EN 30 SEGUNDOS
La Fiscalía Anticorrupción y la Oficina Antifrau de Catalunya investigan a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) por la gestión de las ayudas a jóvenes extutelados. Una auditoría de la Generalitat ya admitió ‘descontrol’ y pagos indebidos de 4 millones de euros.
Una auditoría que admite la falta de control
La Sindicatura de Cuentas cifró en 167 millones de euros los pagos indebidos de prestaciones subjetivas entre 2016 y 2022, de los cuales unos 4 millones corresponden a ayudas a jóvenes que salían del sistema de protección. La propia Generalitat encargó una auditoría que confirmó la existencia de deficiencias en la gestión, falta de personal y herramientas insuficientes. El documento admite que ‘la contratación de un equipo de seguimiento intensivo no habría sido suficiente para evitar los pagos indebidos’.
El caso se destapó a raíz de la denuncia de un trabajador de Resilis, la fundación que gestionaba las ayudas en Girona, a quien Antifrau dio la categoría de alertador para protegerlo. Ahora, Anticorrupción ha solicitado colaboración al organismo que dirige Josep Tomàs Salàs para determinar si existen indicios delictivos.
El informe de Antifrau: sin delito, pero con incumplimientos en Girona
El primer informe de la Oficina Antifrau se centra en la externalización de la gestión de las ayudas a la emancipación en la demarcación de Girona, operada desde septiembre de 2022 por la UTE Fontanilles-Resilis. Según fuentes cercanas a la investigación el informe concluye que no se aprecian indicios de delito penal en la concesión de las prestaciones. Sin embargo, sí se detectan incumplimientos contractuales graves.
La auditoría detalla que, en 29 de los 32 expedientes revisados de la muestra, no constaban las actuaciones de seguimiento exigidas por la normativa. Esto provocó que 16 de esos jóvenes no cumplieran los requisitos para recibir la ayuda y que la prestación debería haber sido suspendida antes. El coste de este contrato externo, prorrogado hasta diciembre de 2026, asciende a 556.916 euros.
La externalización del servicio no resolvió el descontrol, sino que trasladó la falta de supervisión a una entidad que cobró sin cumplir los requisitos.
La investigación de los pisos fantasma y el alertador protegido
Paralelamente, Antifrau mantiene abierta una segunda investigación sobre la gestión de los pisos tutelados para menores no acompañados, también en manos de Resilis. Se trata de los llamados ‘pisos fantasma’: viviendas que la entidad facturaba a la Generalitat pero que, según la denuncia, no estaban ocupadas. El organismo ha reclamado numerosa documentación tanto al Departament de Drets Socials como a la fundación para dilucidar posibles irregularidades administrativas o penales.
La Sindicatura de Greuges ya había alertado de que solo el 20,6% de los jóvenes extutelados usaba el servicio de vivienda, mientras que un 7% de las plazas estaban vacías. Entre 2021 y 2023, se rechazó la solicitud de plaza a unos 750 chicos. El desfase entre necesidad y cobertura real es uno de los elementos que Antifrau está analizando.
La comisión parlamentaria que esquivó responsabilidades
La comisión de investigación del Parlament, cerrada la semana pasada, no imputó responsabilidades políticas a ningún exconseller de Drets Socials ni a sus equipos. Se limitó a constatar que los servicios se vieron desbordados por la llegada de menores no acompañados. Sin embargo, la apertura de diligencias por parte de Anticorrupción y la investigación en curso del Tribunal de Cuentas mantienen la presión sobre el Govern. La sombra de la responsabilidad contable podría tener consecuencias más directas que el relato político pactado en la cámara catalana.
Mientras tanto, la dirección general que sustituye a la DGAIA —la recién creada Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA)— asumirá el control de estas ayudas en enero de 2027. Hasta entonces, la UTE Fontanilles-Resilis seguirá gestionando los pagos, una decisión que el Departament de Drets Socials justifica para no dejar sin atención a los jóvenes.
La investigación de Anticorrupción no solo examina las posibles responsabilidades penales de la entidad gestora, sino que también plantea una cuestión incómoda para la Generalitat: si la administración fue negligente en la supervisión de un contrato millonario. Los próximos pasos del Tribunal de Cuentas y la recepción del segundo informe de Antifrau serán determinantes para saber si el caso se queda en una irregularidad administrativa o escala hacia un escándalo judicial con nombres propios.
