El Consejo de Ministros ha declarado este martes 28 de julio zona afectada por emergencia de protección civil un total de 211 episodios catastróficos ocurridos entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026 en 14 comunidades autónomas, principalmente incendios forestales, y ha aprobado un real decreto ley con medidas laborales extraordinarias para proteger a los trabajadores damnificados por evacuaciones y confinamientos.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? El Gobierno ha activado ayudas por emergencia de protección civil para 211 episodios, la mayoría incendios, y ha creado una prestación laboral específica para los afectados.
- ¿Dónde y cuándo? Las declaraciones abarcan territorios de 14 comunidades y los últimos incendios en Madrid, Ávila, Toledo, Castellón y Almería. La prestación está en vigor desde el 23 de julio hasta que finalice la campaña de peligro alto de incendios de 2026.
- ¿Qué resultado? Se despliegan ayudas materiales, fiscales y laborales, y los trabajadores podrán suspender su contrato con una prestación de hasta 4 meses sin consumir cotizaciones.
La declaración de emergencia y las ayudas activadas
La decisión del Ejecutivo, coordinada por el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, reconoce la magnitud de los episodios sufridos desde finales de marzo. “Comenzamos a desplegar ayudas destinadas a paliar daños personales y materiales”, ha explicado el presidente Pedro Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Las medidas incluyen apoyos en los ámbitos agroalimentario e industrial, beneficios fiscales, laborales y de Seguridad Social, y financiación para que las corporaciones locales reparen infraestructuras dañadas.
Entre los siniestros declarados figura el incendio de Los Gallardos (Almería), donde 14 personas perdieron la vida, así como los focos aún activos en la Comunidad de Madrid, las provincias de Ávila y Toledo y el municipio de Vall d’Uixó (Castellón). La declaración se extiende también a emergencias por fenómenos costeros, lluvias, tormentas, incendios industriales y accidentes con mercancías peligrosas ocurridos en el mismo periodo.
Prestación extraordinaria para trabajadores atrapados por el fuego
El real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros establece una Prestación Extraordinaria por Emergencia Extrema dirigida a empleados y empresas que hayan sufrido evacuaciones, limitaciones de acceso, confinamientos u otras restricciones decretadas por las autoridades. La protección está activa desde el pasado 23 de julio y se mantendrá hasta que concluya la campaña anual de peligro alto de incendios de 2026.
La nueva prestación, de hasta cuatro meses de duración, no exige período mínimo de cotización y no consume derechos de cara a futuras prestaciones. Podrán acogerse quienes no puedan acceder a su domicilio habitual, necesiten acondicionarlo o tengan que prestar cuidados personales o familiares a causa de los incendios. La medida se enmarca en la respuesta integral del Gobierno, que lidera el Ministerio del Interior en la coordinación de las emergencias, y complementa las ayudas materiales ya activadas.
El real decreto ley activa por primera vez una prestación extraordinaria por emergencia extrema que no requiere cotización mínima y que cubre hasta cuatro meses de suspensión de contrato para los trabajadores atrapados por los incendios.
El contexto institucional
La declaración de zona afectada por emergencia de protección civil es el instrumento jurídico que permite al Estado volcar recursos de forma inmediata sobre los territorios dañados. Gestionada por el Ministerio del Interior, esta figura se activó en 2025 en más de un centenar de ocasiones y demuestra la capacidad del sistema español de protección civil para dar respuesta rápida a crisis cada vez más recurrentes, especialmente en un verano marcado por la virulencia de los incendios forestales.
Los 211 episodios acumulados en apenas cuatro meses evidencian la presión a la que están sometidos los servicios de emergencia. La aprobación simultánea de la prestación laboral extraordinaria —que no tiene precedentes— refuerza la arquitectura de protección social ante catástrofes y reconoce la necesidad de blindar a los trabajadores mientras los dispositivos de extinción, dependientes del Ministerio de Interior, siguen operando sobre el terreno. La continuidad de la campaña de alto riesgo hasta finales de año obliga a mantener todos los mecanismos de auxilio activos y a evaluar los daños de forma permanente.
Las líneas de ayuda abiertas con este acuerdo del Consejo de Ministros seguirán ampliándose conforme avancen las peritaciones, según ha señalado el presidente Sánchez. Mientras tanto, la coordinación de Protección Civil y el despliegue de medios estatales continúan siendo el eje de una respuesta que busca mitigar el impacto humano y económico de una temporada de incendios especialmente destructiva.
