EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Comisión Europea ha abierto la convocatoria para adjudicar siete gigafactorías de inteligencia artificial. El plazo de presentación vence el 12 de noviembre de 2026.
- ¿Quién está detrás? La Empresa Común EuroHPC, junto a 18 Estados miembros —España incluida—, financiará hasta 10.000 millones de euros para atraer otros 20.000 millones de inversión privada.
- ¿Qué impacto tiene? España compite con el proyecto Móra la Nova – San Fernando de Henares. Si es seleccionada en la modalidad de alta capacidad, movilizará hasta 1.000 millones de euros por instalación y anclará a Cataluña en la nueva arquitectura tecnológica europea.
La Comisión Europea ha lanzado este jueves, casi con un año de retraso, la esperada convocatoria para crear las siete primeras gigafábricas de inteligencia artificial de la UE. La Empresa Común de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC JU) movilizará más de 30.000 millones de euros entre fondos públicos y privados, un volumen que confirma la apuesta de Bruselas por la soberanía tecnológica y por disputar el liderazgo que hoy ocupan Estados Unidos y China.
El plazo para presentar propuestas finaliza el 12 de noviembre y las adjudicaciones están previstas para principios de 2027. El calendario oficial contempla que la construcción de las primeras instalaciones comience ese mismo año, con la vista puesta en que la UE disponga de capacidad propia de cómputo masivo antes del fin de la década.
Dos modalidades de ayuda y hasta 1.000 millones por proyecto
La convocatoria distingue dos líneas de financiación. La primera ofrece hasta 500 millones de euros de aportación europea por gigafactoría; la segunda, en la que compite España, eleva el techo hasta 1.000 millones por instalación. Para acceder a esta última, los consorcios deben superar los 100.000 procesadores de capacidad, un umbral que reduce el número de candidatos y espolea la pugna entre los grandes Estados miembros.
La arquitectura financiera es ambiciosa. Bruselas anticipa que con los 10.000 millones de euros de dinero comunitario y nacional se pretende arrastrar al menos otros 20.000 millones de euros de inversión privada. El objetivo es que las gigafactorías no solo entrenen modelos avanzados de IA, sino que se abran a startups, pymes, universidades y administraciones públicas, creando un ecosistema de innovación desde la base.
El consorcio español: Móra la Nova, Santander, Telefónica y el SETT
España ha respondido a la convocatoria con una candidatura de doble sede: Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid). “Es la hora de la verdad”, ha declarado Jesús Álvarez, alcalde de Móra la Nova, que reconoce haber vivido la espera “con nervios”. La propuesta española está liderada por Telefónica, Banco Santander, ACS y Multiverse Computing, bajo el paraguas del organismo público SETT (Sociedad Española para la Transformación Tecnológica).
España no compite sola. Alemania, Grecia e Italia también han manifestado su intención de pujar por la modalidad de alta capacidad. Eso significa que la candidatura catalana deberá demostrar no solo solvencia tecnológica, sino también un ecosistema industrial y de I+D+i capaz de absorber la inversión y generar retornos para la economía local a medio plazo.
Lo que está en juego no es solo un centro de datos inmenso: es quién controla las infraestructuras sobre las que se entrenará la inteligencia artificial que usen Europa y España en la próxima década.
Las cartas de intenciones con AMD, NVIDIA y Qualcomm
Para blindar el acceso al hardware crítico, Bruselas ha firmado cartas de intenciones con las estadounidenses AMD, NVIDIA y Qualcomm. La maniobra, amparada por el reciente acuerdo comercial UE–EE. UU., pretende asegurar que los futuros consorcios dispongan de los chips de última generación sin depender unilateralmente de un único proveedor. El gesto no es menor: la guerra de los semiconductores sigue marcando la geopolítica industrial y la posición europea oscila entre la soberanía y la necesidad de alianzas estratégicas.
El Eje del Poder Europeo
La apertura de la convocatoria despeja buena parte de las incógnitas que pesaban sobre la política europea de inteligencia artificial. Hace un año, la Comisión prometió acelerar la inversión en infraestructuras digitales para reducir la brecha con Estados Unidos y China; el retraso de once meses había generado escepticismo en varias capitales. Ahora, con más de 30.000 millones de euros en juego, el movimiento coloca a la UE en una senda de gasto tecnológico sin precedentes.
La geometría del reparto es delicada. El eje franco–alemán pugna por atraer al menos una gigafactoría para cada una de sus economías, mientras los países frugales del norte observan con recelo el volumen de ayudas públicas —hasta 1.000 millones por proyecto— en un momento en que la nueva regla fiscal aprieta los márgenes presupuestarios. Para España, la opción Móra la Nova representa una doble oportunidad: industrial y reputacional. Lograr una de las siete instalaciones significaría anclar a Cataluña en el mapa de la IA europea y, de paso, reforzar el perfil tecnológico del Gobierno de coalición justo cuando Bruselas exige recortes estructurales en el gasto público.
Observamos un precedente con la carrera por las plantas de baterías, hace una década: quienes llegaron primero lograron ventajas de localización que los tardíos ya no pudieron recuperar. Con las gigafactorías de IA, la ventana se cierra el 12 de noviembre. La lectura estratégica es que la UE no solo compite contra Pekín y Washington: compite también consigo misma para evitar que el reparto de fondos agrande las fracturas entre el este y el oeste, entre el norte y el sur. Próximo hito: la fecha de adjudicación, a principios de 2027, que dejará ver cuál de los grandes Estados miembros ha sabido jugar mejor sus cartas.
