El Tribunal Supremo ya maneja calendario para aplicar la amnistía a Carles Puigdemont a finales de octubre, según fuentes jurídicas. El juez Pablo Llarena no esperará a resolver el recurso del expresident, sino que seguirá la doctrina que fije el Tribunal Constitucional en el primer amparo que aborde: el del secretario general de Junts, Jordi Turull.
El calendario que baraja el Supremo supondría borrar los delitos del procés atribuidos al líder de Junts. No se trata de una exoneración política: la decisión llegará por la vía de los recursos de amparo, una vez que el tribunal de garantías fije doctrina.
La doctrina de Turull, llave jurídica para Puigdemont
El primer recurso sobre el que el Constitucional resolverá será el de Jordi Turull. La mayoría progresista se espera que se pronuncie en positivo, y de forma vinculante para para el resto de procesados, lo que permitiría agilizar los plazos previstos, anteriormente, fijados en noviembre.
De esta forma, Puigdemont no deberá esperar a la resolución individual de su propio recurso, del eurodiputado Toni Comín y del diputado del Parlament Lluís Puig. Los suyos serán los últimos en resolverse por parte del Constitucional, al estar fuera de España y en situación de rebeldía.
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ya anunció un acelerón de los plazos en una entrevista en RNE. A partir del 22 de septiembre, el tribunal comenzará a deliberar sobre los recursos de amparo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la UE avalara este verano la Ley de Amnistía aprobada por el Gobierno.
La amnistía a Puigdemont ya no se dirime en el plano penal, sino en el de los tiempos judiciales y la conveniencia política.
El aval europeo y el reloj del Constitucional
El aval del TJUE ha cambiado el ritmo del tribunal de garantías. Sin la presión europea, la decisión de fondo sobre la constitucionalidad de la amnistía seguía en un calendario abierto; ahora el Constitucional asume el caso con una mayoría progresista consolidada.
La secuencia elegida es quirúrgica: primero Turull, después los huidos. El efecto práctico es que el Supremo podrá amnistiar a Puigdemont sin esperar a los recursos más incómodos, en particular el del exiliado Toni Comín y el del diputado Lluís Puig.
La lectura política: la amnistía ya se descuenta en el tablero catalán
En esta redacción entendemos que el calendario de finales de octubre tiene una segunda lectura: encaja con la negociación de la financiación singular para Cataluña y con el arranque del curso político en Barcelona. Junts ha hecho de la normalización judicial de Puigdemont una condición operativa para seguir dando espacio al Govern de Salvador Illa, aunque no forme parte del ejecutivo.
La relación entre Moncloa y el Supremo no es directa, tampoco lo es entre el PSC y el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la sincronía entre la agenda judicial y la agenda legislativa refuerza la tesis de que el Gobierno central ha decidido desactivar la carpeta del procés antes de abrir la negociación presupuestaria.
En el Govern se admite, en privado, que el tema ya no moviliza a la base como en 2024 y que el debate real se ha desplazado hacia la financiación y la vivienda. La amnistía sigue siendo simbólica, pero ha dejado de ser el motor de la legislatura.
Para ERC, la amnistía es un activo que ya no puede monopolizar como en 2021. Un calendario judicial resuelto antes de negociar el techo de gasto despeja una de las exigencias de Junts, pero obliga a los republicanos a reposicionarse en el espacio de la financiación singular. Si el Constitucional confirma la amnistía sin lectura restrictiva, el valor diferencial de ERC se reduce y el Govern gana margen.
La vicepresidenta del Govern ya ha ligado la negociación presupuestaria al calendario catalán y no al judicial. Sin embargo, el cierre de la carpeta Puigdemont modifica la correlación interna del independentismo: Junts podrá celebrar el retorno político de su líder mientras ERC se queda con la gestión de los incumplimientos del Estatut.
El precedente catalán más claro es la doctrina garantista del Constitucional sobre los exconsellers en 2022, que ahora se reutiliza con los líderes huidos. La diferencia es que en esta ocasión no hay privación de libertad y el fallo llega con los efectos jurídicos ya descontados.
La duda jurídica con recorrido es qué hará el Tribunal de Cuentas con los responsables contables del procés, un frente que la amnistía penal no cierra por sí sola. En Junts asumen que será el siguiente turno de la batalla por el relato, ya con Puigdemont en condiciones de marcar la agenda.
