Francia ha aprobado este miércoles 22 de julio una ley que impide a los menores de 15 años acceder a redes sociales sin permiso parental y prohíbe los teléfonos móviles en las escuelas. La norma, que aún debe recibir el visto bueno del Consejo Constitucional, sitúa al país galo como el primer socio de la Unión Europea en adoptar un veto de este calibre, replicando el modelo que Australia implantó en 2024.
Claves de la operación
- Permiso parental obligatorio y verificación de edad sin definir. Las plataformas deberán garantizar que los menores de 15 años obtienen el consentimiento de sus padres para abrirse una cuenta. El regulador ARCOM decidirá el sistema tecnológico de verificación, pero la ley no concreta si será por documento de identidad, reconocimiento facial u otros medios.
- Prohibición total de móviles en los centros educativos desde septiembre. La ley recoge el veto a los teléfonos en colegios e institutos, una medida que el presidente Macron quiere ver en marcha al inicio del próximo curso escolar.
- Primer test en la UE con la sombra de Australia y el foco sobre España. La decisión francesa se convierte en el laboratorio europeo de un movimiento global que ya suma a Canadá y Dinamarca. En España, varias comunidades autónomas ya han restringido los móviles en las aulas, y el Gobierno estudia una ley de protección digital del menor que podría incluir medidas similares.
Un veto que copia a Australia y obliga a las plataformas a reinventar la verificación de edad
La prohibición francesa es una traslación casi literal del modelo australiano, que entró en vigor a finales de 2024 obligando a las redes a implementar sistemas de verificación de edad. Sin embargo, la experiencia australiana ha dejado al descubierto las dificultades de cumplimiento. Los dos estudios publicados en abril y junio de este año muestran que un número significativo de menores australianos continuó usando las plataformas sociales tras la entrada en vigor del veto.
El problema de fondo es técnico y operativo. La verificación de edad sigue siendo un desafío para la industria. Herramientas como los filtros de reconocimiento facial o el cruce con bases de datos oficiales plantean dudas sobre privacidad y fiabilidad. Las primeras pruebas de Roblox con verificación obligatoria para su chat de voz evidenciaron que los sistemas actuales son fáciles de burlar y requieren inversiones millonarias. ARCOM, el supervisor francés, tendrá la última palabra, pero no existe un estándar europeo.
París aprieta el acelerador. Macron ha pedido que la ley se aplique ya en septiembre, coincidiendo con la vuelta al cole. Las plataformas más expuestas —Meta, TikTok, Snapchat, X— se enfrentan a la obligación de reconfigurar sus procesos de alta en el país, un mercado de 68 millones de usuarios que representa cerca del 9% de los ingresos publicitarios europeos del sector. Cualquier retraso en el despliegue de la verificación podrá ser sancionado por ARCOM.
Mientras, el debate ya ha saltado los Pirineos. España observa con una mezcla de urgencia y cautela. Varias comunidades, entre ellas Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia, ya han prohibido el uso de móviles en los colegios durante la jornada lectiva, pero hasta ahora no existe una norma estatal que limite el acceso de los menores a las redes sociales. El Ministerio para la Transformación Digital y la AEPD trabajan en un anteproyecto de Ley de protección digital del menor que podría tomar forma a finales de año.
El control parental se convierte en la nueva frontera regulatoria de la economía digital.
El precedente que mira España: de la prohibición autonómica a una futura ley nacional
El movimiento francés refuerza la corriente legislativa que ya se intuye en Bruselas. El Reino Unido ya aplica restricciones a través de su Online Safety Act, Dinamarca prepara su propio veto y Canadá ha presentado un proyecto similar. España, que celebrará elecciones generales en 2027 si se cumple el calendario, necesita decidir si incorpora o no este tipo de restricciones en su próxima legislatura.
Los partidarios de una ley nacional en España cuentan con el apoyo de la Fiscalía de Menores y de asociaciones de padres, preocupados por el impacto del uso abusivo de las pantallas en la salud mental. Pero la industria tecnológica, a través de patronales como Adigital, advierte de que una prohibición total sin alternativas educativas puede resultar ineficaz y provocar una migración de los menores a plataformas no reguladas. El equilibrio será complejo.
La letra pequeña del debate: eficacia dudosa y resistencia de la industria
Los precedentes no son alentadores. Los datos de Australia indican que alrededor del 40% de los adolescentes siguieron usando las redes sociales tras la prohibición, a menudo a través de VPN o creando perfiles con datos falsos. El deseo de los legisladores de proteger a los menores choca con una realidad técnica y cultural que las prohibiciones absolutas difícilmente pueden domar.
Además, las redes sociales han demostrado ser espacios donde los jóvenes construyen parte de su identidad. Una prohibición sin una alternativa de ocio digital puede dejar un vacío que no se llena con actividades extraescolares. La clave no está en el ‘qué’ sino en el ‘cómo’: verificar la edad con eficacia, educar en competencias digitales y ofrecer entornos seguros sin expulsar al menor de la conversación digital.
En esta redacción, consideramos que la ley francesa es un paso necesario, aunque insuficiente. La tecnología de verificación de edad no está madura, y las prisas del Elíseo por tener la norma lista en septiembre recuerdan a las promesas de vacunas instantáneas durante la pandemia: mucha política y poca ingeniería. La industria se resistirá, los adolescentes encontrarán atajos, y los padres terminarán gestionando el problema en casa. Mientras tanto, el debate aterriza en España con la fuerza de un huracán. Y la única certeza es que, para cuando se apruebe la ley en nuestro país, probablemente ya estaremos discutiendo la siguiente vuelta de tuerca regulatoria.
