Vox llevó al Tribunal Supremo su recurso contra el Real Decreto 316/2026 de regularización de migrantes. La Sala aplazó la vista de medidas cautelares del 13 de mayo al 22 de mayo para estudiar los escritos.
Qué plantea Vox contra el Real Decreto 316/2026
El partido anunció su recurso el 1 de mayo, en plena campaña por la prioridad nacional, y lo vinculó a una denuncia más amplia contra la política migratoria del Gobierno. Santiago Abascal resumió la posición en un mitin en Jaén: ‘No puede ser que se le dé la nacionalidad española al primero que llega’.
Para la dirección de Vox, la regularización extraordinaria desborda los límites del control migratorio y premia la entrada irregular. El partido inscribe esta batalla en su ofensiva por la prioridad nacional, con la que exige que la protección de los españoles y de los servicios públicos prevalezca frente a los procesos masivos de regularización.
El real decreto abre la puerta a la regularización administrativa de quienes residen en España desde antes del 1 de enero de 2026. Vox considera que una decisión de ese tamaño no puede quedar al margen del control judicial. Además, denuncia que la norma elude un debate parlamentario de fondo.
El recurso ante el Tribunal Supremo puso el foco en la suspensión cautelar del proceso. Vox sumó su voz a la de otras organizaciones y administraciones que ya habían recurrido, y convirtió una controversia administrativa en un pulso jurídico de primera magnitud. La simple admisión a estudio de los recursos ya tenía consecuencias políticas.
El recurso de Vox no persigue solo frenar el real decreto: busca que el Tribunal Supremo fije los límites de una regularización extraordinaria aprobada sin contraste parlamentario.
La batalla de las medidas cautelares en el Supremo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aplazó la vista fijada para el 13 de mayo y la reprogramó al 22 de mayo por ‘necesidades del servicio’. Sobre la mesa, la solicitud de suspender cautelarmente el proceso de regularización.
La Abogacía del Estado se opuso a la suspensión cautelar y advirtió de que paralizar la norma supondría una ‘afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general’. Pidió la inadmisión del recurso presentado por HazteOír por falta de legitimación activa.
En su escrito, la Abogacía sostuvo que la regularización administrativa no solo facilita el acceso al trabajo, sino que también incrementa las cotizaciones sociales derivadas de la incorporación al mercado laboral. Ese argumento chocó con el discurso de quienes vinculan el proceso a una presión insostenible sobre los servicios públicos.
La Comunidad de Madrid también recurrió, con el argumento de que el real decreto afecta a la prestación de los servicios públicos, contraviene la normativa europea y toca la Seguridad Nacional. Antes, el 16 de abril, el Supremo ya había rechazado una suspensión cautelarísima solicitada por otra asociación.
La lectura estratégica: un pulso que también interpela al PP
El movimiento de Vox no se explica solo en clave judicial. Al recurrir la regularización, el partido fija posición en uno de los ejes que más movilizan a su electorado y obliga al PP a medirse en el mismo terreno. La Comunidad de Madrid, gobernada por los populares, se situó en un punto cercano, pero la formación de Abascal lleva la presión un paso más allá: convierte la prioridad nacional en un marco de exigencia también hacia el centro-derecha.
El precedente está claro. El Supremo ya había rechazado una cautelarísima en abril y la Abogacía del Estado defendía que la regularización no solo era legal, sino compatible con el interés general. Aun así, la sola admisión a estudio de los recursos mantuvo abierta la batalla y dio a Vox un escenario para desplegar su discurso. La inmigración seguirá siendo, en esta legislatura, un campo de disputa central.
