fibra sensible en el PSOE: la herencia del zapaterismo. No es la primera vez que un expresidente del partido se ve salpicado por un procedimiento penal —ahí están los desencuentros con la justicia que atravesaron otros mandatarios—, pero sí es la primera ocasión en la que un exjefe del Ejecutivo es señalado con tanta concreción como «líder» de una operación de influencia.
Desde el equipo de Sánchez se busca desmarcar nítidamente el presente político: el actual secretario general del PSOE ha hecho bandera de la transparencia y la separación de los intereses privados de la función pública. El Gobierno de coalición y el Grupo Parlamentario Socialista llevan meses legislando sobre medidas de integridad pública, con la reciente aprobación de la ley de lobbies y el endurecimiento de las incompatibilidades para ex altos cargos. En ese marco, la sombra de Plus Ultra obliga a Ferraz a redoblar el argumentario de que el PSOE de 2026 no es el de 2011.
Los barones territoriales, como Emiliano García-Page y Adrián Barbón, observan con prudencia la evolución del caso. Ambos presidentes autonómicos han expresado en privado la necesidad de que el partido coopere con la justicia sin fisuras y evite cualquier amago de corporativismo. Page, conocido por sus críticas internas, ya ha advertido en otros contextos que «el PSOE no puede permitirse otro escándalo que erosione la confianza ciudadana».
En el plano parlamentario, la oposición —tanto PP como Vox— aprovechará el ruido mediático para desgastar al Gobierno, aunque la conexión entre los hechos de 2021 y el Ejecutivo actual es, cuando menos, difusa. La estrategia de Sánchez pasa por blindar su gestión con medidas concretas y distanciar cualquier conato de asociación con el pasado. El verdadero riesgo reside en que la investigación judicial alargue su sombra hasta las próximas citas electorales, abonando un relato de presunta corrupción que el PSOE deberá neutralizar con hechos y transparencia.
El precedente más cercano en el imaginario socialista es el caso de los ERE y la larga sombra de la corrupción en Andalucía. Aquello enseñó al partido que, sin una reacción institucional contundente, el desgaste reputacional se cronifica. En el actual escenario, Ferraz confía en que la justicia aclare los hechos sin que la marca PSOE quede indeleblemente manchada.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Confianza en la justicia y empeño en que la gestión actual del Gobierno de Pedro Sánchez no se vea contaminada por asuntos de un expresidente.
- Protagonista: José Luis Rodríguez Zapatero (expresidente del Gobierno).
- Próximo hito: Declaración de Julio Martínez ante el juez Calama este martes, 21 de julio.
