El Tribunal de Contratación Pública de Galicia ha tumbado la adjudicación del autobús urbano de Ourense, un contrato de 48,9 millones de euros, por graves fallos en la oferta ganadora.
La decisión del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACG) —el órgano autonómico que supervisa las licitaciones en la región— anula la concesión que el Concello de Ourense había otorgado a la UTE formada por Sagalés y Gavilanes para el período 2026-2031. El varapalo llega además en un momento político delicado para el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, líder de Democracia Ourensana, que gobierna la ciudad con una mayoría ajustada y que ya ha visto enmendadas otras decisiones administrativas por los tribunales gallegos.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia ha anulado la adjudicación del contrato del autobús urbano de Ourense 2026-2031, valorado en 48,9 millones de euros.
- ¿Quién está detrás? La UTE formada por Sagalés y Gavilanes fue la adjudicataria original. El Concello de Ourense, gobernado por Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), defendió la adjudicación.
- ¿Qué impacto tiene? La licitación deberá retrotraerse, y el Concello tendrá que reevaluar las ofertas cumpliendo los requisitos técnicos y económicos exigidos por el tribunal.
Los tres pilares de la anulación: cocheras, costes salariales y solvencia
El fallo del TACG detalla tres grandes bloques de irregularidades. El primero afecta a las instalaciones propuestas para albergar la flota. Según el tribunal, las naves ofertadas carecían del espacio suficiente para guardar los autobuses, no disponían de talleres adecuados para el mantenimiento y una de ellas ni siquiera contaba con licencia de construcción. Un informe pericial, recogido en uno de los recursos, recordaba que esa nave había sido históricamente almacén de un supermercado, no un garaje de transporte público. El órgano de contratación —el propio Concello ourensano— despachó estas deficiencias sin un análisis real: “Se trata, en todo caso, de cuestiones que por falta material de tiempo no hemos podido analizar”.
El segundo frente es económico. Varios licitadores denunciaron que los estudios económico-financieros de dos UTEs —entre ellas la que ganó— situaban los costes de personal por debajo de lo necesario para respetar la subrogación de trabajadores prevista en el pliego. El gasto de personal es la partida más importante del contrato y el tribunal subraya que una diferencia del 5 % respecto a la previsión inicial “non se pode obviar”. De hecho, la viceinterventora municipal ya había alertado de este desajuste en un informe que la mesa de contratación aceptó, pero sin analizar si la oferta técnica y la económica eran coherentes entre sí.
El tercer motivo —y el más grave en términos jurídicos— es la falta de solvencia técnica. La UTE adjudicataria presentó un certificado emitido por un consorcio público que, según los recurrentes, no contrata servicios regulares de transporte urbano. El tribunal no encontró explicación suficiente por parte del Concello y advierte de que “estamos ante un posible vicio de invalidez radical, como é a nulidade de pleno dereito”. La consecuencia directa es que la empresa no podía haber participado válidamente en la licitación.
El tribunal ha sido contundente: la solvencia técnica es un requisito esencial y su incumplimiento conlleva la nulidad de pleno derecho de la adjudicación.
Un nuevo varapalo para la gestión de Jácome
La resolución no solo anula la adjudicación: ordena retrotraer todo el procedimiento de licitación. El Concello de Ourense deberá ahora reevaluar las ofertas o, previsiblemente, reiniciar el concurso desde cero, con el consiguiente retraso en la puesta en marcha del nuevo servicio. Para Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense desde 2019 al frente de Democracia Ourensana, este episodio se suma a una serie de correcciones administrativas y judiciales que han puesto en entredicho la seguridad jurídica de algunos de sus proyectos. La oposición municipal ya ha anunciado que pedirá explicaciones en el próximo pleno.
El tribunal también reprocha al Concello la pasividad con que respondió a las alegaciones de los recurrentes. En lugar de rebatir los informes periciales, la administración local se limitó a afirmar que carecían de fuerza probatoria o que no había tenido tiempo para analizarlos. “Esas explicacións non permiten rebater o alegado polo recorrente”, sentencia el TACG antes de estimar parcialmente todos los recursos presentados.
El Laboratorio Gallego
Ourense es, desde hace años, un caso singular en el mapa político gallego. Mientras la Xunta de Galicia mantiene una estabilidad casi inalterable bajo el PPdeG —con mayorías absolutas desde 2009— y el BNG ejerce de primera fuerza de oposición en el Parlamento autonómico, la tercera ciudad de Galicia está gobernada por un partido localista que no responde a las dinámicas habituales de las grandes formaciones. Democracia Ourensana ha sabido movilizar el voto del descontento local, pero su gestión administrativa acumula roces con los órganos de control autonómico. La Xunta, mientras tanto, observa sin intervenir directamente; la contratación pública municipal es competencia exclusiva de los ayuntamientos, aunque el TACG depende funcionalmente de la administración autonómica.
La lectura nacional de este episodio tiene que ver con el papel de los tribunales administrativos de contratación como garantes de la transparencia local. En toda España, los órganos equivalentes al TACG corrigen cada año cientos de licitaciones municipales que incumplen los requisitos técnicos o económicos. Galicia cuenta con un tribunal de contratación especialmente activo, que ha anulado adjudicaciones en ayuntamientos de todos los colores políticos. El caso de Ourense es significativo porque toca un servicio público esencial —el transporte urbano— y porque afecta a un contrato de casi 50 millones de euros que iba a regir la movilidad de la ciudad durante cinco años. La próxima decisión del Concello, tras la retroacción, será determinante para medir la capacidad de reacción del gobierno local. Si Jácome opta por una nueva adjudicación apresurada sin subsanar los defectos señalados por el tribunal, el conflicto podría escalar hasta la vía contencioso-administrativa y alargar la provisionalidad del servicio durante meses.
Ficha del Caso
- El caso: El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia anula la adjudicación del autobús urbano de Ourense a la UTE Sagalés-Gavilanes, contrato de 48,9 millones de euros para 2026-2031.
- Datos importantes: Fallos detectados en cocheras y talleres, costes salariales inferiores a los exigidos e incumplimiento de la solvencia técnica específica en transporte urbano. El tribunal ordena la retroacción del procedimiento.
- Resumen: Un nuevo revés administrativo para el gobierno local de Gonzalo Pérez Jácome, que obliga a revisar por completo la licitación más cuantiosa del mandato y reabre el debate sobre la transparencia en la contratación municipal en Galicia.
