La Agència Tributària de Catalunya (ATC) afloró durante 2025 un total de 333 millones de euros en fraude fiscal. La cifra supone un incremento del 13% respecto al ejercicio anterior y sitúa al año como el segundo de mayor detección desde que la Generalitat gestiona los tributos cedidos, solo por detrás de los 338 millones que descubrió en 2021. La consejera de Economía y Finanzas, Alicia Romero, y el secretario de Hacienda, Antoni Fernández, han presentado este jueves el balance anual de lucha contra el fraude.
Una máquina inspectora que bate sus propias marcas
El dato de 333 millones consolida una tendencia al alza en la capacidad de la hacienda catalana para detectar irregularidades. En los tres últimos ejercicios, la ATC ha destapado 914 millones de euros en cuotas defraudadas o no declaradas, es decir, casi la mitad de los 2.709 millones recuperados desde que en 2015 se pusiera en marcha el Plan de prevención y reducción del fraude fiscal. Romero ha atribuido el salto interanual a una combinación de más inspectores, mejor formación y nuevas herramientas informáticas: “No es que haya más fraude, es que somos más capaces de detectar más”, ha resumido.
Sucesiones, patrimonio y transmisiones, el gran pastel del fraude
El 96% del importe aflorado se concentra en tres figuras impositivas de especial sensibilidad en Cataluña. El impuesto de sucesiones y donaciones lidera el ranking con 136,7 millones de euros; seguido del impuesto sobre el patrimonio, con 101,6 millones, y del de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que aporta otros 81,4 millones. La ATC realizó 24 liquidaciones por deslocalizaciones fiscales fraudulentas –16 vinculadas a otras comunidades autónomas y 8 a operaciones en el extranjero– por valor de 6,5 millones de euros, y otras 8 liquidaciones por bienes y activos no declarados en el exterior que permitieron rescatar 1,2 millones adicionales.
El aumento del dinero aflorado no mide una epidemia de defraudadores, sino la puntería de unos inspectores que cuentan con más recursos y tecnología.
Fernández ha matizado que si bien la mayor parte de los contribuyentes catalanes cumplen con sus obligaciones, “el fraude fiscal persiste” en un contexto de crecimiento económico y de aumento de los ingresos públicos. Durante 2025, la agencia gestionó 9.232 operaciones de aplazamiento y fraccionamiento, un ejemplo de la automatización que busca facilitar el cumplimiento voluntario sin renunciar al control posterior.
Más allá de la cifra: la justicia social como argumento político
La consellera ha enmarcado la lucha contra el fraude en una cuestión de equidad. “Cada euro menos que se recaba es un euro menos que se dedica a políticas públicas”, ha reivindicado, en un momento en que la Generalitat negocia con el Estado un nuevo modelo de financiación singular que pivotaría, en buena medida, sobre la capacidad recaudatoria de una hacienda catalana reforzada. Las cifras de 2025 alimentan el discurso del Govern: si la ATC ya es capaz de detectar 333 millones sin disponer de competencias plenas, la hipótesis de una administración tributaria integral se presenta como una palanca potencial de ingresos.
Sin embargo, los mismos datos también evidencian la persistencia de bolsas de evasión que, pese al incremento de plantilla y a la digitalización de los cruces de información, siguen aflorando ejercicio tras ejercicio. Desde 2015, la Generalitat ha descubierto 2.709 millones de euros defraudados, una cifra que relativiza la idea de que el problema esté controlado.
El balance de 2025 se cierra, en suma, con un doble mensaje: la maquinaria inspectora funciona mejor que nunca, pero el volumen de dinero que no se declara sigue siendo lo bastante elevado como para que cada nuevo récord sea también un recordatorio de cuánto se escapa todavía.
