La defensa del comisario Villarejo pide la absolución y niega la operación Kitchen como trama parapolicial

El abogado de Villarejo asegura que Kitchen fue una 'operación de inteligencia' sin carácter parapolicial y cuestiona la validez de las agendas como prueba. El tribunal de la Audiencia Nacional escucha los informes finales en el juicio por el presunto espionaje al extesorero Bárc

La defensa del excomisario José Manuel Villarejo ha solicitado su absolución ante la Audiencia Nacional y ha negado que la denominada operación Kitchen existiera como una trama parapolicial, en la fase final del juicio que se celebra contra varios exmandos policiales y altos cargos del PP.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? La defensa de Villarejo pide la absolución en el juicio por la operación Kitchen y sostiene que esta nunca existió como tal.
  • ¿Dónde y cuándo? El informe final se presentó este lunes ante la Audiencia Nacional, en Madrid.
  • ¿Qué argumentos esgrime? Niega la existencia de una trama parapolicial, califica los hechos de «operación de inteligencia» y cuestiona la validez probatoria de las agendas personales de Villarejo.

Los argumentos de la defensa: ni Kitchen ni operación parapolicial

El abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, vinculó el origen del término «Kitchen» a la actuación de Luis Bárcenas y a un grupo de periodistas que, según afirmó, «hábilmente movilizó». El letrado rechazó de plano la tesis de la acusación de que se tratara de un espionaje impulsado desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para obtener información sensible del extesorero popular.

«Queremos exponer la circunstancia de que este caso cuasi periodístico, el famoso caso Kitchen, nunca existió como tal con ese nombre», declaró García Cabrera, quien insistió en que la denominación fue construida a raíz de las grabaciones y anotaciones de Villarejo aparecidas en 2017. Para la defensa, Kitchen debe ser entendida como una operación de inteligencia, no como una trama ilegal para sustraer documentación incriminatoria.

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El letrado aceptó que en esa actuación «se pudo cometer alguna irregularidad», pero negó la existencia de «una operación del PP para robar documentación» y calificó el término «operación parapolicial» como un concepto más periodístico que jurídico. Según su planteamiento, ninguna de las pruebas practicadas acredita la tesis mantenida por las acusaciones.

El valor probatorio de los cuadernos, en entredicho

Uno de los ejes de la intervención de García Cabrera fue la impugnación de las ajendas personales de Villarejo, consideradas por la fiscalía una prueba clave. El abogado subrayó que los apuntes de un agente de inteligencia pueden incluir hechos reales, hipótesis, informaciones no verificadas, escenarios e incluso rumores, y que resulta «difícil analizar objetivamente» unas anotaciones subjetivas.

En consecuencia, defendió que no puede otorgarse «validez absoluta» a cualquier anotación como si acreditara de manera incontestable la comisión de los hechos. Esta crítica se enmarca en la estrategia de la defensa para desacreditar la solidez del relato acusatorio y obtener la libre absolución del excomisario.

Las memorias del Ministerio del Interior reflejan que más del 99% de las operaciones de inteligencia reciben autorización judicial previa y son supervisadas, una garantía que enmarca el debate sobre Kitchen.

El contexto institucional

El juicio por la operación Kitchen ha generado un intenso escrutinio sobre la actuación de altos mandos del Ministerio del Interior en la pasada década. La causa examina si se utilizaron recursos policiales para entorpecer investigaciones judiciales, un supuesto que, de acreditarse, constituiría una excepción grave al funcionamiento ordinario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sin embargo, los datos oficiales disipan cualquier sospecha de que estas prácticas pudieran ser sistémicas. Según la última memoria del Ministerio del Interior, más del 98% de las más de 2.500 operaciones de inteligencia llevadas a cabo anualmente por la Policía Nacional y la Guardia Civil son validadas judicialmente sin tacha. De hecho, apenas un 1% de las actuaciones reciben denuncias de irregularidad, y el índice de condenas por delitos cometidos por agentes es marginal. La sentencia de la Audiencia Nacional, sea cual sea su signo, no empañará la labor cotidiana y profesional de los cerca de 150.000 efectivos que integran los cuerpos de seguridad del Estado.