EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Los incendios forestales más devastadores de la historia de España han arrasado 77.000 hectáreas en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, forzando la evacuación de más de 100.000 personas.
- ¿Quién está detrás? Las competencias recaen en las comunidades autónomas, gobernadas por el Partido Popular (PP) en 11 de las 17 regiones. Su alianza con Vox, que niega el cambio climático y rechaza el Pacto Verde europeo, alimenta las críticas.
- ¿Qué impacto tiene? La catástrofe reabre el debate sobre la falta de inversión en prevención y la coherencia de las políticas regionales con la agenda climática de la Unión Europea. Los fondos Next Generation y el liderazgo verde de España quedan bajo escrutinio.
Más de 77.000 hectáreas calcinadas en apenas cinco días. Más de 100.000 personas evacuadas. La ola de incendios que asola el centro de España ha puesto contra las cuerdas al Partido Popular y a su socio Vox, precisamente en el año previo a unas elecciones generales decisivas.
Las llamas no solo devoran bosques y pastos; también consumen la reputación de unas administraciones regionales que tienen la responsabilidad legal de la gestión forestal y la extinción. Y el PP, que gobierna once comunidades, sufre ya el desgaste.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sintió el domingo la ira popular en varios municipios. Los vecinos le reprocharon que su Ejecutivo priorice la inversión en toros de lidia —este año destina a ese sector 7,2 millones de euros— antes que en bomberos. “En dos o tres municipios me hablaban de los toreros”, se quejó una Ayuso visiblemente irritada, para añadir acto seguido que el sector taurino “es el primero que ha perdido ganado y tierras”.
La prevención que no llega: entre recortes y negacionismo
Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, puso el dedo en la llaga: “Cuando los incendios se apaguen, habrá que investigar la precariedad de los bomberos, los recortes en prevención y el negacionismo climático”. La frase condensa la triple crítica que persigue al PP: falta de inversión, tijeretazos en servicios esenciales y un discurso ambiental edulcorado por la alianza con Vox.
Los pactos de gobierno entre populares y la ultraderecha en regiones como Valencia, Aragón o Andalucía obligan a los presidentes autonómicos a rechazar explícitamente el Pacto Verde europeo y a abrazar retóricas que cuestionan la influencia humana en el cambio climático. Una posición cada vez más incómoda para un partido que aspira a gobernar España en 2027.
España es uno de los países europeos donde la ciudadanía muestra mayor preocupación por el clima, según los sucesivos eurobarómetros. Cada vez que un desastre natural golpea —las inundaciones de Valencia en 2024, con 237 muertos, o estos incendios—, la brecha entre el sentir popular y el discurso institucional del PP se convierte en una rémora electoral.
Los pactos con Vox obligan al PP a desdecirse del consenso climático europeo justo cuando el país arde.
El politólogo Pablo Simón, de la Universidad Carlos III, matiza: “Los acuerdos con Vox son incómodos para el PP en estas situaciones, pero hay que distinguir entre retórica y políticas públicas: apenas han provocado cambios legislativos sustanciales”. Sin embargo, la acumulación de desastres y la incapacidad para invertir masivamente en adaptación dibujan una línea roja.
Una crisis que escala a Bruselas: los fondos Next Generation como munición política
El PP ha intentado desviar el foco hacia el Gobierno central, atribuyendo la insuficiente respuesta a la falta de financiación. La eurodiputada Carmen Crespo, coordinadora de política rural de los populares, acusó a Sánchez de priorizar su “ideología” frente a las necesidades del campo y de no asignar suficiente dinero europeo a la prevención de incendios. La portavoz socialista Montse Mínguez replicó que “en vez de quejarse, todos deben aprender a gobernar”.
La realidad es que España ha sido el primer beneficiario de los fondos Next Generation, con 140.000 millones de euros comprometidos hasta 2026. Pero la ejecución de las partidas dedicadas a la adaptación al cambio climático y la gestión forestal avanza con lentitud, tanto en territorios gobernados por el PSOE como por el PP. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) exige reformas estructurales, pero la burocracia y la falta de proyectos maduros lastran las inversiones.
El Pacto Verde europeo obliga a todos los Estados miembros a dotarse de planes de prevención de incendios y restauración de ecosistemas. Bruselas vigila de cerca que el dinero comunitario no acabe en subvenciones sin impacto real. En este contexto, que Vox rechace de plano la agenda verde como una “imposición ideológica” coloca a sus socios del PP en una posición contradictoria: reclamar fondos europeos mientras se cuestiona la política que los sustenta.
El Eje del Poder Europeo
Los incendios de 2026 no son un fenómeno aislado ni exclusivamente español. La cuenca mediterránea se ha convertido en un polvorín climático que desborda las capacidades nacionales. La Comisión Europea refuerza año tras año el mecanismo de protección civil (reseEU) y duplica los medios aéreos, pero la prevención sigue siendo competencia nacional y regional. Aquí radica el nudo gordiano: los países del sur, con España e Italia a la cabeza, piden más flexibilidad para usar los fondos de cohesión en adaptación, mientras los frugales del norte se resisten si no hay contrapartidas en reformas.
La alianza PP-Vox introduce una variable perturbadora en ese tablero. El rechazo frontal al Pacto Verde que impone Vox debilita la posición negociadora de España en Bruselas. Un país que aspira a liderar la transición ecológica y que compite con Francia por la presidencia del Eurogrupo no puede permitirse que once de sus regiones enarbolen el escepticismo climático. Tampoco ayuda que desde tertulias afines se insinúe, sin prueba alguna, que los incendios los provocan “fanáticos ambientales” que impiden la limpieza del monte, como ocurrió en TeleMadrid el fin de semana.
Más allá de la pelea partidista, los expertos advierten de que la política forestal en España arrastra décadas de abandono. Jordi Vendrell, director de la Fundación Pau Costa, resume el disparate: “Las posiciones negacionistas son absurdas. Intentar negar lo evidente es caminar con una venda en los ojos”. Adaptar la gestión de los bosques y los servicios de emergencia a un clima recalentado exige inversiones sostenidas y reformas estructurales que pocas administraciones —también las progresistas— han osado emprender.
La colaboración entre administraciones durante la emergencia ha sido fluida. Hasta Feijóo ha rebajado el tono contra Sánchez. Pero la pregunta de fondo planea: ¿sobrevivirá el PP a la contradicción de gobernar con quienes niegan la realidad que los bomberos combaten cada verano? La respuesta no llegará hasta las urnas de 2027, pero las brasas políticas seguirán calientes.
