La asociación Hazte Oír ha activado una batería de acciones legales contra la Orden de Óscar Puente que autoriza la ocupación de 16.000 metros cuadrados del Muelle de Poniente para alojar a más de 1.000 inmigrantes.
El equipo jurídico de Hazte Oír ha trabajado intensamente durante todo el fin de semana analizando la Orden y la normativa portuaria, europea, de protección marítima y de defensa. El examen ha revelado serias dudas sobre el cumplimiento de requisitos esenciales: la adecuación del uso al dominio público portuario, la motivación de la decisión, la revisión de los planes de protección, la intervención de los órganos competentes y las autorizaciones sectoriales que pudieran resultar exigibles.
La primera acción se dirige directamente contra Óscar Puente. Hazte Oír prepara la interposición inminente de un recurso potestativo de reposición para que la Orden quede sin efecto y solicita la suspensión inmediata de su ejecución. El escrito sostiene que alojar de forma prolongada a más de mil personas no es un uso portuario y que el ministro no puede utilizar el mecanismo para resolver una discrepancia administrativa como una dispensa de la propia ley. También denuncia la falta de motivación y la posible omisión de trámites esenciales.
La ofensiva continúa ante la Comisión Europea. La asociación presentará una queja ante Bruselas para que compruebe si España ha respetado el Reglamento europeo sobre protección de buques e instalaciones portuarias y la Directiva de protección portuaria; que exija información sobre la revisión de los planes de seguridad; y que valore una inspección. También pide verificar el posible impacto sobre el control fronterizo y sobre la operación Minerva de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.
Hazte Oír exigirá además respuestas al Ministerio de Defensa para saber si las parcelas están afectadas por una zona de interés para la Defensa Nacional o de seguridad militar, si era necesaria una autorización y si la Comandancia Naval fue consultada. «Óscar Puente no puede ocupar primero el puerto y preguntar después si se han cumplido las garantías. Cuando están en juego la conexión marítima de Ceuta con la Península, su abastecimiento y la seguridad de instalaciones sensibles, la legalidad no es un trámite. Exigimos la suspensión de la Orden y que el Gobierno acredite todos los informes, planes y autorizaciones», señalan desde Hazte Oír.
Todo ello el mismo día en el que la Audiencia Nacional confirma que habrá investigación y en la que Hazte Oír ya solicitó ejercer la acusación popular. La asociación confirma que mantendrá abiertos todos los frentes jurídicos necesarios para defender a Ceuta y a los ceutíes.
