EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Pleno del Congreso aprobó un dictamen que rechaza y devuelve al Tribunal de Cuentas la Cuenta General del Estado de 2024, por 177 votos a favor y 168 en contra.
- ¿Quién está detrás? PP, Vox y Junts sumaron mayoría; Cuca Gamarra fue la promotora popular de la iniciativa. María Jesús Montero firmó las cuentas y Arcadi España es el actual ministro de Hacienda.
- ¿Qué impacto tiene? Es la primera censura presupuestaria de este tipo en la historia reciente. La oposición equipara el rechazo a tumbar unos Presupuestos Generales del Estado.
El Congreso rechazó este jueves la Cuenta General del Estado y la devolvió al Tribunal de Cuentas: 177 votos frente a 168.
Fuentes parlamentarias confirmaron a Moncloa.com que el dictamen aprobado por la Cámara obliga al órgano fiscalizador a revisar la liquidación contable del último ejercicio presentado. La votación, celebrada en el Pleno, convierte al Congreso en el primer Parlamento reciente que devuelve la Cuenta General al Tribunal de Cuentas. La web del Congreso recoge la tramitación de la iniciativa.
El Tribunal de Cuentas había emitido un dictamen favorable pese a detectar irregularidades, entre ellas el uso de fondos europeos para el pago de pensiones. Los portavoces del PP y de Vox insistieron en que el órgano no debió avalar la Cuenta General.
Una censura presupuestaria sin precedentes
La mayoría alternativa formada por PP, Vox y Junts situó la discusión en la Cuenta General del Estado, un documento que el Ejecutivo no había tenido que someter a la validación del Congreso en los últimos años. El resultado de 177 votos a 168 refleja una cámara dividida, pero con una mayoría suficiente para devolver la liquidación de 2024.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, fue la promotora de la iniciativa. En sus redes sociales recordó que el Parlamento recupera su función presupuestaria y que Sánchez no tiene la confianza de la Cámara. El portavoz económico del PP, Jaime de Olano, añadió que cualquier demócrata daría por finalizada la legislatura.
El desvío de fondos europeos a pensiones, bajo la lupa
En el debate, la diputada del PP, Pilar Alía, denunció el abuso de las modificaciones presupuestarias sin control parlamentario y el desvío de fondos europeos a pensiones. Los portavoces de PP, Vox y Junts Pilar Alía, Pablo Sáez y Josep María Cruset coincidieron en que la Cámara debía rechazar la liquidación.
El Congreso no ha rechazado un simple informe contable: ha censurado una política presupuestaria que convive con prórrogas y con desvíos de fondos europeos.
Vox enumeró una decena de trampas contables y Junts criticó la práctica de gobernar con prórrogas. Ambos portavoces, igual que el PP, consideraron que las cuentas públicas de 2024 no reflejan la imagen fiel exigida por la ley.
El portavoz socialista, Josep Paré, defendió que no existe ningún problema con las cuentas y que la Comisión Europea acepta el uso de fondos europeos para pensiones como operaciones temporales de tesorería. Recordó además que las comunidades autónomas también mantienen presupuestos prorrogados. La discusión evidenció la fractura entre el Ejecutivo y una mayoría parlamentaria alternativa.
El Tribunal de Cuentas ya experimentó una división sin precedentes: los vocales propuestos por el PSOE, incluida su presidenta, Enriqueta Chicano, impusieron no incluir como irregularidad el uso constatado de fondos europeos para pensiones, pese a que sí aceptaron que generaba incertidumbre jurídica.
El Eje del Poder Popular
Génova lee la votación como una recuperación del control parlamentario por parte de la oposición. El rechazo de la Cuenta General no tiene efectos contables inmediatos, pero quebranta el argumento del Gobierno de que la Cámara no podía pronunciarse sobre sus cuentas. La dirección popular considera que la alianza con Vox y Junts en esta votación demuestra la capacidad del bloque alternativo para imponerse al Ejecutivo cuando la Mesa del Congreso y el calendario lo permiten.
En términos territoriales, el PP ya anticipaba este tipo de anomalías en la ejecución presupuestaria desde las comunidades autónomas que gobierna. Barones como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno han reivindicado en los últimos meses una disciplina de estabilidad presupuestaria frente a las prórrogas del Gobierno central. La votación refuerza un argumentario que Génova despliega desde hace semanas: la anomalía fiscal del Ejecutivo es política, no técnica.
El precedente es doble: la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas ya aprobó un dictamen de rechazo y, en la historia reciente, el Congreso nunca había devuelto la Cuenta General del Estado al órgano fiscalizador. Cabe recordar que el control de las cuentas públicas es una de las funciones básicas del Parlamento, sobre todo después de que el Gobierno haya gobernado con presupuestos prorrogados durante toda la legislatura. La lectura estratégica es que esta votación puede animar nuevas ofensivas parlamentarias de PP, Vox y Junts sobre la política fiscal del Ejecutivo.
En Moncloa.com observamos un matiz: la división interna del Tribunal de Cuentas muestra que la presidenta, Enriqueta Chicano, y los vocales propuestos por el PSOE aceptaron la utilización de fondos europeos para pensiones a cambio de calificarla como generadora de incertidumbre jurídica. Ese equilibrio deja espacio para que el órgano fiscalizador deba pronunciarse de nuevo tras la devolución del Congreso. El Partido Popular ha encontrado una grieta institucional y la explota con criterio.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: El Gobierno de Sánchez carece de mayoría parlamentaria para avalar su política presupuestaria.
- Protagonista: Cuca Gamarra (secretaria general del PP).
- Próximo hito: Pronunciamiento formal del Tribunal de Cuentas tras la devolución del dictamen.
