EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Trump ha anunciado nuevos aranceles para más de 80 países, incluida España, al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y la ley Smoot-Hawley de 1930, tras el revés del Tribunal Supremo a sus gravámenes anteriores.
- ¿Quién está detrás? La Administración estadounidense, con el Representante de Comercio Jamieson Greer, impulsa estas medidas en un contexto de elecciones de mitad de mandato en noviembre y con el barril de Brent de nuevo en 100 dólares.
- ¿Qué impacto tiene? Los aranceles, de entre el 10% y el 12,5%, entrarán en vigor el 19 de agosto y afectarán a exportaciones españolas como vino, cemento y equipamiento industrial. Bruselas ya estudia una respuesta proporcionada.
Donald Trump ha rescatado esta semana dos joyas del proteccionismo estadounidense del siglo pasado para mantener viva su guerra arancelaria. Tras el varapalo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos propinó a sus gravámenes generalizados —basados en una ley de emergencia nacional—, el presidente ha recurrido a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y a la polémica ley Smoot-Hawley de 1930, redactada para proteger a las empresas al inicio de la Gran Depresión. ‘Un monumento al error’, la califican los historiadores económicos, que consideran que agravó aquella crisis. Ahora, Trump la desempolva para imponer nuevos recargos a las importaciones de más de 80 países, incluida España y el conjunto de la Unión Europea, que oscilan entre el 10% y el 12,5%.
La ofensiva llega apenas tres meses antes de las elecciones de mitad de mandato (el 3 de noviembre de 2026), con un fuerte descontento interno por el coste de la vida y el precio del combustible —el barril de Brent ha vuelto a los 100 dólares por la tensión en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz—. La maniobra no es improvisada: refleja un cálculo político tan arriesgado como las leyes que invoca.
El recurso a la Sección 301 y la Smoot-Hawley: un arsenal arancelario del siglo pasado
Tras la doble derrota judicial que sufrió su Administración —primero con la Sección 122 de la Ley de Comercio, cuyos aranceles temporales expiraban precisamente ayer, 24 de julio—, la Casa Blanca ha encontrado en la Sección 301 una herramienta mucho más duradera. Esta norma permite al presidente imponer sanciones cuando considera que un país incurre en prácticas comerciales ‘injustificadas’, ‘irrazonables’ o ‘discriminatorias’. El pasado jueves, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) inició una investigación que acusa a 60 países de no combatir adecuadamente las importaciones derivadas del trabajo infantil y a otros 16 de sobreproducir bienes, lo que presiona los precios mundiales y perjudica a los fabricantes estadounidenses. Trump ya había usado esta misma sección contra China en su primer mandato.
La segunda pata del nuevo andamiaje arancelario es todavía más añeja: la ley Smoot-Hawley de 1930, en concreto su Sección 338. Esta disposición, que nunca se había aplicado en casi un siglo de historia, permite a un presidente gravar con hasta un 50% las importaciones de cualquier socio comercial que, a juicio de Washington, discrimine a los productos estadounidenses. Trump la estrenó esta misma semana con Canadá y ahora la extiende a otros países, alegando que sus sistemas de gestión de oferta —como el mercado lácteo canadiense— son ‘proteccionistas’. La medida supone un paso más en la guerra comercial y coloca a la UE, y a España, en una incómoda diana.
España y la UE, en el punto de mira: productos afectados y reacción de Bruselas
Según la información publicada por El Diario, los nuevos aranceles, que oscilan entre el 10% y el 12,5%, cubren un amplio abanico de productos. Para España, el impacto se concentra en sectores como el vino, el cemento y los equipos de hockey sobre hielo (curiosamente, un guiño a la disputa con Canadá), además de otros bienes industriales. Las exportaciones españolas al mercado estadounidense, que en 2025 superaron los 18.000 millones de euros, notarán el golpe a partir del 19 de agosto, fecha de entrada en vigor fijada por la orden presidencial.
Bruselas no ha tardado en reaccionar. Fuentes de la Comisión Europea consultadas por Moncloa.com confirman que el equipo de la comisaria de Comercio está evaluando ya una respuesta ‘proporcionada y compatible con las reglas de la Organización Mundial del Comercio’. La estrategia comunitaria pasaría por activar el Reglamento de Ejecución de los Derechos de la UE (el llamado ‘instrumento anti-coerción’) si se confirma que Washington utiliza los aranceles como palanca geopolítica, aunque la prioridad es abrir un diálogo de alto nivel antes de que las medidas se consoliden. ‘No vamos a responder con fuego sin haber agotado todas las vías diplomáticas’, señalan las mismas fuentes, conscientes de que la escalada podría dañar las frágiles cadenas de suministro transatlánticas.
La gran paradoja es que Trump invoca ahora la Smoot-Hawley, una ley cuyo legado es la profundización de la Gran Depresión, para combatir la inflación que agobia a su propio electorado.
El Eje del Poder Europeo
La maniobra de Trump no puede leerse solo en clave bilateral con España; es una tormenta perfecta que tensa todas las costuras del comercio global y que obliga a la Unión Europea a calibrar su propia unidad. Por un lado, Alemania y Países Bajos, los grandes exportadores industriales de la UE, sufren ya los aranceles al acero y al aluminio heredados del primer mandato de Trump y temen un nuevo brote proteccionista que frene la demanda de sus bienes. Por otro, los países del sur, con España e Italia a la cabeza, ven cómo sectores agroalimentarios y de bienes de consumo se convierten en moneda de cambio de una guerra que se libra con leyes de hace un siglo. El eje franco-alemán, todavía frío tras las diferencias sobre la reforma del Pacto de Estabilidad, necesita un gesto público que demuestre que la UE responde unida; de lo contrario, Washington interpretará cualquier fisura como una invitación a fragmentar la posición comunitaria.
Para España, el envite es doble. Además del daño directo a sus exportaciones —que en 2025 representaron un 4,5% del total de sus ventas exteriores a EEUU—, la guerra arancelaria amenaza con desviar flujos de inversión hacia otros destinos, justo cuando el país aspira a consolidar su posición como hub de energías renovables y digitalización financiados en parte con los fondos Next Generation. Moncloa sigue la situación ‘con preocupación pero sin dramatismo’, en palabras de un alto funcionario de la Representación Permanente de España ante la UE, que confía en que la respuesta europea sea ‘firme y quirúrgica, no simétrica’. La referencia no es casual: en la cumbre informal de líderes europeos prevista para septiembre en Granada, el presidente Sánchez buscará arrancar un mandato para que Bruselas negocie desde una posición de fuerza, sin romper el delicado equilibrio que supone la presencia de China en el tablero.
El precedente histórico que se evoca con más fuerza es el de la propia Smoot-Hawley: cuando en 1930 Estados Unidos elevó los aranceles, las represalias en cadena contribuyeron a contraer el comercio mundial en un 65% y a profundizar la Gran Depresión. No es un escenario probable en 2026, pero el riesgo de fragmentación del comercio global es real. El Banco Central Europeo ha advertido en su último boletín económico de que un recrudecimiento de las tensiones arancelarias podría restar hasta dos décimas al crecimiento de la eurozona en 2027, precisamente cuando la inflación subyacente aún no está completamente controlada. Todo ello en un año electoral en Estados Unidos que hará que cualquier gesto de firmeza de Bruselas sea leído en clave de campaña, y que cualquier concesión al libre comercio sea tachada de debilidad por la oposición republicana. En este tablero, España se juega mucho más que una partida de aranceles: se juega el modelo de inserción exterior que ha guiado su economía durante tres décadas.
