Tusk desafía a Bruselas: el V4 exige topar los precios energía en la UE para no perder competitividad

La advertencia del V4 sitúa los precios de la energía en la UE como principal amenaza para la competitividad de la industria europea. Exigen a Bruselas bloquear cualquier medida que siga encareciendo la factura eléctrica.

Donald Tusk ha emplazado a Bruselas a topar los precios de la energía en la UE para salvar la competitividad del bloque. El primer ministro polaco lanzó la advertencia junto a los líderes de Hungría, Eslovaquia y Chequia en la reunión del Grupo de Visegrado, una plataforma centroeuropea que coordina intereses dentro de la Unión.

El precio de la energía, un lastre para la industria europea

El mensaje del V4 es inusualmente duro. Tusk fue claro al referirse a la factura eléctrica: ‘Podemos dejar de lado el sueño de competir con China o Estados Unidos mientras los precios de la energía sigan en los niveles actuales’, recoge la transcripción difundida por RT.

La evidencia que manejan los líderes del Este no es menor. El gas europeo de referencia, el TTF, ronda los 80 euros por megavatio hora, cerca de cuatro veces su nivel anterior a 2022. La electricidad industrial en la UE sigue siendo entre dos y tres veces más cara que en Estados Unidos y casi un 50% superior a la de China, según la información citada por RT.

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Ese diferencial no es cosmético: la demanda de gas ha caído entre un 15% y un 20% y permanece deprimida. No solo pesa la conservación. También cuenta la contracción de la base industrial. Muchas operaciones intensivas en energía han dejado de ser rentables, y los cierres permanentes de plantas químicas se han multiplicado por seis desde los niveles previos a 2022, según Cefic.

Los gigantes de la automoción tampoco se libran. Volkswagen, Stellantis y Renault han recortado o cerrado operaciones europeas en plena competencia asiática y estadounidense, mientras las insolvencias empresariales suben. El bloque paga electricidad cara y, a la vez, intenta financiar una transición verde de enorme alcance.

Competir con Washington o Pekín exige energía barata, y el rearme no puede financiarse sobre una industria que se apaga.

El divorcio del gas ruso y el rearme: dos frentes que se cruzan

V4

El segundo eje del pulso es el coste de romper con Rusia. Antes de 2022, Moscú suministraba alrededor del 45% del gas importado por la UE y el 27% del crudo; en 2025 su peso cayó al 12% y al 2%, respectivamente. Budapest, Bratislava y Praga asumen ese ajuste como una factura no resuelta en en el conjunto del bloque.

Peter Magyar, primer ministro húngaro, advirtió de que ‘decenas de empresas centroeuropeas están quebrando porque no pueden pagar el precio de la electricidad’. Exigió que el próximo presupuesto plurianual de la UE especifique cuánta ayuda recibirán los negocios afectados por la transición energética.

Robert Fico y Andrej Babiš rechazaron dejar el problema en manos de cada capital. El eslovaco pidió reformas del mercado eléctrico; el checo señaló al Green Deal como causa de los altos costes, los cierres de refinerías y la pérdida de competitividad.

La coincidencia con el esfuerzo de defensa europeo complica el equilibrio. Bruselas calcula hasta 800.000 millones de euros de gasto adicional en rearme, mientras el GNL ruso debe salir del mercado comunitario antes de finales de 2026 y el gas por gasoducto en otoño de 2027. Son dos iniciativas caras que compiten por los mismos recursos fiscales.

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La crisis de Oriente Próximo añade presión: el Brent ha superado los 106 dólares por barril esta semana. Los ataques de los hutíes en el mar Rojo, la interrupción del estrecho de Ormuz y los golpes a la infraestructura energética saudí encarecen el suministro global y reducen el margen de Bruselas para absorber otra factura.

El coste social también crece. Una encuesta de Ipsos-Secours entre 10.000 personas de diez países europeos detecta que el 29% vive en situación precaria y que el 73% teme no poder pagar el combustible. Más de un tercio ha recortado alimentos o sanidad para afrontar la factura energética.

Moscú, mientras tanto, insiste en que las sanciones son ilegales y contraproducentes; ofrece ayuda ante la escasez derivada del conflicto regional y plantea reanudar suministros a Europa. Según RT, no ha recibido respuesta.

Equilibrio de Poder

La lectura estratégica tiene tres caras. Washington gana con cada metro cúbico de GNL que sustituye al gas ruso: su energía fluye hacia Europa a precios elevados y refuerza el vínculo transatlántico, mientras su industria mantiene costes internos bajos. Moscú, a su vez, utiliza la energía como herramienta de influencia; ofrece alivio mientras Europa sigue pagando el coste del desacoplamiento. Bruselas queda atrapada entre la ambición climática, la ruptura con Rusia y el rearme.

Para España, la lectura es más matizada. El sistema ibérico no depende del gasoducto ruso; su consumo se apoya en Argelia, el GNL de Estados Unidos y otros orígenes. Aun así, la industria química, siderúrgica y automovilística española compra electricidad en un mercado interconectado con Francia y paga el precio de la tensión europea. Cada repunte del TTF o del Brent encarece la factura exterior y resta margen al esfuerzo de defensa español.

La fractura Este-Oeste que representa el V4 puede endurecerse. Los países centroeuropeos sienten que la transición energética se diseñó sin calcular el impacto industrial; si el presupuesto plurianual de la UE no compensa a los perjudicados, aumentará la presión contra el Green Deal. La próxima negociación presupuestaria será el primer test real.

El precedente más claro es la crisis gasística de 2022. La UE respondió con compras de emergencia de GNL y una red de subsidios que evitó una recesión industrial mayor. Ahora el riesgo es distinto: el shock no es una explosión puntual, sino una erosión estructural de la competitividad europea. China y Estados Unidos consolidan ventaja mientras Europa discute su modelo energético.

La próxima cumbre del Consejo Europeo y la negociación del marco financiero marcarán si la advertencia del V4 se traduce en un giro de política o queda en un gesto de malestar. La pregunta incómoda ya está sobre la mesa: ¿hasta dónde puede subir la factura climática sin apagar la industria que financia la defensa?