La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte (ATDD) de Miguel Galán ha enviado un burofax a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), presidida por Rafael Louzán recordando el requerimiento realizado la semana pasada para que la RFEF aclarase si el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, había ido invitado por este organismo a la final del mundial 2026 en EEUU. Ante la falta de respuesta, la ATDD amenaza con ejercer acciones penales contra Louzán, Pérez Llora y la jefa de comunicación de la RFEF, Marisa González.
Dice la ATDD en su burofax que «la falta de respuesta de esa Presidencia no constituye una anomalía aislada, sino una pauta de conducta ya conocida por esta asociación. Durante su mandato: (i) se le solicitó actuar en el denominado caso Soteras y no lo hizo; (ii) se le pidió intervenir en el caso de María Tato y tampoco actuó; (iii) se le reclamó una respuesta sobre la Liga de filiales y guardó silencio; (iv) se le trasladó la posibilidad de articular dos grupos de Tercera Federación en Madrid y en Cataluña y no atendió la petición; y (v) se le instó igualmente a autorizar grupos supernumerarios en la Tercera Federación de Madrid y de otros territorios, para evitar los perjuicios derivados de los arrastres de categoría, sin obtenerse reacción alguna».
Miguel Galán, presidente de la Asociación, añade que «a ello se añade un antecedente especialmente revelador. Esta asociación también solicitó su amparo cuando la estructura federativa, con D. Marcelino Maté a la cabeza, descalificó de manera arbitraria a tres clubes de fútbol sala de Segunda División: San Cristóbal, Segosala y Valverde. Una vez más, esa Presidencia optó por no intervenir. Sin embargo, esta parte obtuvo la correspondiente medida cautelar y resolución favorable del Tribunal Administrativo del Deporte, que suspendió la expulsión de dichos clubes y corrigió la actuación federativa. Ese episodio demuestra que las resoluciones injustas y arbitrarias de la estructura federativa solo han podido ser enmendadas cuando han intervenido órganos externos de control, lo que resulta plenamente pertinente para valorar el presente asunto».
Pero ahora, explica que, «la situación es cualitativamente distinta, pues ya no se trata de meras discrepancias de gestión federativa, sino de hechos que podrían revestir relevancia penal y disciplinaria. Según las informaciones publicadas por distintos medios de comunicación, la RFEF habría facilitado gratuitamente al presidente de la Generalitat Valenciana, D. Juan Francisco Pérez Llorca, una entrada para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo valor de mercado se situaría en una horquilla claramente incompatible con cualquier noción razonable de cortesía institucional o uso social. Conforme a lo publicado por elDiario.es, la propia RFEF habría confirmado que el president solicitó comprar una entrada «a título personal» y que la Federación decidió finalmente invitarle, lo que acredita que la entrega fue una decisión deliberada de esa institución».
Galán asegura en ese documento que «aun tomando como referencia la estimación más baja conocida —los 4.000 euros reconocidos por usted mismo, o la franja oficial mínima publicada por la propia estructura federativa—, la ventaja recibida excede por completo cualquier parámetro de cortesía institucional admisible. Si se atiende a las estimaciones intermedias o altas, la conclusión es todavía más contundente: se trata de un regalo de valor extraordinario, patrimonialmente relevante y jurídicamente incompatible con la idea de simple atención social o protocolaria».
El escrito apunta a una posible relevancia penal de los hechos: «(…) al menos de forma indiciaria, un supuesto de cohecho pasivo impropio del artículo 422 del Código Penal, precepto que castiga a la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función. La clave típica de dicho precepto no reside en la acreditación de un acto administrativo concreto a cambio del regalo, sino en la mera aceptación de la ventaja por razón del cargo, aunque se pretenda presentar como gesto de cortesía».
Y añade que «junto a ello, y siempre a resultas de la correspondiente investigación judicial, también podría apreciarse un supuesto de cohecho activo del artículo 424 del Código Penal respecto de quien ofreciera o entregara la dádiva a la autoridad pública. Si la entrada fue proporcionada por la RFEF a una autoridad autonómica no como simple particular, sino en atención a su relevancia institucional y a la afinidad política descrita, la investigación habría de esclarecer quién adoptó la decisión, con qué motivación, mediante qué cauce interno y con qué finalidad».
Además, Galán exige el cese de la directora de comunicación de la RFEF, Marisa González, porque «la gravedad del asunto se incrementa si se tiene en cuenta que, conforme a las informaciones públicamente difundidas, D.ª Marisa González Casado, directora de Gabinete de la Presidencia de la RFEF, habría sido incorporada como asesora de comunicación del señor Pérez Llorca, tras haber prestado servicios de asesoramiento para el Partido Popular. Esa doble proximidad —orgánica respecto de la RFEF y política y funcional respecto del beneficiario de la entrada— proyecta una apariencia de connivencia personal, política e institucional que compromete seriamente la neutralidad, imparcialidad y credibilidad exigibles a la dirección de la RFEF, y podría resultar incompatible con la normativa interna federativa en materia de conflictos de interés», según recoge el nuevo requerimiento,
