El circuito F1 Valencia pasa de icono de Camps a chabolas: 300 millones públicos y 3.200 viviendas

El circuito de Fórmula 1 que costó 300 millones es hoy un asentamiento de mil personas sin servicios básicos. Mientras, la Generalitat y el Ayuntamiento acuerdan pagar otra parte de la deuda y proyectan 3.200 viviendas en la zona.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El antiguo circuito urbano de Fórmula 1 de València, que costó 300 millones de euros de dinero público, es hoy un asentamiento chabolista con cerca de 1.000 residentes sin agua, electricidad o recogida de basura.
  • ¿Quién está detrás? El proyecto fue impulsado por el expresident Francisco Camps y el PP, que prometió un «coste cero». El actual Ayuntamiento de València (PP-Vox) y la Generalitat Valenciana (también del PP) negocian ahora cómo pagar los últimos 42 millones de la deuda.
  • ¿Qué impacto tiene? La parcela, una de las más cotizadas de la ciudad, albergará un nuevo barrio de 3.200 viviendas impulsado por el fondo Atitlán, mientras los valencianos asumirán parte de la factura pendiente a través de cesiones de suelo.

Donde rugían los motores de la Fórmula 1, hoy un millar de personas malvive sin agua, electricidad o recogida de residuos. La Generalitat y el Ayuntamiento de València aún arrastran una deuda de 42 millones de euros por aquel circuito que costó 300 millones de dinero público. La operación, emblema del despilfarro del PP de Francisco Camps, ha mutado en el asentamiento chabolista más grande y desconocido de la ciudad de moda para el turismo.

El circuito maldito: 300 millones para el mayor asentamiento chabolista de Valencia

En 2008, el entonces president de la Generalitat, Francisco Camps, prometió un legado «a coste cero» para las generaciones futuras. La realidad es otra: al menos 300 millones de euros engullidos en un fiasco que incluyó 98,6 millones de obra, 111 millones de canon a Bernie Ecclestone, 26 millones por derechos televisivos y otros 44 millones de deuda de la empresa Valmor que asumió la Generalitat. Las curvas que tomaban Ferrari y McLaren son hoy esquinas de chabolas, sillas abandonadas y puertas viejas atadas a rejas.

En 2022 empezaron a proliferar las casetas. Con los desalojos de personas sin hogar en el antiguo cauce del río –una de las exigencias de Vox, que cogobierna con el PP en la ciudad–, se han multiplicado las construcciones porque aquí, de momento, no los echan. La ONG València És Refugi reparte agua en un poblado que se autoabastece al margen de cualquier servicio municipal. «.200 viviendas que maquilla el fracaso

El Ayuntamiento de València acaba de desbloquear el plan urbanístico que levantará sobre el trazado un nuevo barrio: 3.200 viviendas –708 con protección pública–, zonas verdes y una torre de 42 pisos, impulsado por el fondo Atitlán, propiedad de Roberto Centeno, yerno del dueño de Mercadona. Pero la operación arrastra la deuda pendiente: 42 millones de euros que la Generalitat reclama por las obras de asfaltado y canalizaciones. Y el consistorio, también del PP, ha pactado que la mitad de esa factura la paguen los valencianos mediante cesiones de suelo, en lugar de repercutirla íntegramente a los constructores.

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Mientras, en esa parcela privilegiada entre el puerto, la Malvarrosa y la Ciudad de las Artes, conviven saharauis, marroquíes, argelinos, polacos y españoles. Moha, un enfermero saharaui de 45 años con residencia legal, vive intermitentemente en el circuito: «Cuando puedo trabajar, alquilo una habitación por 400 euros; si no, vuelvo al circuito». Sus compañeros de trabajo ignoran que su casa es una chabola. Azman, otro joven saharaui, no tiene adónde ir y se asea con agua del cementerio.

El contraste es brutal. Este mismo año, el Circo del Sol aparcó sus camiones justo delante del poblado, como un biombo efímero para los turistas que van de la playa al centro. Ana Isabel Martínez, alma de València És Refugi, ha presentado un escrito judicial para que un futuro desalojo –inevitable cuando arranquen las obras– respete los derechos humanos y atienda a las personas enfermas. El Síndic de Greuges ha abierto una investigación ante la incomparecencia de los servicios municipales.

El dinero público enterrado en este circuito no deja de sangrar: la factura la pagan los ciudadanos mientras el espectáculo turístico pasa de largo.

Los procesos judiciales abiertos por los sobrecostes han acabado sin responsabilidad de nadie. Francisco Camps ha resultado absuelto de este y otros casos, y el agujero financiero se maquilla ahora con un nuevo barrio de lujo que ocultará las chabolas pero no la memoria de una quiebra que los valencianos siguen costeando.

El Escenario Valenciano

La trama del circuito de F1 es la metáfora más amarga del urbanismo del PP valenciano de los años del despilfarro. Aunque el actual Consell de Juanfran Pérez Llorca (PP-Vox) no tuvo nada que ver con aquella faraónica operación, sí hereda sus consecuencias. El acuerdo entre Ayuntamiento y Generalitat para pagar 21 millones adicionales mediante suelo público prueba que la factura de la corrupción y la mala gestión no prescribe.

En plena reconstrucción pos-DANA, con miles de afectados esperando ayudas que llegan con cuentagotas, que los valencianos tengan que abonar aún el capricho de un circuito fantasma resulta especialmente hiriente. El caso evidencia cómo los recursos dilapidados en el pasado condicionan las finanzas del presente, en un contexto donde cada euro cuenta para levantar infraestructuras dañadas por la riada.

El plan de Atitlán promete revitalizar el Grao con viviendas y zonas verdes, pero de momento la urgencia social es otra: un millar de personas viven en el olvido institucional, a la espera de un desalojo que podría convertir un problema de exclusión en una crisis humanitaria. La próxima batalla se librará en los tribunales y en la calle, mientras la huella de la Fórmula 1 se desvanece entre escombros, flores silvestres y la indiferencia de una ciudad que mira hacia otro lado.

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Ficha del Caso

  • El caso: El antiguo circuito urbano de Fórmula 1 de València, emblema del derroche del PP de Camps, se ha convertido en un asentamiento chabolista de mil personas y acumula aún una deuda de 42 millones que pagarán en parte los valencianos.
  • Datos importantes: Coste total superior a 300 millones de euros. Plan urbanístico de 3.200 viviendas (708 protegidas) promovido por Atitlán. Deuda restante: 42 millones; el Ayuntamiento y la Generalitat pactan que la mitad se costee con cesiones de suelo público. El Síndic de Greuges investiga la desatención municipal.
  • Resumen: La operación que iba a ser “coste cero” sigue sangrando dinero público mientras los últimos habitantes del circuito viven al margen de los servicios básicos. La construcción del nuevo barrio pondrá fin al chabolismo, pero la factura la pagarán todos los valencianos.