Septiembre será el mes en el que Sumar vuelva a poner sobre la mesa del Congreso la reducción de la jornada laboral. El bloqueo de PP, Vox y Junts en el último intento no ha frenado la determinación de Yolanda Díaz, que apuesta por el registro horario como la herramienta para acabar con 2,5 millones de horas extras no pagadas cada semana.
La iniciativa, una de las banderas históricas de la vicepresidenta segunda, busca rebajar la jornada semanal de las actuales 40 horas a 37,5 horas, un avance que no se producía en España desde los años ochenta. Según fuentes del Ministerio de Trabajo, el objetivo es claro: terminar con una anomalía que afecta a 12 millones de trabajadores y que, según las encuestas, cuenta con el respaldo de dos de cada tres ciudadanos.
El camino parlamentario se torció cuando PP, Vox y Junts unieron sus votos para tumbar la proposición de ley en el Congreso. Ese bloque dejó claro que la aritmética parlamentaria sigue siendo un desafío para el Gobierno de coalición, que necesita reunir al menos 176 apoyos en cada votación.
Pero Yolanda Díaz ha señalado que la lucha no ha terminado. “Volveremos en septiembre con más fuerza”, ha asegurado en declaraciones recogidas por fuentes de su entorno. La vicepresidenta confía en que el registro horario obligatorio, pieza clave de la nueva propuesta, sirva para visibilizar y eliminar las horas extra no remuneradas que distorsionan las estadísticas y la vida de millones de personas.
Ahora, con la legislatura en su último tramo y sin presupuestos para 2027, la iniciativa de Sumar adquiere un valor simbólico añadido. Demostrar capacidad de influencia en el ciclo político final puede ser decisivo para la formación, que aspira a consolidar su perfil propio frente a un PSOE que también necesita aprobar medidas sociales.
La reducción de jornada es la prueba de fuego del margen de Sumar dentro del Gobierno y del alcance real de su agenda legislativa propia.
La reducción de jornada, una iniciativa con 12 millones de beneficiarios
El proyecto de ley que Sumar quiere resucitar en septiembre no es nuevo, pero su alcance es histórico. La reducción de la jornada legal a 37,5 horas semanales, acompañada de un registro horario obligatorio y sancionador, afectaría a 12 millones de trabajadores, según cálculos del Ministerio. La idea es atajar las 2,5 millones de horas extras no pagadas cada semana, una cifra que supone un fraude masivo y una pérdida de tiempo de conciliación que afecta especialmente a las mujeres.
El apoyo social es abrumador: dos de cada tres españoles respaldan la medida, de acuerdo con encuestas recientes. Eso convierte la propuesta en un activo político importante para Sumar, que ve en ella la oportunidad de marcar perfil propio en un Gobierno donde el PSOE marca los tiempos y las prioridades.
El muro de PP, Vox y Junts: cálculo electoral por encima de los trabajadores
Cuando el primer intento llegó al Congreso, PP, Vox y Junts sellaron un bloqueo sin fisuras. Los 5 diputados de Vox se alinearon con los 137 del PP y los 7 de Junts para sumar una mayoría suficiente que dejó en minoría al bloque de investidura. Los argumentos de la derecha chocan con los datos: el 67% de los ciudadanos está a favor, según el CIS, y la medida cuenta incluso con simpatías entre votantes del PP.
La lectura que hacen en el entorno de Yolanda Díaz es que la oposición actúa por puro cálculo electoral, ante el temor de que un avance laboral de este calado consolide el relato del Gobierno progresista. De cara a septiembre, el objetivo de Sumar es aislar a esos tres grupos y buscar apoyos en socios como ERC, Bildu o el PNV, a los que considera más sensibles a las demandas sociales.
La Dinámica de Coalición
Dentro de Sumar, la reducción de jornada es una propuesta que genera consenso total. No hay fisuras con las confluentes ni tensiones internas: todos los sectores de la formación, desde Izquierda Unida hasta Catalunya en Comú, respaldan la medida. Ese alineamiento interno es una ventaja que no todas las iniciativas de Sumar tienen, y Yolanda Díaz lo sabe.
En la relación con el PSOE, la ecuación es más compleja. El socio mayoritario de la coalición no se opone a la reducción de jornada, pero sí es consciente de las dificultades parlamentarias y teme que un nuevo fracaso erosione la imagen del Ejecutivo. Por eso, fuentes gubernamentales apuntan a que antes de septiembre habrá contactos discretos para tantear si hay margen para una mayoría, aunque sea ajustada. Sin esos apoyos, la iniciativa podría volver a estrellarse y dejar a Sumar sin su principal bandera legislativa.
El calendario aprieta: el regreso a la actividad parlamentaria en septiembre coincidirá con la negociación de los Presupuestos de 2027 y la precampaña de las elecciones generales, que podrían adelantarse a febrero de 2027. En ese contexto, cada votación será un examen para la mayoría de investidura y, para Sumar, una oportunidad de demostrar que su presencia en el Gobierno se traduce en reformas concretas. Las cuentas, sin embargo, no están claras. El tiempo lo dirá.
Ficha del Caso
- El caso: Sumar reactivará en septiembre la tramitación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, tras ser bloqueada por PP, Vox y Junts en el Congreso. La vicepresidenta Yolanda Díaz apuesta por el registro horario obligatorio para acabar con las horas extras no remuneradas.
- Datos importantes: 12 millones de trabajadores se beneficiarían; 2,5 millones de horas extras semanales no se pagan; el bloqueo anterior sumó los votos de 137 diputados del PP, 5 de Vox y 7 de Junts, con el respaldo del 67% de la ciudadanía a la medida según el CIS.
- Resumen: La iniciativa es un test de la influencia de Sumar en el Gobierno de coalición y de la capacidad para quebrar el bloqueo de las derechas. Su éxito o fracaso marcará el tramo final de la legislatura.
