La patronal catalana ha alzado la voz. Foment del Treball denuncia que la inversión ejecutada por el Estado en Cataluña durante 2025 apenas alcanzó los 1.321 millones de euros, el 8,6% del total territorializado. Una proporción que, según sus cálculos, representa menos de la mitad de lo que le correspondería por su peso en el producto interior bruto (PIB) español.
En un comunicado emitido este lunes, la entidad presidida por Josep Sánchez Llibre califica de ‘intolerable e inadmisible’ la situación, como se recoge en el comunicado oficial, y advierte de que este ‘incomplimiento reiterado está asfixiando la economía catalana’. El dato más llamativo no es solo la cifra absoluta sino el bajo grado de ejecución: apenas el 57,4% de las partidas territorializadas previstas en los presupuestos prorrogados de 2023 se materializó efectivamente en 2025.
La historia se repite. Cataluña arrastra desde hace años un déficit inversor crónico que, lejos de corregirse, se agrava con cada ejercicio. En 2024, por ejemplo, el porcentaje de ejecución también se situó por debajo del 60%, según ha denunciado en reiteradas ocasiones la propia patronal. Esta brecha persistente lastra la competitividad de las empresas catalanas y deteriora unos servicios públicos que dependen en parte de las transferencias de capital estatales.
La vieja demanda: traspasar los impagos a la Generalitat
Foment no se limita a la queja. La organización empresarial insta al Govern y al Parlament a alcanzar un acuerdo mayoritario entre las fuerzas políticas para que todos los recursos presupuestados y no ejecutados se transfieran directamente a la Generalitat. Una vieja reclamación que cobra nueva fuerza en un contexto de tensiones políticas por la financiación autonómica.
El objetivo, según el comunicado, es ‘poner fin al maltrato que sufre Cataluña en materia de infraestructuras’ y reforzar de inmediato la capacidad técnica de la Administración del Estado en el territorio. La patronal considera que el modelo actual no solo es injusto, sino que resta eficacia a la inversión pública: los proyectos se eternizan en los despachos ministeriales y acaban perdiendo su oportunidad.
Cataluña recibe la mitad de lo que le tocaría por su aportación al PIB. Una anomalía que lastra la competitividad del principal motor económico de España.
La denuncia coincide con un momento políticamente delicado. El Govern de Salvador Illa (PSC) debe lidiar con la presión de sus socios independentistas, especialmente ERC, que ha situado la mejora de la financiación como condición para mantener la estabilidad de la legislatura. Cualquier desaire en materia inversora se convierte en munición para el independentismo y complica el discurso del ejecutivo socialista.
No es la primera vez que la patronal catalana pone el grito en el cielo. En 2023, con el president Pere Aragonès al frente, la ejecución también fue decepcionante y aquel Govern ya reclamó soluciones. El cambio de color político en Palau no ha corregido el desfase. Fuentes del actual ejecutivo consultadas por Moncloa.com admiten que la cifra del 8,6% es ‘difícil de justificar’ y que trasladarán su malestar a Madrid. Sin embargo, reconocen que sin un acuerdo político amplio, la Generalitat tiene poca capacidad de presión.
Infraestructuras: entre el agravio y la incapacidad gestora
Los datos de Foment del Treball reflejan una realidad que trasciende la coyuntura: el sistema de inversión estatal territorializada está roto. Mientras otras comunidades logran porcentajes más alineados con su aportación al PIB, Cataluña se queda sistemáticamente rezagada. El Ministerio de Hacienda suele esgrimir que la baja ejecución responde a la ausencia de proyectos maduros presentados por la propia Generalitat, una acusación que el Govern rechaza de plano.
La patronal catalana ha dejado claro que no se conformará con una mejora cosmética. Exige un pacto político que trascienda los cambios de gobierno en Madrid y Barcelona y que garantice a la Generalitat la capacidad de planificar con certeza sus inversiones. Algo que, en la práctica, equivaldría a un acuerdo bilateral de gestión de fondos estatales con control autonómico, un modelo que choca con la visión centralista del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La pelota está ahora en el tejado del Parlament. Si las fuerzas catalanas logran un frente común, la presión sobre Moncloa será máxima. De lo contrario, el círculo vicioso de la baja ejecución presupuestaria y las quejas empresariales se repetirá en 2026.
