EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Mònica Sales, presidenta de Junts en el Parlament, ha reiterado que los siete diputados de la formación en el Congreso no respaldarán el reparto de menores llegados a Ceuta hacia Catalunya.
- ¿Quién está detrás? Mònica Sales, en sintonía con la portavoz en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, marca la línea de un socio parlamentario clave para el Gobierno.
- ¿Qué impacto tiene? El veto de Junts obliga al Ejecutivo de Pedro Sánchez a reajustar el plan de derivación territorial de menores, poniendo a prueba la geometría variable de la mayoría de investidura.
El Gobierno activó hace semanas el mecanismo de solidaridad para trasladar a menores no acompañados desde Ceuta tras un repunte de llegadas, una medida que necesita del concurso de las comunidades autónomas y, en el Congreso, de los votos suficientes para convalidar cualquier decreto que la ampare. Este viernes, sin embargo, Junts ha vuelto a alejarse de ese escenario.
Mònica Sales, presidenta del grupo parlamentario de Junts en el Parlament, ha sido contundente en en el Parlament: “Los siete votos de Junts en el Congreso no servirán para llevar menores a Catalunya”. En rueda de prensa, la dirigente independentista ha vinculado el rechazo a la “sobrada solidaridad” que, a su juicio, ya ha mostrado Cataluña en anteriores repartos y ha subrayado que el actual flujo migratorio no puede resolverse “solo desde la solidaridad, sino también desde la responsabilidad”.
Sales ha recordado que Junts ya condicionó el último decreto de reparto de menores para que la comunidad catalana no fuera destino prioritario. “Ahora la posición es exactamente la misma”, ha zanjado, alineándose con lo expresado en su día por Míriam Nogueras, portavoz del partido en el Congreso.
Un veto que reactiva el rompecabezas territorial
La negativa de Junts no es una sorpresa total, pero llega en un momento en que el Gobierno intenta cerrar un reparto que alivie la presión sobre Ceuta sin desgastar a las comunidades gobernadas por el PSOE ni a sus socios. El Ministerio de Inclusión y las autonomías llevan semanas negociando cupos y recursos. Si Cataluña, con sus ocho diputados de Junts decisivos en la aritmética de investidura, se descuelga, el mapa del reparto se complica.
Para el PSOE, la ecuación es delicada: necesita a Junts para casi cualquier votación relevante, pero también gobierna en Cataluña a través del PSC, cuyo president, Salvador Illa, tiene una visión distinta de la gestión migratoria. Illa ha apostado por la cooperación institucional y ha evitado el discurso de cierre de fronteras. La nueva declaración de Sales, por tanto, tensa la relación entre la Moncloa, Ferraz y el Palau de la Generalitat.
El efecto sobre la mayoría de investidura
El rechazo explícito de Junts a un reparto de menores que afecte a Cataluña demuestra una vez más la fragilidad de la mayoría de investidura. Aunque el decreto de reparto no siempre exige una votación que lo convalide —depende de la fórmula jurídica que adopte el Ejecutivo—, cualquier iniciativa que requiera el aval del Congreso y que toque competencias autonómicas activa un peaje con los independentistas. Si el Gobierno da el paso sin el respaldo de Junts, se expone a una derrota parlamentaria o a un bloqueo legislativo.
El GPS del Congreso, liderado por Patxi López, conoce bien esa dinámica. En las últimas semanas ha tenido que tejer acuerdos con ERC, EH Bildu y el PNV para avanzar en otras materias. Junts ha mostrado su perfil más negociador en asuntos de índole económica y fiscal, pero en política migratoria y territorial su discurso es más inflexible. La líder en el Parlament ha dejado claro que no se moverán de esa línea.
De hecho, el último reparto de menores —aprobado con condiciones— ya fue fruto de una negociación contrarreloj en la que Junts obtuvo contrapartidas. Ahora, con la crisis de Ceuta como telón de fondo, la paciencia del partido independentista parece agotada.
Junts dice que sus votos no servirán para llevar menores a Cataluña, y el Gobierno sabe que ese portazo obliga a redibujar todo el tablero territorial.
El Eje del Poder Socialista
La posición de Junts impacta de lleno en el delicado equilibrio que Ferraz y Moncloa mantienen con sus socios parlamentarios. Mientras Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Adrián Barbón (Asturias) ya habían mostrado reservas sobre los cupos asignados en anteriores repartos, la descuelgue catalana podría trasladar más presión a sus comunidades. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, evita el choque con sus socios de investidura, pero fuentes del PSC admiten en privado que el bloqueo de Junts “no contribuye a la cohesión territorial”.
En términos de aterrizaje social, el rechazo afecta a los menores que permanecen en Ceuta, cuya derivación a otras regiones es un imperativo humanitario y un mandato judicial. La política socialista de acogida choca aquí con la realidad aritmética de un Congreso donde cada voto cuenta. El presidente Pedro Sánchez se enfrenta al reto de cuadrar la defensa del Estado del bienestar con la necesidad de no perder apoyos parlamentarios. Es un dilema que ya se vivió en la legislatura pasada y que ahora vuelve con fuerza.
La lectura a medio plazo es clara: si el Gobierno logra sortear este obstáculo sin ceder ante Junts, reforzará la imagen de gestión eficaz en migraciones. Si, por el contrario, la falta de acuerdo bloquea el reparto, la oposición tendrá una nueva grieta que explotar. Ferraz observa con cautela y ya trabaja en alternativas normativas que no dependan de una votación única. El próximo hito será la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia, prevista para mediados de agosto, donde se medirá la temperatura real del consenso autonómico.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: El PSOE defiende un reparto solidario y coordinado de los menores no acompañados, respetando las competencias autonómicas pero evitando que ningún socio ponga vetos que rompan la equidad territorial.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en agosto, donde el Gobierno buscará cerrar un acuerdo con las comunidades autónomas.
