Dos incendios de gran magnitud en el suroeste de la Comunidad de Madrid llevaron a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a declarar la emergencia de interés nacional el pasado jueves y a trasladar la dirección de las operaciones al Ministerio del Interior. La maniobra, que moviliza a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y centraliza los recursos, llega apenas nueve días después de que el Gobierno autonómico presumiera de que el 81 % de los incendios del año habían quedado en conatos.
¿Por qué Ayuso recurre a la emergencia nacional cuando ella misma celebraba la prevención?
La orden publicada en el BOE no deja lugar a dudas: desde la activación del nivel 3, la dirección única de la emergencia recae en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mientras la UME asume el mando operativo. La propia ley de protección civil concibe este mecanismo para situaciones que desbordan a una comunidad autónoma. Sin embargo, el contraste con el triunfalismo que solo unos días antes exhibía el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, alimenta la sensación de que el recurso al Estado responde tanto a la magnitud de las llamas como a una estrategia política: trasladar la responsabilidad a Moncloa cuando el fuego se vuelve incontrolable.
La presidenta madrileña justificó la petición apelando a la lealtad institucional y confirmó que la coordinación con el Gobierno central era “buena”. Pero el marco comunicativo ya estaba trazado: ceder la dirección operativa mientras Sol se guardaba el argumentario para atribuir a Sánchez cualquier demora o carencia. Esa pauta se repite. Cuando el incendio amenazaba Aldea del Fresno, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, Ayuso recurrió al Gobierno al que diariamente deslegitima.
Del tono institucional al choque frontal: Puente responde al “mamarracho”
El Ejecutivo central intentó durante las primeras horas mantener la contención. Pedro Sánchez presidió el comité estatal de coordinación y Grande-Marlaska insistió en que la obligación del Gobierno es actuar sin discutir cuando una comunidad no da abasto. Pero la prudencia duró poco. El ministro de Transportes, Óscar Puente, quebró la línea institucional con un mensaje en X: “La UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades gobernadas por el PP. Reducen impuestos a los ricos, liberalizan servicios públicos y luego piden al Gobierno que les resuelva la papeleta”.
Ayuso replicó con un exabrupto: “El primer mamarracho que se ponga por medio para calentar el ambiente allá él”. La respuesta de Puente fue inmediata: “De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú”. La vicesecretaria sectorial del PP, Alma Ezcurra, subió el tono al calificar de “miserable” la actitud del Gobierno, retrotrayendo el debate a un terreno de descalificaciones que neutralizó cualquier espacio para la gestión compartida.
La presidenta madrileña cede el mando en la emergencia pero se reserva el derecho a señalar culpables. La misma fórmula que aplicó en el apagón de 2025 y durante la pandemia.
El episodio guarda un paralelismo casi milimétrico con el gran apagón del 28 de abril de 2025. Entonces, Madrid solicitó también el nivel 3, el Ministerio del Interior asumió la dirección y, apenas un día después, Ayuso disparó contra Sánchez acusándole de lentitud e ineficacia. Más tarde elevó la carga en el acto del Dos de Mayo: “A nosotros nadie nos encierra, nos apaga ni nos deja en evidencia ante el mundo”. Ahora, con los incendios, la secuencia se repite: se reclama la intervención estatal, se colabora en lo operativo y, acto seguido, se imputa al presidente cualquier fallo.
El conflicto laboral de los bomberos forestales añade otro ángulo incómodo. Decenas de trabajadores públicos han denunciado que carecen de vehículos y herramientas y que sus ofrecimientos para sumarse a las cuadrillas fueron ignorados por la administración autonómica. En agosto de 2025, ante una huelga, Ayuso afirmó que las mejoras salariales no eran competencia de la Comunidad porque los empleados dependían de Tragsa. Sin embargo, subsiguientemente el Ejecutivo madrileño reconoció que sí disponía de instrumentos contractuales para mejorar las condiciones, poniendo en evidencia un uso selectivo de la externalización de responsabilidades.
El Eje del Poder Socialista
Desde Ferraz se observa esta crisis como una reedición del manual que la derecha madrileña viene empleando cada vez que un problema sobrepasa sus capacidades: nacionalizar la gestión y autonomizar el relato. La presidenta madrileña se apoya en el artículo 155 invertido —el Estado como paraguas— mientras el PP de Feijóo había preparado el terreno exigiendo semanas atrás que el Gobierno activara todos los medios extraordinarios. Génova diseñó un andamiaje discursivo en el que la prevención autonómica siempre tiene éxito y los déficits de extinción son culpa de Sánchez.
Sin embargo, la contundencia de Óscar Puente ha logrado trasladar la pelea al terreno político y desvelar la contradicción de fondo: se reduce la capacidad de los servicios públicos mediante rebajas fiscales y recortes, y luego se reclama al Gobierno central que solucione las crisis originadas por esa misma precariedad. La respuesta del ministro, aunque verbalmente áspera, sirve al argumentario socialista al poner cifras y hechos sobre la mesa: la Comunidad de Madrid destina proporcionalmente menos recursos a extinción que otras autonomías gobernadas por el PSOE y, sin embargo, exige al Estado suplir esas lagunas en el momento más crítico.
La estrategia de Ayuso es arriesgada porque, a corto plazo, le permite desviar el foco de sus propias carencias, pero expone al PP regional a un examen público que puede volverse en su contra cuando los ciudadanos comparen los presupuestos de prevención antes de la catástrofe. Mientras las llamas sigan activas, Moncloa se limitará a coordinar los efectivos sin entrar en el cuerpo a cuerpo político, reservando ese papel al Grupo Parlamentario Socialista que ya ha anunciado que pedirá la comparecencia del consejero Novillo en la Asamblea de Madrid. El Gobierno de Sánchez afronta el envite con una certidumbre: actuar con lealtad institucional no impide señalar que quien pide ayuda es el mismo que ayer jaleaba la autosuficiencia.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: El PP nacionaliza la gestión de la crisis y autonomiza el relato para cargar al Gobierno con el coste político de sus propias carencias.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Los incendios mantienen en vilo el suroeste de Madrid; el Congreso abordará la gestión de emergencias en la próxima sesión de control.
