Vox ha advertido este jueves al Consell valenciano de que hará ‘todo lo posible’ para que la Comunitat Valenciana no acoja a menores migrantes llegados a Ceuta durante la crisis migratoria de finales de julio. El síndic de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, lo ha resumido con una consigna directa: ‘Ni uno’.
La exigencia de Vox y su argumentario
Llanos ha insistido en que su partido pedirá al Consell del president Juanfran Pérez Llorca que se niegue a acoger a estos menores. En la rueda de prensa, el síndic ha vuelto a calificar lo sucedido en Ceuta como una ‘invasión migratoria’ y ha aludido a una ‘guerra híbrida producida por Marruecos‘. Vox, según ha recordado, abandonó a mediados de 2024 varios gobiernos autonómicos, entre ellos el de la Comunitat Valenciana, por la colaboración del PP con el reparto de menores migrantes.
La postura del partido no se limita a la negativa. Llanos ha enumerado las medidas que pretende impulsar: exigir pruebas de edad, revisar los expedientes uno a uno e impugnar los que estén mal tramitados. Ha precisado que esta línea ya ha sido trasladada por los vicepresidentes de Vox en Aragón, Castilla y León y Extremadura. El objetivo, ha dicho, es impedir ese reparto de ‘menas’ por todo el territorio.
El síndic ha enmarcado la negativa en la situación de saturación de los centros de menores de la Comunitat Valenciana, que ha descrito como ‘al límite’. Ha criticado que el Gobierno obligue por ley a las autonomías a asumir a estos menores. En su lectura, las comunidades están ‘más que superadas’ y no tendrían por qué recibir más cupos.
Vox no cuenta en la Comunitat Valenciana con la relación bilateral que sí tiene en gobiernos autonómicos con vicepresidente propio. Llanos ha admitido esa diferencia, pero ha avisado de que exigirá a Llorca que cumpla los compromisos de su pacto de investidura de finales de 2025. En concreto, ha marcado una línea: ‘Si bien la ley exige ese reparto, cuando estamos más que superados en más de mil menores acogidos, le vamos a exigir que cumplan la normativa, y cumplir la normativa es no acoger ni uno más’.
Preguntado por si confía en el Consell, ha advertido: ‘Nosotros les hemos dado el apoyo porque confiamos en el Consell. Si el Consell falta a su apoyo, lo verán ustedes en las votaciones parlamentarias’.
La advertencia no es una simple declaración: Vox condiciona su apoyo parlamentario al cumplimiento del pacto y convierte el reparto de menores en una línea roja explícita.
El PP defiende la ley y la izquierda reclama humanidad
Desde el PP, la portavoz adjunta en Les Corts, Laura Chulià, ha garantizado que el Consell cumplirá la normativa vigente, ‘como siempre ha hecho’. Ha reprochado al Gobierno que normalice la crisis y la haya gestionado ‘a distancia’. Chulià se ha remitido a la consellera de Servicios Sociales e Infancia, Elena Albalat, que este jueves pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ‘deje de estar de vacaciones’ y cumpla la ley antes de trasladar la responsabilidad a las comunidades autónomas.
En la izquierda, el socialista José Muñoz ha subrayado que el Consell debe cumplir la ley y ha recordado que se trata de menores sin familias. Ha advertido de que una negativa profundizaría en un ‘racismo institucional’ y ha instado a Llorca a tener ‘valor y, sobre todo, humanidad’. Desde Compromís, Aitana Mas ha tachado de ‘inhumanas’ las posiciones de Vox y PP y ha reclamado abordar la crisis como ‘una cuestión de emergencia humanitaria’.
La estrategia de Vox sobre el pacto con el PP
La intervención de Llanos tiene una lectura estratégica clara. Vox no forma parte del Gobierno valenciano, pero mantiene una influencia parlamentaria decisiva sobre la mayoría de Llorca. Al ligar el cumplimiento de su exigencia sobre los menores de Ceuta a las votaciones en Les Corts, el partido recupera una palanca de presión que ya utilizó en 2024, cuando rompió con el PP autonómico por el mismo asunto. La diferencia es que ahora el pacto de investidura se firmó en 2025 con Llorca ya al frente de la Generalitat, y Vox se reserva la posibilidad de castigar un incumplimiento en la Cámara.
El riesgo para el Consell es doble. Si acepta los cupos, Vox puede desmarcarse y votar contra las iniciativas del ejecutivo; si se niega, la izquierda y el Gobierno central le exigirán responsabilidades legales. La dirección valenciana del PP opta por un mensaje de cumplimiento normativo, pero evita concretar cuántos menores asumirá. Esa ambigüedad deja al Ejecutivo autonómico expuesto a ambas presiones.
Para Vox, el pulso por los menores de Ceuta refuerza su discurso nacional sobre inmigración y su condición de actor clave a la derecha del PP. La consigna ‘ni uno’ resume una posición de máximos que moviliza a su electorado y fija el marco del pacto en la Comunitat. Habrá que ver si el Consell responde con hechos o si la tensión se traslada a las votaciones parlamentarias.
