El cierre vacacional del Congreso deja en el aire el nuevo modelo de financiación de Catalunya y la condonación del FLA. La legislatura de Pedro Sánchez llega al ecuador del verano con dos carpetas abiertas que pueden definir su final.
Las dos carpetas que asfixian la legislatura
El pasado jueves 23 de julio la Cámara Baja echó la persiana hasta septiembre. Detrás quedan meses de bloqueo parlamentario, tres sentencias judiciales en contra del presidente y una aritmética quebrada desde que Junts per Catalunya rompió con el PSOE hace casi un año. Aprobar cualquier iniciativa se ha convertido en un ejercicio de funambulismo. Y las dos grandes promesas que mantienen vivo el pacto de investidura con los partidos catalanes —la condonación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el nuevo sistema de financiación— siguen sin un recorrido claro.
Sánchez respira hondo. O lo intenta. Su intención es presentar entre septiembre y diciembre unos presupuestos expansivos, aun sabiendo que pueden caer en la votación final. El escenario le daría una justificación política para un adelanto electoral, presentándolo no como consecuencia de los frentes judiciales que le asedian sino como un bloqueo de la Cámara a su proyecto de país.
La condonación del FLA: primer sí y amenaza de Junts
El mismo jueves 23 el Congreso dio el primer paso para aprobar el proyecto de ley que permitirá al Estado asumir 83.254 millones de euros de deuda de las autonomías de régimen común. De ellos, 17.104 millones corresponden a Catalunya, un 22% del total de la deuda con el FLA y casi el 20% de la deuda autonómica global. La norma nace del acuerdo entre Esquerra Republicana y el Gobierno para la investidura de Sánchez, aunque el ejecutivo la ha hecho extensiva al resto de comunidades.
El texto inicia ahora un periplo parlamentario que no será breve. Y la amenaza de Junts sobrevuela cada trámite. La formación de Carles Puigdemont ya ha advertido que presentará enmiendas para ampliar la condonación hasta el 100%. ERC necesita que la ley no descarrile, pero Junts tiene la llave de cualquier votación final. Si mantiene su exigencia, la norma puede agonizar en el último minuto.
El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es el instrumento a través del cual el Estado ha rescatado a las comunidades autónomas desde 2012. Puedes consultar más detalles en su entrada de Wikipedia.
La legislatura de Sánchez pende de dos acuerdos que sus propios socios de investidura ni siquiera comparten del todo.
El CPFF del 29 de julio, la llave del Govern de Illa
El miércoles 29 de julio está convocada una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El objetivo es validar el nuevo modelo de financiación autonómica pactado entre el PSOE y Esquerra Republicana a cambio de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El borrador remitido a las comunidades prevé una inyección adicional de 20.975 millones de euros en 2027, la cesión del IRPF del 50% al 55% y del IVA del 50% al 56,5%. Las autonomías gobernadas por el PP se opondrán, pero el acuerdo saldrá adelante con el voto del Gobierno y de la Generalitat.
Una vez superado el CPFF, el texto debe pasar por el Consejo de Ministros en septiembre y luego elevarse al Congreso. Ahí el camino se estrecha. Junts ya ha anunciado una enmienda a la totalidad en la que reclama un concierto económico para Catalunya al estilo vasco. Si los juntaires mantienen esa posición durante la votación definitiva, el nuevo modelo puede descarrilar.
Por qué Illa necesita este sí antes de septiembre
En esta redacción observamos que el nuevo modelo de financiación es más una declaración de intenciones políticas que una reforma técnica de aplicación inmediata. Illa necesita el aval del CPFF como oxígeno para su Govern, acosado por los comunes en el flanco izquierdo y con una legislatura atada a los pactos con ERC. El president sabe que si el acuerdo naufraga en el Congreso, su margen de maniobra se reducirá a cero.
El precedente catalán no es nuevo: en 2024 la Generalitat ya intentó blindar un pacto fiscal con el Estado que nunca llegó a implementarse. La diferencia ahora es la correlación de fuerzas en Madrid. Sin mayoría absoluta y con Junts en la oposición parlamentaria, el Gobierno de Sánchez necesita que ERC y el PSC catalán remen juntos. Cada semana de bloqueo acerca más la posibilidad de un adelanto electoral que dejaría todas las carpetas abiertas.
Más allá de la coreografía institucional, el calendario aprieta. La senda de estabilidad presupuestaria 2027-2029 ha sido tumbada por segunda vez en el Congreso. Eso obliga a las autonomías a presupuestar en equilibrio y resta margen fiscal. Illa necesita un acuerdo en el CPFF que le permita presentar los presupuestos catalanes de 2027 con una mínima holgura. No será fácil.
En paralelo, el Consejo de Ministros prepara un nuevo decreto de vivienda —el anterior fue derogado en abril— para prorrogar contratos de alquiler hasta junio de 2028. Junts, que condiciona su apoyo a bonificaciones fiscales para propietarios y medidas contra la ocupación, será otra vez el partido bisagra. Veremos.
