EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jim Jordan, ha remitido este miércoles una denuncia penal contra el exfiscal especial Jack Smith al Departamento de Justicia por presunto perjurio durante su testimonio de diciembre de 2024.
- ¿Quién está detrás? Jordan actúa tras la publicación de nuevos datos por el senador Chuck Grassley que indican que el equipo de Smith sí revisó mensajes de texto de 44 legisladores, a pesar de que Smith lo negó bajo juramento.
- ¿Qué impacto tiene? El DOJ ha confirmado que investigará. La remisión eleva la presión sobre el legado del fiscal que lideró los casos contra Donald Trump por el asalto al Capitolio y los documentos clasificados.
Jim Jordan ha dado este miércoles un paso inédito en la ofensiva republicana contra el antiguo fiscal especial Jack Smith. El presidente del Comité Judicial de la Cámara ha presentado una remisión penal que acusa a Smith de perjurio ante el Congreso, al sostener que mintió deliberadamente sobre el acceso de su equipo al contenido de los mensajes de texto de decenas de legisladores. La solicitud, dirigida al fiscal general en funciones Todd Blanche, pide que el Departamento de Justicia investigue posibles cargos criminales contra el que fuera el fiscal más temido por Donald Trump.
El supuesto perjurio se remonta a diciembre de 2024. Aquel día, Smith declaró que su oficina solo había solicitado «registros de llamadas» —datos de enrutamiento, números y duración— y no el contenido de las comunicaciones. «Los registros de llamadas no incluyen el contenido de las conversaciones», afirmó entonces ante el comité de Jordan. Sin embargo, la semana pasada el senador Chuck Grassley reveló que los investigadores sí tuvieron acceso a los textos personales de 44 senadores y representantes, en su mayoría republicanos. Los mensajes habrían llegado a manos de Smith a través de la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA), no directamente de las operadoras de telefonía, un matiz que, según Jordan, Smith ocultó astutamente.
La jugada de Jordan cuenta con respaldo institucional: un portavoz del DOJ confirmó al Washington Examiner que el departamento investigará «todas las pruebas de conducta criminal» contenidas en la remisión. «Todas las personas tienen la obligación de cooperar con una investigación del Congreso debidamente autorizada. El señor Smith, antiguo servidor público, no es diferente», escribió Jordan en su carta, de acuerdo con la cadena Fox News.
Los mensajes que el fiscal dijo no haber visto
La investigación bautizada como Arctic Frost nació al calor de la acusación contra Donald Trump por el asalto al Capitolio del 6 de enero. Según los republicanos, Smith emitió 197 citaciones a 34 individuos y 163 empresas, incluidos bancos y gigantes de telecomunicaciones como AT&T y Verizon, con el objetivo de obtener registros de comunicaciones de más de 430 personas y organizaciones. El senador Ted Cruz, uno de los legisladores espiados, denunció que las órdenes judiciales firmadas por el juez James Boasberg carecían de base legal y permitieron a la administración Biden monitorizar las líneas de nueve senadores republicanos.
La defensa de Smith se centró en distinguir entre metadatos y contenido. Pero Grassley aportó datos que apuntan a que el equipo del fiscal revisó el texto íntegro de los mensajes. La diferencia no es menor: si Smith conocía el contenido y aun así declaró lo contrario, la acusación de perjurio cobra fuerza.
La comisión de Jordan lleva meses persiguiendo lo que los republicanos llaman la «militarización del gobierno. El caso Smith es el último capítulo de esa guerra institucional.
La Lógica de Washington
Hay que entender el movimiento de Jordan como una pieza más del tablero que el Partido Republicano ha desplegado tras recuperar la Casa Blanca. La remisión penal contra Jack Smith no es solo una venganza política: es la ejecución de una doctrina de supervisión legislativa que busca reequilibrar, en palabras de los conservadores, una balanza que durante la era Biden se inclinó hacia la persecución de los rivales políticos. El precedente inmediato está en las remisiones que el Congreso envió contra James Comey o Andrew McCabe, antiguos altos cargos del FBI, aunque ninguna llegó a buen puerto. Esta vez, con un fiscal general afín a Trump en funciones, la probabilidad de que se abra una investigación formal es mucho mayor.
Para España, el asunto no tiene impacto directo en términos comerciales o diplomáticos. Pero sí lo tiene en el plano de la seguridad jurídica: un sistema político en el que el Congreso impulsa procesos penales contra antiguos fiscales especiales genera dudas sobre la estabilidad institucional. El inversor español o europeo que mire hacia Estados Unidos ve un clima donde los nombramientos judiciales y las pesquisas del DOJ pueden cambiar con cada ciclo electoral. Eso eleva la prima de riesgo regulatorio, aunque por el momento los mercados no han reaccionado.
La próxima ventana clave será la respuesta formal del Departamento de Justicia en las próximas semanas. Si decide imputar a Smith, se abriría un proceso que pondría a prueba la independencia del poder judicial frente al legislativo, justo cuando Washington ya vive una intensa batalla por el control de las agencias federales.
Ficha del Caso
- El caso: El presidente del Comité Judicial, Jim Jordan, acusa al exfiscal especial Jack Smith de perjurio por negar bajo juramento que su equipo viera el contenido de los mensajes de texto de legisladores durante la investigación Arctic Frost.
- Datos clave: 44 legisladores vieron sus comunicaciones revisadas; la remisión se basa en datos del senador Grassley y la carta al fiscal general Todd Blanche. El DOJ ha confirmado que investigará. Smith lideró los casos del 6 de enero y los documentos clasificados contra Donald Trump.
- Para España: Sin repercusión directa en las relaciones bilaterales ni en los flujos comerciales. Sin embargo, el clima de contienda institucional y el riesgo de que el Departamento de Justicia se convierta en un campo de batalla partidista añaden incertidumbre regulatoria a las empresas españolas con intereses en EE.UU.
