Los hermanos acusados del crimen de Francisca Cadenas piden suspender la reconstrucción de los hechos prevista para el 14 de septiembre en Hornachos, según su defensa. El juzgado de instrucción (órgano judicial que investiga los hechos) número 1 de Villafranca de los Barros ha rechazado aplazar la diligencia.
Julián y Manuel González están en prisión provisional (medida cautelar de ingreso en prisión sin condena previa) como presuntos autores (a quienes se atribuyen los hechos sin condena firme) del asesinato de su vecina. La investigación los sitúa la noche del 9 de mayo de 2017 como la fecha en la que acabaron con la vida de Francisca Cadenas; su cadáver permaneció enterrado casi nueve años en el patio de una vivienda de Hornachos.
La reconstrucción fue acordada por el juzgado el 21 de julio de 2026. Para su práctica está previsto un despliegue de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La petición de suspensión y el incidente en la prisión
El abogado de Julián, José Duarte, ha pedido al juez que suspenda la diligencia. Denuncia que el centro penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera, impidió a las defensas entrevistarse con los acusados para preparar la reconstrucción.
El letrado sostiene que solicitó los pases a prisión con antelación suficiente al 14 de septiembre. El Colegio de Abogados de Badajoz los autorizó telemáticamente el 28 de agosto, según el escrito al que ha tenido acceso este canal.
La defensa asegura que regresó sin poder hablar con los acusados y denunció al Jefe de Servicios del centro por vulnerar el derecho de defensa.
Los abogados avisaron por correo electrónico de su visita para el sábado 29 de agosto, pero no obtuvieron respuesta. Se desplazaron al día siguiente, el domingo 30 de agosto, y llegaron a la prisión sobre las 12:40 horas.
Las funcionarias les comunicaron que los domingos no se permiten visitas de abogados. Las defensas invocaron la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la comunicación de los letrados con los presos preventivos, pero el personal del centro no les dejó pasar.
El letrado acusa al Jefe de Servicios de la cárcel sevillana de vulnerar el derecho de defensa al no permitir la comunicación entre presos preventivos y abogados, pese a estar autorizados. En su denuncia ante la Policía Nacional y el juzgado pide que se deduzca testimonio y menciona cuatro posibles delitos, penados con entre dos y seis años de inhabilitación para empleo o cargo público.
La denuncia contra el Jefe de Servicios y el director del centro
Según el escrito, las funcionarias llamaron al Jefe de Servicios por teléfono y este indicó que no se les permitiera pasar, con el argumento de que el correo electrónico avisaba de la visita para el sábado y no para el domingo. El letrado sostiene que el centro reconoció no haber contestado a ese correo.
El abogado también señala al director del centro penitenciario. Asegura que intentaron hablar con él y resultó ‘completamente inútil’; facilitaron un número de móvil y se volvieron sin entrevistarse con los acusados.
La respuesta del juez: sin suspensión por la complejidad del dispositivo
El juez ha rechazado la suspensión en una providencia a la que ha tenido acceso este canal. Recuerda que la diligencia fue oportunamente acordada el 21 de julio de 2026 y que las defensas han dispuesto de tiempo que se estima prudencial para prepararla.
El magistrado no entra a valorar lo ocurrido en la prisión. Subraya que no tiene competencia para investigar los hechos que denuncia el letrado.
Además, considera que tampoco procede suspender la reconstrucción por la complejidad de organización del dispositivo policial. La diligencia queda señalada para el próximo lunes en Hornachos, a la espera de que los acusados confirmen si participan.
