EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Kaja Kallas ha anunciado para este otoño un paquete de sanciones que ampliaría en un tercio la lista de personas y entidades rusas sancionadas.
- ¿Quién está detrás? La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, con el respaldo esperado del Servicio Europeo de Acción Exterior, y a la espera del voto unánime de los 27.
- ¿Qué impacto tiene? El movimiento eleva la presión sobre Moscú, pero reabre el debate sobre exenciones como la que Grecia arrancó para el transporte de gas natural licuado en el paquete anterior.
Bruselas prepara el mayor paquete de sanciones de la UE contra Rusia desde 2022 para este otoño. La Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, lo ha confirmado en una entrevista con el diario alemán Die Welt.
Un otoño con la lista negra ampliada en un tercio
La jefa de la diplomacia europea ha explicado que en los próximos meses presentará las listas de sanciones más amplias desde el inicio de la guerra. Su objetivo es elevar en un tercio el número total de empresas y particulares rusos sancionados. La presión, ha añadido, debe seguir aumentando hasta que Moscú ponga fin a su guerra.
Desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, la UE ha aprobado 21 paquetes de sanciones contra dirigentes políticos y militares, empresarios, oligarcas y compañías. Hasta ahora son más de 3.000 personas y entidades sancionadas, con más de 28.000 millones de euros en activos privados congelados en territorio comunitario.
El próximo paquete, el vigésimo segundo, podría sumar otros 1.000 individuos y entidades a esa lista si los Veintisiete dan luz verde. La unanimidad sigue siendo la regla: cualquier inclusión necesita el visto bueno de todos los Estados miembros. Kallas ha defendido además que el Kremlin ya paga un coste económico superior al billón de euros por las sanciones.
El actual 21.º paquete se rebajó en su tramo final por la presión de varios Estados para proteger intereses económicos nacionales. Esa es la lección que sobrevuela el nuevo catálogo: sin unanimidad, las ampliaciones se convierten en un tablero de concesiones.
La nueva tanda apunta al complejo militar, la base industrial y las actividades de exportación rusas. No busca solo castigar a los oligarcas que ya aparecen en las listas; pretende cortar la capacidad de Moscú para financiar y mantener sus operaciones en Ucrania. La retórica de la Alta Representante choca con la aritmética de los Veintisiete.
La nueva lista depende de una unanimidad que Grecia ya demostró saber convertir en moneda de cambio.
El veto griego al GNL anticipa la batalla interna
El 21.º paquete de sanciones estuvo a punto de descarrilar por la oposición de Grecia. Atenas exigió una exención específica a la prohibición del transporte de gas natural licuado ruso como condición previa para aprobarlo. La consiguió, pese a la indignación de varios diplomáticos comunitarios.
El episodio desnuda una realidad estructural: los intereses económicos nacionales pueden imponerse al objetivo común de infligir daño económico a Rusia. La pregunta no es solo si Hungría bloqueará de nuevo, sino qué pedirán Italia, España o Malta a cambio de su firma. Mientras tanto, Kallas se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de que Estados Unidos y la UE acerquen posiciones en política de sanciones, después de que el Senado estadounidense impulsara un proyecto de ley con apoyo bipartidista.
El poder de veto de Grecia no es una anécdota: convierte a Atenas en un actor de hecho en la política energética de la Unión. Chipre, Malta y los Estados ribereños del Mediterráneo miran con interés esa negociación. Si la exención al GNL se replica en el vigésimo segundo paquete, las nuevas medidas nacerán condicionadas por los precedentes que la propia UE ha ido dejando.
El Eje del Poder Europeo
El anuncio llega con la UE partida en una geometría variable. El eje franco-alemán apoya formalmente endurecer las sanciones, pero Berlín se mueve con cautela por su exposición energética. Los frugales del norte —Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia— exigen más control para evitar que las exenciones se conviertan en agujeros. Los países del sur, con España e Italia a la cabeza, miran de reojo sus importaciones de gas y la actividad de sus empresas en Rusia. Visegrado, con Polonia y los bálticos, presiona para ir más lejos.
España tiene poco margen para quedarse al margen. No es de los países más expuestos al comercio directo con Rusia, pero hay intereses empresariales y logísticos que el Gobierno vigila. Fuentes de Moncloa consultadas por este medio admiten que la posición española dependerá de los detalles técnicos de la lista y de las compensaciones que se negocien en el Consejo. La oposición, de momento, no ha reaccionado al anuncio.
En Moncloa se vive la contradicción entre la firmeza pública y la cautela empresarial. Varias compañías españolas con acuerdos de suministro o filiales en mercados terceros temen efectos indirectos si la lista incluye entidades vinculadas a puertos o navieras. Bruselas no ha detallado aún los criterios, pero las autoridades españolas ya han iniciado consultas informales con el Servicio Europeo de Acción Exterior.
La lectura a cinco años de esta tanda es incierta. Si la UE logra mantener la presión, el coste para Moscú seguirá subiendo. Si cada Estado miembro arranca una exención, el paquete nacerá agujereado. Observamos el riesgo real de de que el nuevo catálogo sea más extenso sobre el papel que efectivo en la práctica.
La prueba llegará en otoño en el Consejo de Asuntos Exteriores. La Alta Representante necesita a los 27. Grecia ya ha enseñado el precio. Veremos si esta vez son más.
