El juez Arturo Zamarriego ha rechazado nuevamente la declaración como testigos del diputado socialista Juan Francisco Serrano —ex número dos de Santos Cerdán— y del exdirector de comunicación del PSOE Ion Antolín en la causa que investiga las presuntas maniobras contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fiscales y jueces.
El auto, fechado este martes 5 de agosto, desestima el recurso interpuesto por la exmilitante socialista Leire Díez y confirma la denegación de varias diligencias solicitadas por su defensa. Entre ellas, además de las testificales de Serrano y Antolín, se incluían requerimientos a Correos, Enusa —entidades en las que trabajó la investigada— y a la consultora Zaño Sociedad, vinculada al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, quien está investigado en otra de las piezas del caso.
El magistrado sustenta su decisión en que las declaraciones «no contribuirán a un mayor esclarecimiento de los hechos investigados» y, al contrario, resultarían «perjudiciales a los fines de este proceso» en la fase actual de las pesquisas. Asimismo, amplía en seis meses la instrucción de esta primera causa contra Leire Díez, una prórroga que ya había sido adoptada con anterioridad.
La UCO recogió en sus atestados que la exmilitante habría intentado conseguir un puesto de trabajo para una mujer que denunció al fiscal José Grinda, uno de los objetivos de la trama, presuntamente sirviéndose de Juan Francisco Serrano. También se le atribuye haber contactado con Serrano para intentar influir en otras investigaciones judiciales abiertas contra responsables socialistas.
En cuanto a Ion Antolín, la Fiscalía subraya que el PSOE habría pagado 20.000 euros a Crónica Libre, portal web vinculado a Leire Díez, mediante una publicidad contratada para las elecciones europeas. Según consta en el atestado de la UCO, ese libramiento se habría gestionado «a petición de Leire» por Antolín, entonces director de comunicación del partido.
La decisión del juez Zamarriego refuerza la protección de la investigación en curso, asegurando que las declaraciones no comprometan el proceso judicial.
El contexto institucional
El caso Leire Díez ha puesto en el foco las maniobras que, según los investigadores de la UCO, pretendían desbaratar causas judiciales y desacreditar a mandos policiales y fiscales. La Unidad Central Operativa, perteneciente a la Guardia Civil, es considerada una de las unidades de élite en la lucha contra el crimen organizado en España, con un historial de operaciones que han desarticulado redes internacionales de narcotráfico y blanqueo de capitales.
La instrucción del juez Zamarriego se suma a la que dirige Santiago Pedra en la Audiencia Nacional, donde se investiga una presunta trama dirigida por Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez. Ninguno de los dos responsables socialistas mencionados —Serrano y Antolín— tiene la condición de investigado en dicha causa, aunque sus nombres aparecen recogidos en los informes de la Guardia Civil. La protección de la investigación en curso, con diligencias que continúan abiertas, resulta clave para esclarecer la naturaleza y el alcance real de las presuntas maniobras contra los mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
En este contexto, la decisión del juez Zamarriego de mantener apartadas las testificales solicitadas por la exmilitante contribuye a blindar la instrucción, evitando filtraciones o desvíos que puedan entorpecer una causa que afecta de lleno a la confianza en las instituciones policiales y judiciales. La UCO continúa su labor de análisis y contraste de la documentación intervenida, mientras los órganos judiciales preservan la investigación bajo estrictos criterios de secreto sumarial.
