La propuesta del Gobierno de priorizar la reagrupación familiar de los menores migrantes de Ceuta se topa con la sentencia del Supremo de 2021 que anuló las devoluciones exprés. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (Sumar), ve limitado su margen de maniobra.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Tras la entrada masiva de menores en Ceuta el 30 y 31 de julio, el Gobierno apuesta por la reagrupación familiar como salida prioritaria, pero la vía tropieza con la jurisprudencia que exige procedimientos individualizados.
- ¿Quién interviene? La ministra Sira Rego (Juventud) lidera el planteamiento desde Sumar, mientras Marruecos presiona para el retorno y el Ministerio del Interior mantiene la competencia operativa.
- ¿Qué importa? El fallo del Tribunal Supremo de 2021 obliga a audiencias y a la intervención de la Fiscalía, lo que hace inviable la mayoría de las reagrupaciones y tensiona la gestión migratoria dentro de la coalición.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confirmó ayer que el Ejecutivo prioriza esta vía sobre la reubicación en otras comunidades. La idea es que los adolescentes, marroquíes en su mayoría, se reúnan con parientes que residen en España o en otros países europeos. Rabat ha mostrado disposición: el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, exigió el retorno de sus menores por la vía “legal y política” y reveló una llamada con Félix Bolaños sobre la verificación de identidades.
En Ceuta, sin embargo, recelan de la viabilidad del plan. Tienen presente la experiencia de 2021, cuando tras una entrada masiva de 10.000 migrantes, el Gobierno de Pedro Sánchez devolvió a Marruecos a medio centenar de menores de los 1.200 filiados. La Audiencia de Cádiz condenó por prevaricación a la exdelegada del Gobierno y a la exvicepresidenta de la ciudad autónoma por agilizar las repatriaciones sin seguir el procedimiento legal.
El Tribunal Supremo sentenció después que aquella devolución fue ilegal por la “absoluta inobservancia” de la Ley de Extranjería. La norma exige abrir un expediente individual, recabar información, audiencia al menor si es maduro y la intervención de la Fiscalía. Nada de eso se hizo.
El Gobierno se encuentra atrapado entre la urgencia de descongestionar Ceuta y la exigencia judicial de garantías individuales que, en la práctica, hacen inviable la reagrupación de la mayoría de los menores.
Fuentes gubernamentales reconocen que “la reagrupación no es posible en la mayoría de los casos”, porque carecen de núcleo familiar y porque el interés superior del menor prima sobre la voluntad de retorno. Para que proceda deben cumplirse tres condiciones: la voluntad del menor, la existencia de una familia que lo acoja y el visto bueno del territorio de destino.
El precedente judicial que condiciona al Ministerio de Juventud
Ese laberinto jurídico es el que atenaza al Ministerio de Juventud. Sira Rego asumió la cartera con un mandato de derechos humanos, pero la realidad de Ceuta la obliga a medirse con un fallo que marcó un antes y un después. La Audiencia de Cádiz consideró probado que la exdelegada del Gobierno en Ceuta y la exvicepresidenta agilizaron las repatriaciones tras recibir directrices del Ministerio del Interior, entonces liderado por Fernando Grande-Marlaska. Aquella operación, sin garantías, dejó una lección que ahora pesa sobre cualquier estrategia de devolución.
La sentencia no solo inhabilitó a los responsables: fijó un estándar de procedimiento que ningún ejecutivo puede eludir. El Ministerio del Interior, que mantiene la competencia operativa, y el de Juventud, que defiende una política centrada en la infancia, tendrán que coordinarse para sortear la paradoja de una vía que el propio Gobierno admite como inviable en la mayoría de supuestos.
La Dinámica de Coalición
La propuesta de reagrupación familiar revela las tensiones latentes en el seno del gobierno de coalición. El Ministerio de Juventud, en manos de Sumar, trata de abordar la crisis desde un enfoque garantista y de protección de la infancia. Pero esa vocación choca con la presión que emana del Ministerio del Interior (PSOE), que en 2021 ya alentó retornos exprés al margen de la ley. Hoy la jurisprudencia actúa como un dique: obliga a audiencias individuales, informes de fiscalía y un consentimiento que en la mayoría de los casos no existe. Los 55 menores devueltos irregularmente en 2021 siguen siendo una advertencia para cualquier atajo administrativo.
La colaboración de Marruecos, aunque se anuncie, no despeja las dudas. El Plan de Reagrupación Familiar necesita, además, que el menor quiera regresar y que exista un núcleo familiar —extremo que las fuentes del Ejecutivo califican de inviable en la práctica—. El equilibrio dentro de la coalición se medirá en las próximas semanas: Sumar no puede renunciar a su discurso de derechos humanos, y el PSOE sabe que cualquier paso en falso puede reabrir el episodio de 2021, con un coste reputacional difícil de asumir.
Ficha del Caso
- El caso: El Gobierno de coalición prioriza la reagrupación familiar de los menores migrantes llegados a Ceuta a finales de julio, pero la vía colisiona con el fallo del Tribunal Supremo de 2021 que declaró ilegales las devoluciones exprés y estableció un procedimiento individualizado de imposible cumplimiento en la mayoría de los supuestos.
- Datos importantes: En 2021, entre 10.000 migrantes, se filiaron 1.200 menores; el Gobierno devolvió a 55 sin garantías, lo que derivó en la condena por prevaricación de la exdelegada y la exvicepresidenta de Ceuta a nueve años de inhabilitación. La sentencia exige expediente individual, audiencia y fiscalía para cada menor.
- Resumen: La limitación jurídica condiciona el margen de acción del Ministerio de Juventud (Sumar) y mantiene latente la tensión con el Ministerio del Interior (PSOE), mientras Marruecos presiona para el retorno y la voluntad de los menores se erige como la principal incógnita.
