El Gobierno de Pedro Sánchez ha transferido el 68% de las competencias a dos comunidades: País Vasco y Cataluña. De los 50 acuerdos de traspaso aprobados desde junio de 2018 hasta la última actualización oficial del 24 de julio de 2026, 24 han ido a parar a Euskadi y 10 a Cataluña. Galicia, la tercera comunidad histórica, solo ha recibido uno en más de ocho años de mandato socialista. El resto del mapa autonómico se reparte las migajas.
Las cifras no dejan lugar a la equidistancia. El 48% de todos los traspasos corresponden al País Vasco, con un ritmo que no se detuvo ni siquiera durante lo más duro de la pandemia. En 2020 se firmaron tres acuerdos con el Gobierno de Vitoria y en junio de 2021 otros cuatro, mientras el PNV apoyaba la declaración del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas. Ninguna otra comunidad alcanzó esa velocidad en aquel bienio.
La dependencia parlamentaria como motor de los traspasos
La coincidencia no es casual. El presidente llegó a la Moncloa en 2018 con los votos de PNV, ERC y el entonces PDeCAT. En 2020 volvió a necesitar su respaldo o abstención. Y en noviembre de 2023 la mayoría de 179 diputados que le permitió renovar el cargo contó con ERC, Junts, PNV y EH Bildu. La negociación territorial ha ido en paralelo a las cuentas parlamentarias.
El grueso de los traspasos vascos los negocia el Gobierno Vasco, liderado por el PNV durante todo el período, en la Comisión Mixta de Transferencias. EH Bildu no está en el Ejecutivo autonómico, pero sus diputados han coincidido con el PNV en investiduras, presupuestos y decretos clave. La sintonía ha sido rentable.
Con Cataluña la dinámica es similar. Diez traspasos desde 2018: tres durante el Govern independentista de Junts y ERC y siete desde que Salvador Illa llegó a la Generalitat en agosto de 2024. El cambio de un gobierno soberanista a uno del PSC no frenó el proceso; lo aceleró. En febrero de 2025 se reactivó la Comisión Mixta de Transferencias tras más de catorce años sin reunirse formalmente.
Los 24 traspasos al País Vasco no son fruto del azar: coinciden con las prórrogas del estado de alarma, las investiduras y cada votación clave que necesitó Sánchez.
Cataluña acelera con Illa pese al cambio de signo político
La explicación vuelve a ser parlamentaria. Aunque el Govern esté en manos socialistas, Illa necesita los votos de ERC en el Parlament. Y en el Congreso, Sánchez sigue requiriendo el apoyo de ERC y Junts para cualquier iniciativa. La actividad de la Comisión Mixta se ha disparado justo cuando los independentistas volvían a ser decisivos en Madrid.
El resto de autonomías quedan muy lejos. Navarra ha recibido cinco acuerdos; Comunidad Valenciana, Castilla y León y Castilla-La Mancha, dos cada una; y Andalucía, Canarias, Baleares y Madrid, uno por cabeza. Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia y La Rioja no registran ninguno desde 2018.
La lectura de fondo: bilateralidad para dos y migajas para el resto
Galicia es el espejo incómodo. Con el BNG apoyando las dos investiduras de Sánchez, solo ha recibido un traspaso: la gestión del litoral, efectiva desde el 1 de julio de 2025. Pero incluso esa transferencia llegó después que al País Vasco. El acuerdo vasco se cerró en diciembre de 2024, tras un compromiso de investidura; Galicia tuvo que esperar hasta mayo de 2025, pese a que el Constitucional ya había avalado en abril de 2024 su ley de ordenación del litoral.
La desigualdad no es solo numérica. Las materias más sensibles –gestión de prisiones, cercanías ferroviarias o ingreso mínimo vital– solo han sido transferidas a Euskadi o Cataluña. El IMV fue recurrido por PP y Vox ante el Constitucional, pero avalado. El traspaso de prisiones a Euskadi en 2021 ha estado rodeado de polémica por las progresiones de grado a presos de ETA. Y la homologación de títulos extranjeros al País Vasco, acordada en 2024, fue anulada por el Supremo en marzo de 2025.
Históricamente, Cataluña lidera con 199 traspasos desde 1978, seguida de Andalucía (156), Galicia (155) y Comunidad Valenciana (134). El País Vasco ocupa el quinto lugar con 131, tras los dos últimos aprobados el 15 de julio. Pero el patrón del Gobierno Sánchez ha concentrado la descentralización en las dos comunidades que pueden tumbarle en el Congreso.
La estrategia es nítida: más poder para quienes garantizan la investidura. Para el resto, el silencio administrativo.
