Oriol Junqueras ha puesto sobre la mesa una de las piezas que, según su hoja de ruta, debería sacar del bloqueo inversor a Cataluña. Tras las vacaciones de agosto, el presidente de ERC quiere sentar al Gobierno central y al Govern en una bilateral para crear un nuevo vehículo público —la Sociedad Mercantil de Inversiones de Cataluña— que asuma de inmediato una encomienda de gestión: la ejecución del mantenimiento y la ampliación de capacidad de la autopista AP-7. La propuesta, adelantada en una entrevista con la agencia EFE y recogida por Crónica Global, llega horas después de que la Intervención General del Estado confirmase que Cataluña apenas recibió el 8,6 % de la inversión regionalizable ejecutada en 2025.
La AP-7 como primer encargo del nuevo instrumento inversor
El plan de Junqueras se vertebra en dos patas que avanzan en paralelo. Por un lado, la constitución formal en septiembre de la Sociedad Mercantil de Inversiones pactada con el Govern de Salvador Illa en el marco de los presupuestos catalanes. Este ente, cuyo objeto social ya está definido, se dedicará a realizar estudios, redactar proyectos y garantizar la ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña. El líder republicano quiere que su primera misión concreta sea una encomienda para la AP-7, con la que el Estado mantendría la titularidad de las obras y su financiación, mientras la Generalitat se encargaría de gestionar y adjudicar los trabajos.
Sobre esa misma autopista, ERC detecta tramos en los que la simple conservación no basta. «Hay que ampliar capacidad donde sea necesario y asegurar un mantenimiento que ahora no llega», ha resumido Junqueras. La fórmula que propone —encomienda de gestión— ya funciona en dos carreteras nacionales catalanas, aunque con dotaciones que el partido considera insuficientes.
Lo que ya hay y lo que falta: N-260, N-II y la espina del Consorcio
La encomienda sobre el Eje Pirenaico (N-260) está dotada con 260 millones de euros, una cifra que Junqueras quiere elevar en 300 millones más. Para la N-II, en el Maresme, los actuales 384 millones también resultan cortos, aunque el republicano no ha precisado cuánto reclama. Estas peticiones de refuerzo no son nuevas, pero ahora se vinculan a la posibilidad de que la Generalitat ejecute directamente las obras, un salto competencial de calado.
El otro instrumento que ERC no abandona es el Consorcio de Inversiones, un órgano que requeriría aval del Congreso y que, según recuerda Junqueras, Junts bloqueó en su día. En sus palabras, «esperamos que esta vez sean un poco más responsables». La Sociedad Mercantil se ve como un sustituto parcial, aunque el partido insiste en que no renuncia a tener ambos entes operando a la vez.
La mejor manera de garantizar las inversiones del Estado en Cataluña es que la Generalitat deje de esperar y pase a ejecutar.
La lectura política: un pie en el Govern y otro en la presión a Junts
El movimiento de Junqueras tiene varias capas. Con el PSC, el pulso es conocido: en palabras del líder republicano, los socialistas «siempre arrastran los pies» cuando se trata de ceder herramientas a Cataluña. El calendario no es casual: la bilateral de septiembre activa los plazos del pacto de investidura, y el Govern de Illa no puede rechazar la constitución de la Sociedad Mercantil porque figura en los presupuestos que ERC respaldó. Con todo, la encomienda sobre la AP-7 no está presupuestada y obligaría al Ejecutivo central a abrir la cartera.
Con Junts, la jugada es aún más incómoda. Al resucitar el Consorcio de Inversiones —y recordar el voto en contra de los neoconvergentes—, Junqueras sitúa a su rival en la tesitura de tener que oponerse a un instrumento que la patronal catalana y los sindicatos ven con buenos ojos. La idea, explica, es que el «consenso social» arrastre a los diputados posconvergentes hacia el sí. Empresarios, cámaras de comercio y universidades ya figuran en el consejo asesor previsto en el pacto presupuestario, que ERC quiere activar cuanto antes.
En paralelo, los republicanos mantienen viva la reclamación de que el Gobierno delegue la gestión y recaudación del IRPF a la Generalitat, una línea roja que ya tumbó el primer intento de presupuestos del Govern. Junqueras admite que será «difícil» que el PSOE acepte, pero añade que los socialistas «de vez en cuando llegan a acuerdos muy importantes para nuestro país».
Lo que observamos desde Moncloa.com es que la ofensiva inversora de ERC tiene más de hoja de ruta compartida con el Govern de lo que parece. La Sociedad Mercantil de Inversiones es un fruto directo de la negociación presupuestaria, y la presión sobre Junts, aunque legítima desde la óptica republicana, también sirve al PSC para diluir responsabilidades si el Congreso vuelve a bloquear el Consorcio. Illa gana tiempo; Junqueras, perfil soberanista sin romper la baraja autonómica. El coste recae sobre la Generalitat si las encomiendas no llegan y sobre el Gobierno central si los Presupuestos Generales de 2027 vuelven a dejar la inversión en Cataluña por debajo de la media.
Cumplir con la AP-7 en los términos que plantea ERC implica superar dos obstáculos: la bilateral de septiembre y la resistencia de Fomento a ceder el control de una autopista que, aunque libre de peaje, sigue siendo estratégica. El consenso social al que apela Junqueras está aún por construirse.
