La proposición de ley para limitar la compra especulativa de vivienda en Cataluña no se votará antes de que acabe el verano. PP y Junts per Catalunya han llevado este miércoles el texto al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), el órgano consultivo vinculado al Parlament, y su dictamen de preceptivo aplaza el debate al próximo periodo de sesiones. La maniobra deja en suspenso una norma clave en el acuerdo presupuestario entre Salvador Illa y los Comuns y deja a la vista la coincidencia estratégica entre populares y posconvergentes frente al Govern.
Según el Consell de Garanties Estatutàries, el recurso obliga a paralizar la tramitación parlamentaria. El CGE dispone de un mes para emitir su dictamen, por lo que la votación definitiva se traslada, como pronto, a finales de septiembre o principios de octubre. Fuentes del Parlament consultadas por Moncloa.com confirman que la Mesa ya ha calificado favorablemente el escrito de petición de dictamen y que el calendario del último pleno de julio queda, por tanto, sin este punto.
El recurso que frena la ley
La proposición de ley, nacida del pacto entre el PSC y los Comuns para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat de 2027, busca limitar las operaciones inmobiliarias de alta rentabilidad en las zonas de mercado residencial tensionado. Bajo la dirección del grupo parlamentario de Jéssica Albiach y con el aval del Govern, el texto prohíbe la compra de inmuebles para revenderlos a corto plazo o destinarlos a alquiler turístico o de temporada. No obstante, la ley no será de obligado cumplimiento, sino que dejará la aplicación en manos de los ayuntamientos.
Tanto PP como Junts ya habían amenazado con impugnar la propuesta. Y han cumplido. El grupo popular, bajo el liderazgo de Alejandro Fernández, sostiene que la norma atenta contra el derecho a la propiedad amparado por la Constitución al cargar sobre la propiedad privada la “función social” de la vivienda. También denuncia una extralimitación competencial de la Generalitat, porque —a su juicio— la legislación urbanística no puede regular aspectos esenciales del derecho civil, que corresponde al Estado.
Los argumentos de Junts
Junts, por su parte, basa su recurso en argumentos similares: vulneración del derecho a la propiedad, de la libertad de empresa y del principio de seguridad jurídica. A diferencia del PP, los posconvergentes añaden una objeción procedimental: consideran improcedente que la norma se haya tramitado por el procedimiento de lectura única, reservado para textos de escasa complejidad o gran consenso.
La coincidencia de fondo entre los dos grupos, sin embargo, va más allá de los motivos jurídicos. En el tablero catalán, el movimiento deja patente una alianza táctica contra el Govern de Illa que los Comuns, socios de investidura, leerán con preocupación. La ley era una de las condiciones que los comunes pusieron sobre la mesa para votar a favor de las cuentas públicas de 2027, aprobadas a principios de este mes de julio. Sin ella, el apoyo parlamentario a futuras iniciativas del presidente podría enfriarse.
La coincidencia de PP y Junts contra el Govern trasciende la discusión jurídica: es una pinza política que amenaza la estabilidad parlamentaria de Illa.
Lo que este bloqueo dice del tablero catalán
La paralización de la ley revela las costuras del pacto de legislatura. Illa necesita a los Comuns para mantener la mayoría, pero también precisa de un mínimo de estabilidad con los sectores económicos y los municipios que recelan de medidas restrictivas sobre la propiedad. El president ha cedido a una norma que le reclamaba su socio de izquierdas, pero no ha logrado blindarla frente a las maniobras de la oposición en el Parlament. Moncloa.com ha consultado fuentes del Govern que admiten malestar con el recurso, aunque evitan cualquier gesto de confrontación con Junts o el PP en público.
Mientras tanto, la ley queda aparcada y la expectativa se traslada a lo que dictamine el Consell de Garanties Estatutàries en septiembre. El CGE es un órgano consultivo, no vinculante: si emite un dictamen favorable a los recurrentes, los grupos podrán mantener sus enmiendas y forzar un debate más largo. Si, por el contrario, avala la constitucionalidad del texto, la ley podría aprobarse en el pleno de octubre. Pero en cualquiera de los escenarios, Illa habrá perdido un mes de legislatura y ganado un punto de fricción con los comunes justo cuando la maquinaria presupuestaria empieza a rodar de nuevo.
