El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) ha suspendido de forma cautelar la doble licitación de ambulancias de Osakidetza tras los recursos sindicales. La resolución afecta al contrato de transporte sanitario urgente y programado, cuya cuantía enfrenta dos cálculos: 650 millones de euros sin IVA, según el Gobierno Vasco, o 1.359 millones si se suman todas las prórrogas y conceptos, según los sindicatos.
La decisión responde a los recursos presentados por LAB, ESK, ELA, UGT y LSB-USO, a los que se sumó la asociación empresarial AE Trans Sanit, según la documentación del OARC. Osakidetza pidió no adoptar la suspensión al considerar que no existe apariencia de ilegalidad en el procedimiento y que la medida prolonga la provisionalidad en Álava y Bizkaia.
Qué dice la resolución del OARC
El OARC explica que la suspensión evita que se consoliden actuaciones procedimentales que más tarde podrían quedar anuladas. A la vez, precisa que la adopción de la medida no implica apreciar, ni siquiera de forma indiciaria, la procedencia de los motivos de impugnación. La decisión tiene, por tanto, carácter cautelar y no entra en el fondo de los recursos.
El contrato se divide en dos lotes: uno para las ambulancias urgentes y otro para las programadas. Según los pliegos presentados en julio por el equipo del consejero de Salud, Alberto Martínez, el presupuesto orientativo asciende a 650 millones de euros para cuatro años, hasta 2030. Los sindicatos elevan la cifra a 1.359 millones si se incorporan el IVA y los tres años de posible prórroga, hasta finales de 2033.
Un servicio en provisionalidad desde 2024
El transporte sanitario vasco mantiene un periodo de excepcionalidad desde noviembre de 2024, cuando Osakidetza rescindió antes de tiempo los contratos con Grup La Pau en Bizkaia y Álava. Para cubrir el servicio se realizaron adjudicaciones directas de emergencia. Ambulancias Gipuzkoa asumió ese territorio y también Álava; en Bizkaia se creó la marca Bizkanb, una unión temporal de empresas formada por Sanir, del grupo Alsa, y Baztan-Bidasoa.
El nuevo expediente buscaba regularizar el servicio con la vista puesta en el 1 de enero de 2027, fecha marcada por el Gobierno Vasco para disponer de las nuevas adjudicatarias. En total hay 386 ambulancias externalizadas: 76 urgentes de color amarillo y 310 para traslados programados. Las UVI móvil son de gestión íntegramente pública.
La suspensión cautelar no prejuzga el fondo de los recursos, pero retrasa la fecha prevista para la nueva adjudicación del transporte sanitario.
El Gobierno Vasco pide celeridad
El viceconsejero de Salud, Aritz Uriarte, ha urgido al OARC a pronunciarse sobre el fondo ‘a la mayor brevedad’ para evitar nuevos retrasos. En declaraciones difundidas por el Ejecutivo, lamenta que la licitación vaya a demorarse y sostiene que los pliegos incorporan ventajas para la calidad asistencial y para las condiciones laborales. También recuerda que el texto ha sido trabajado con asociaciones de pacientes.
El Gobierno Vasco insiste en que la resolución no entra a valorar la motivación de los recursos y se ciñe a las medidas cautelares solicitadas por los recurrentes. Además, confirma que el OARC ha inadmitido uno de los recursos presentados y confía en que el resto se resuelva cuanto antes. Según el Ejecutivo, los nuevos pliegos incluyen mejoras para evitar el pago de servicios retrasados, una de las debilidades que arrastraba el modelo anterior.
La licitación es el mayor contrato de la Sanidad vasca y uno de los de mayor cuantía de la comunidad autónoma. Afecta a la movilidad de pacientes en los tres territorios históricos y concentra la atención de sindicatos y empresas ante la dimensión del servicio. El conflicto contractual se produce además en un contexto de renovación de conciertos sanitarios en Euskadi, con el transporte sanitario como uno de los ámbitos más sensibles.
El OARC es un órgano administrativo dependiente del Gobierno Vasco que revisa los contratos públicos. Su intervención se produce antes de la firma del contrato y puede acordar medidas cautelares cuando los recurrentes alegan posibles perjuicios. La resolución ahora adoptada mantiene la licitación suspendida hasta que se resuelva el fondo de las impugnaciones.
