EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado el nombramiento del chófer de la oficina del expresidente Ximo Puig, y ha trascendido que es el sobrino de su pareja, la exconsellera Gabriela Bravo.
- ¿Quién está detrás? El expresidente Ximo Puig (PSPV) ha designado al conductor como personal eventual. PP, Vox y Compromís critican el fichaje; el PSPV lo defiende como puesto de libre designación.
- ¿Qué impacto tiene? Reaviva el debate sobre las prebendas de los expresidentes y la coherencia ética de los partidos, en vísperas de un posible recorte de estas oficinas por parte del Consell de Pérez Llorca.
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó el jueves el nombramiento del nuevo chófer de la oficina del expresidente Ximo Puig. Lo que parecía un trámite administrativo más escondía un detalle explosivo: el conductor es el sobrino de la que fuera consellera de Justicia, Gabriela Bravo, actual pareja sentimental de Puig. La contratación, como personal eventual, ha desatado una tormenta política en las Corts Valencianes que une las críticas de PP, Vox y Compromís, mientras el PSPV se alinea en defensa cerrada de su expresidente.
Un nombramiento bajo sospecha de nepotismo
La plaza de chófer para la oficina de expresidentes no es nueva. Ximo Puig la mantuvo también durante su etapa al frente del Consell (2015-2023). La diferencia, esta vez, es el parentesco. Según ha trascendido, el nuevo conductor es sobrino carnal de Gabriela Bravo, lo que convierte el fichaje en un episodio de nepotismo directo, con sueldo público y vehículo oficial. El cargo, de libre designación, se ampara en la normativa que regula las oficinas de los antiguos jefes del Consell.
El debate, sin embargo, tiene más capas. La primera es la oportunidad política: la publicación llega apenas unas semanas después de que el PP acusara al PSPV de hipocresía por criticar la plaza en comisión de servicios que la Diputación de Valencia concedió a la mujer del actual president, Juanfran Pérez Llorca. Ahora, los socialistas se ven obligados a defender un caso análogo en sus propias filas.
Las reacciones: del «hipócrita» al «estajanovista»
La respuesta de la oposición fue inmediata. El síndic del PP, Nando Pastor, habló de «falta de rigor y coherencia» y subrayó que los mismos que cuestionaban la contratación de la esposa de Pérez Llorca hoy «intentan justificar de manera hipócrita la contratación del sobrino de la pareja de Ximo Puig». Vox, por boca de José María Llanos, elevó el tiro a escala nacional: «Del PSOE ya nada nos sorprende», dijo, citando los casos de David Sánchez y Begoña Gómez.
Compromís fue más allá del reproche puntual y presentó una iniciativa para limitar los privilegios de los expresidentes. Su portavoz, Joan Baldoví, se preguntó en alto «para qué Ximo Puig quiere un chófer si está en París» como embajador permanente de España ante la OCDE. La formación valencianista quiere evitar que un cargo de estas características sirva para que alguien «esté en casa de brazos cruzados», según sus palabras.
Cuando la coherencia se mide con dos varas de medir, la ciudadanía acaba pagando el precio de la desafección política.
El PSPV, por su parte, cerró filas. Su síndic, José Muñoz, defendió que desde la oficina del expresidente «hay un trabajo real» y calificó a Ximo Puig como «el gran estajanovista de la política valenciana». Aprovechó para compararlo con otros expresidentes del PP: señaló que Carlos Mazón apenas usa su oficina y que Francisco Camps «parece que la utiliza para una campaña interna dentro del PP». La defensa, sin embargo, no apagó el incendio.
El escenario político en Valencia
La polémica llega en un momento delicado para las instituciones valencianas. El Consell que preside Juanfran Pérez Llorca mantiene su agenda legislativa con el apoyo de Vox, pero el debate sobre los privilegios de los exmandatarios resuena con fuerza en un contexto de contención de gasto y de concentración de esfuerzos en la reconstrucción post-DANA. La oficina del expresidente cuesta a las arcas públicas alrededor de 100.000 euros anuales, y cualquier uso discrecional de esos recursos genera un escrutinio añadido.
En clave nacional, el caso engrosa el rosario de controversias sobre el uso de fondos públicos por parte del PSOE. No es casual que Vox haya mencionado los nombres de David Sánchez y Begoña Gómez: el partido de Santiago Abascal busca construir un relato de clientelismo en todas las administraciones. Para el PP, la oportunidad de devolver el golpe tras el episodio de la esposa de Pérez Llorca es irresistible. Y para Compromís, es la ocasión de desmarcarse como fuerza regeneracionista y plantear una reforma de calado de las oficinas de expresidentes, una bandera que podría capitalizar en las próximas elecciones autonómicas.
La proyección inmediata pasa por las Corts. La iniciativa de Compromís para recortar los privilegios de los exjefes del Consell podría encontrar apoyos transversales, aunque el PSPV intentará bloquear cualquier medida que pueda interpretarse como un reproche a la figura de Ximo Puig. Mientras, el expresidente permanece en París y su nuevo chófer espera en Valencia. Las cifras de la controversia no cierran, y el relato de un cargo público para un sobrino, justo cuando la Generalitat pide austeridad, alimenta la desconfianza ciudadana.
Ficha del Caso
- El caso: El expresidente Ximo Puig ha nombrado chófer de su oficina de expresidente al sobrino de su pareja, la exconsellera Gabriela Bravo. La contratación, publicada en el DOGV el 30 de julio de 2026, ha provocado críticas unánimes de la oposición (PP, Vox y Compromís) y una defensa cerrada del PSPV.
- Datos importantes: El puesto es de personal eventual y libre designación. La oficina del expresidente cuesta unos 100.000 euros al año. Compromís ha presentado una iniciativa para limitar estos privilegios. El actual president de la Generalitat es Juanfran Pérez Llorca (PP).
- Resumen: La polémica tensa las relaciones entre los partidos valencianos y refuerza el debate sobre el uso ético de los recursos públicos en un momento en que la Generalitat aún lidia con las secuelas de la DANA. El caso conecta con las críticas nacionales al PSOE por presunto clientelismo.
