EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Banco Central Europeo y la Autoridad Europea de Seguros (EIOPA) han reclamado a la Comisión un fondo público de catástrofes naturales y un sistema de reaseguro paneuropeo para hacer frente a la crisis de los seguros climáticos.
- ¿Quién está detrás? El BCE, la EIOPA y el Banco de Francia lideran la propuesta, con el respaldo de eurodiputados como el socialista español César Luena. La Comisión prepara un paquete de medidas para finales de año.
- ¿Qué impacto tiene? España acumula una factura creciente por incendios y sequías. Las primas de seguros turísticos en zonas de alto riesgo han subido un 15 % anual en los últimos cinco años, y la brecha de protección sin un mecanismo común amenaza con disparar el gasto público.
Bruselas. El BCE y la EIOPA exigen a Bruselas un fondo público de catástrofes y un mecanismo de reaseguro paneuropeo ante la creciente crisis de los seguros climáticos, con España en la primera línea de exposición. La petición, lanzada tras los incendios simultáneos en las afueras de Burdeos y Madrid, refleja el miedo a que amplias zonas del continente se vuelvan inasegurables en esta década.
Los datos recogidos por la Agencia Europea de Medio Ambiente ya apuntan a un sobrecoste de más de 200 000 millones de euros en pérdidas económicas ligadas a fenómenos extremos entre 2021 y 2024. La propia EIOPA calcula que tres de cada cuatro euros de daños por desastres naturales en la UE no están cubiertos por ninguna póliza. El verano de 2026 ha vuelto a elevar la temperatura del debate.
Un verano de incendios que incendia las alarmas en la Eurozona
La simultaneidad de los fuegos en Gironda, que mantienen aún a 130 000 trabajadores sin poder acudir a sus puestos y a 13 000 empresas evacuadas, y los frentes activos en la Sierra de Gredos, ha forzado a los supervisores a actuar. Francia ha comprometido ya que las aseguradoras cubran los gastos de alojamiento y daños a los 200 000 evacuados, pero el coste sobre las cuentas públicas empieza a hacerse visible: solo la reforestación de este año ascendería a 1 000 millones de euros, según el Ministerio de Transición Ecológica galo.
En España, Mapfre ha recibido 116 siniestros derivados de los incendios, en su mayoría de hogar, aunque la entidad considera que el impacto económico “no será significativo”. Sin embargo, la lectura a largo plazo es mucho más sombría. Las primas de las empresas turísticas situadas en zonas de alto riesgo de incendio han subido un 15 % anual en el último lustro, y las de propiedades costeras italianas un 25 % en los cinco años hasta 2022 por temporales e inundaciones. La espiral de precios amenaza con expulsar del mercado a pymes y familias.
La otra factura: primas al alza y brecha de protección que se ensancha
La cadena de transmisión es conocida: cada desastre climático obliga a las aseguradoras primarias a subir tarifas para no registrar pérdidas; las reaseguradoras, a su vez, reducen coberturas o imponen franquicias más altas. “Incluso los reaseguradores, que deberían proteger a las aseguradoras, se están retirando”, resume Thierry Langreney, presidente del grupo de reflexión Les Ateliers du Future. La consecuencia es un ‘protection gap’ que ya alcanza la mitad de las pérdidas globales anuales y que avanza a medida que el clima se vuelve más hostil.
Petra Hielkema, presidenta de EIOPA, lo expuso con crudeza en una conferencia en abril: “Existe un riesgo real de que esta brecha, ya considerable, se amplíe, con graves consecuencias para la vida cotidiana y la actividad económica en las regiones afectadas”. El BCE suscribe ese diagnóstico y, por boca de la subgobernadora del Banco de Francia, Agnès Bénassy-Quéré, alerta de que los daños se traducen en más deuda pública o en una prima del seguro más cara para todos. La alternativa, según Fráncfort, es crear herramientas paneuropeas de mutualización del riesgo.
El coste de la inacción climática ya no es un debate teórico: los incendios de la Gironda o las primas disparadas en España son el primer recibo de una factura que Europa no puede seguir pagando a plazos.
El Eje del Poder Europeo
La propuesta de un reaseguro público-privado europeo y de un fondo de catástrofes colisiona de inmediato con la geometría variable de la Unión. El eje franco-alemán muestra posiciones distantes: Berlín arrastra décadas de desconfianza hacia cualquier mutualización de deuda que recuerde a los eurobonos, mientras que París, que ya gastará este año unos 1 000 millones solo en reforestar, necesita desesperadamente aliviar sus cuentas. Los países del este, menos expuestos a incendios forestales pero golpeados por inundaciones récord, temen quedar fuera de un diseño demasiado pensado para el sur. Y los estados frugales —Países Bajos, Austria, Dinamarca— ya han advertido de que cualquier nuevo fondo debe ir acompañado de estrictas condiciones de prevención y adaptación.
España se sitúa en una posición negociadora ambivalente. Es uno de los países más vulnerables a la crisis climática —las primas turísticas lo atestiguan— pero, al mismo tiempo, Moncloa arrastra un historial de incumplimientos en la transposición de directivas ambientales que puede debilitar su autoridad moral en el debate. César Luena, eurodiputado socialista español, ha sido el primero en reclamar “un mecanismo europeo de reaseguro climático o de mutualización del riesgo”, defendiendo un sistema inspirado en el modelo francés: un seguro obligatorio que subvenciona las pólizas en zonas expuestas con el margen obtenido en las menos vulnerables, todo a un tipo fijado por el Estado.
Lo que observamos es que la urgencia de este verano de 2026 obligará a la Comisión Europea a sacar del cajón el paquete de medidas de resiliencia climática que ya tenía previsto para finales de año. De su alcance —¿fondo común o simple laboratorio de ideas?— dependerá que países como España consigan un salvavidas federal o sigan pagando sus catástrofes con deuda pública y con facturas de seguros cada vez más inasumibles.
