El Gobierno vasco entierra tres proyectos de hidrocarburos en el subsuelo: Lore, Landarre y Sustraia

La orden, publicada en el BOPV, afecta a 131.000 hectáreas entre Bizkaia y Gipuzkoa y a los 571.246 euros invertidos desde 2018. La normativa autonómica contra el cambio climático y la prohibición del ‘fracking’ hacen inviable la extracción.

El Gobierno Vasco ha declarado la extinción definitiva de los permisos de investigación de hidrocarburos Lore, Landarre y Sustraia, según publica el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).

La resolución, firmada por el consejero Mikel Jauregi, pone fin a las autorizaciones concedidas en 2018 por un periodo de seis años que ya ha expirado. La orden, publicada este martes en el BOPV, no ha recibido objeciones por parte de los titulares. Los tres proyectos sumaban originalmente 131.000 hectáreas en la franja interior que une Bizkaia y Gipuzkoa.

Los trabajos de investigación, que no incluyeron sondeos profundos, se limitaron al análisis geológico del subsuelo. La posibilidad de extraer hidrocarburos mediante fractura hidráulica (‘fracking’) fue descartada por la fuerte contestación social y, más tarde, por la prohibición legal en la comunidad autónoma.

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Tres permisos, dos socios y 571.246 euros invertidos

La iniciativa arrancó con un 50% de participación de la sociedad pública Shesa y de una filial del grupo Petrichor, empresa radicada en los Emiratos Árabes Unidos con origen neerlandés. Shesa, íntegramente participada por el Gobierno Vasco, y Petrichor formaron una unión temporal. Durante los seis años de vigencia, la inversión conjunta se elevó a 571.246,25 euros, según los datos oficiales del BOPV.

La Ley de Cambio Climático y la normativa estatal cierran el camino

La normativa autonómica más relevante es la Ley de Cambio Climático de Euskadi, aprobada en 2024 con los votos a favor de PNV, PSE-EE y EH Bildu. Esta ley obliga a las instituciones vascas a desinvertir en combustibles fósiles antes de 2030 y prevé la disolución de Shesa y el traspaso de sus funciones al Ente Vasco de la Energía (EVE). Además, una ley estatal de 2021 dejó ‘sin contenido práctico’ la investigación de hidrocarburos cuando la extracción comercial resulta inviable, como es el caso en Euskadi.

El Gobierno Vasco sitúa esta decisión en su plan de transición energética 2030, que contempla alcanzar un 20% de consumo final renovable. La salida ordenada de los hidrocarburos es coherente con la hoja de ruta de descarbonización y se alinea con la Ley de Cambio Climático estatal y los objetivos de la Unión Europea. En comparecencias parlamentarias, el consejero Jauregi ya había adelantado que los permisos no serían renovados.

La orden de extinción, firmada por el consejero Mikel Jauregi, cierra definitivamente una etapa de seis años de investigación en un contexto normativo que hace inviable la extracción de hidrocarburos en Euskadi.

El precedente de Viura y el fin de Shesa

Este cierre se suma a la venta, en 2024, de la participación del 37% que Shesa poseía en el permiso Viura, un yacimiento de gas en La Rioja que ha sido el más rentable para las arcas vascas, con ingresos recurrentes por la producción. La compradora fue Heyco Group, que tras varias reorganizaciones societarias controla ahora también la filial de Petrichor.

Shesa, constituida en 1988 como sociedad pública del Gobierno Vasco, gestionó participaciones en los principales proyectos de hidrocarburos del País Vasco. Su disolución, prevista para los próximos meses, forma parte de la reestructuración del sector público energético y responde al compromiso de abandonar los combustibles fósiles para 2030.

En 2020, la entonces consejera Arantxa Tapia aceptó ya una renuncia parcial a los tres proyectos, lo que adelantó el desinterés institucional en la exploración. Un cuarto permiso, Lurra, nunca llegó a desarrollarse. La movilización social contra el ‘fracking’ fue especialmente intensa en las comarcas afectadas.

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Ni Petrichor ni Heyco han presentado alegaciones a la extinción de los permisos, confirman fuentes del Gobierno Vasco. La falta de objeciones agiliza el cierre administrativo y evita posibles litigios.

Con esta decisión, el Gobierno Vasco da un paso más en su estrategia de descarbonización y se aleja definitivamente de la exploración de hidrocarburos. La apuesta por las renovables, como la eólica o la solar, se sitúa en el centro de la política energética autonómica.